Colombia: la reivindicación de la legitimidad

Colombia, para muchas personas en el mundo, es visto como un país de narcotraficantes, en el que la guerrilla lucha por reivindicar la justicia social.

Para quienes vivimos en Colombia, es una nación resuelta a defender la democracia y a encontrar oportunidades para las generaciones futuras. Para quienes tenemos la tarea de gobernarla, la responsabilidad política nos exige liberarla del terror y construir una nación pluralista y solidaria.

Este Gobierno encontró 30.000 personas integradas en organizaciones terroristas. Tenemos la decisión de vencerlas con la acción de las fuerzas institucionales, o de negociar con generosidad, a partir de que cesen sus actos de terror.

En casi 1.200.000 kilómetros cuadrados, y de ellos una tercera parte de selva, ha faltado por años la presencia del Estado, suplida por las organizaciones terroristas como la guerrilla y las autodefensas ilegales. Por eso nos hemos propuesto ampliar la capacidad institucional de protección a la ciudadanía.

La política de seguridad democrática que adelantamos es para proteger por igual al líder empresarial o sindical, al dirigente afín al Gobierno o integrante de la oposición, para garantizar los derechos humanos.

Entre el 2002 y el 2003, los homicidios se redujeron en un 20%, los secuestros en un 26%, las masacres en un 33%, los ataques a la población en un 84%. La disminución en todos estos crímenes es significativa, pero continúan en niveles alarmantes. Ningún país se puede conformar con tales circunstancias.

Entre 2002 y 2003 la captura de miembros de los grupos de autodefensa ilegales aumentó en un 134% y la de miembros de grupos guerrilleros en un 85%. Se han desmovilizado 4.500 miembros de estos grupos. Esta cifra supera la acumulada en recientes procesos de paz.

El terrorismo no tiene justificación en país alguno. En la situación colombiana, terrorismo, droga, violencia e inseguridad son una misma cosa. Imploramos del mundo su compromiso para que derrotemos totalmente la droga.

El sacrificio de nuestra sociedad ha sido inmenso: líderes políticos, periodistas, sindicalistas y niños han muerto en manos del narcoterrorismo. En 2003, por minas antipersonales fueron asesinados 277 soldados y 138 civiles.

En Colombia no hay un conflicto ni una guerra entre dos actores legítimos. Hay una amenaza terrorista, financiada por el narcotráfico, en contra de un Estado democrático y pluralista.

Es urgente aliviar la situación de violencia que viven los ciudadanos, lograr la desmovilización total de los integrantes de estas organizaciones, reincorporarlos a la vida civil y recuperar el territorio por parte del Estado.

Necesitamos erradicar la droga. Si Colombia no destruye la droga, la droga destruirá la cuenca amazónica. Si Colombia no frena el terrorismo financiado con la droga, éste pone en dificultades a las democracias de la región.

En medio de tanta tragedia Colombia cuenta con una democracia vigorosa. El 25 de octubre del año pasado, los colombianos votaron un referendo constitucional promovido por el Gobierno, aprobado por el Congreso y declarado constitucional por la Corte. Y al día siguiente el pueblo eligió 30 gobernadores entre 133 candidatos; 914 alcaldes entre 3.441 candidatos; junto con 73.000 candidatos a Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Juntas Locales.

En varias ciudades y departamentos triunfaron candidatos de grupos alternativos a los partidos tradicionales, de organizaciones derivadas de antiguas guerrillas, de agrupaciones llámense de izquierda o de oposición. En la campaña que ellos adelantaron, la preocupación fundamental del Gobierno fue rodearlos de plenitud de garantías. La decisión del Gobierno es trabajar con ellos, dentro de la Constitución, sin considerar el origen político de su elección.

En 2003 la economía creció cerca del 3,5%, a pesar de que el cálculo inicial de los expertos fue del 2%. La inversión privada aumentó en un 17%. No obstante las limitaciones fiscales, el Gobierno no descansa en su tarea de trasladar los beneficios del crecimiento a los sectores más necesitados de la población.

La tasa de desempleo se redujo en 3 puntos en el último año y se ubicó en 12,3%, con una participación importante en el sector agropecuario. La cobertura en educación alcanzó el 86,3%. Estamos trabajando en la revolución educativa, como una de nuestras principales herramientas para mejorar la equidad social.

El Gobierno de Colombia ha asumido con determinación los retos que impone recuperar el Estado de Derecho, garantizar la seguridad, promover el crecimiento y la justicia social y erradicar la corrupción. Pero también es consciente de que los esfuerzos de la sociedad y del Gobierno no serán suficientes si Colombia no cuenta con el respaldo decidido de la comunidad internacional.

En muchos frentes, las naciones de Europa nos pueden ayudar: acompañamiento en la reinserción de miembros de los grupos armados, financiación a los programas de familias guardabosques que viven en la Amazonía bajo la influencia de los cultivos ilícitos, limpieza de las áreas plantadas por las FARC y el ELN con minas antipersonales. Con mayor inversión y más comercio, se generarán más recursos para fortalecer las instituciones y la política social.

Mi generación no ha disfrutado un solo día de paz. Para derrotar el terrorismo tenemos toda la energía y para construir una comunidad solidaria todo el corazón.

Álvaro Uribe Vélez es presidente de la República de Colombia.