Samsung negocia vender 30 veces más caro el solar de la planta que cierra en Barcelona

Samsung, que cerrará su planta en Palau-Solità i Plegamans y deja en la calle a 446 personas, "ha iniciado contactos para la venta de los terrenos" donde se ubica la fábrica, según fuentes próximas a la Administración catalana. El valor del solar, de 30.000 metros cuadrados, ronda los 26 millones de euros. Este precio es casi 30 veces superior al de compra. En 1989, la Generalitat facilitó la instalación de Samsung vendiéndole suelo un 40% por debajo del valor de mercado, lo que arrojó una cifra de 823.000 euros. En el solar existen edificios que elevan aún más el precio.

Un portavoz de Samsung subrayó ayer que "la prioridad de la compañía no es la venta de los terrenos, sino la negociación con la plantilla". Precisamente para hoy está prevista una reunión entre dirección y representantes de los trabajadores. El mismo portavoz subrayó que en este momento la planta no está oficialmente en venta, e incluso apostilló que "las telefonistas de Samsung tienen la orden de no pasar las llamadas de los grupos inmobiliarios interesados".

Las fuentes consultadas aseguran que "varios grupos españoles" han entrado ya en contacto con Samsung por el "gran interés" que suscita la zona industrializada donde se ubica la planta, debido a localización estratégica como puerta de Europa y de España. Con 30 millones de euros, la Administración estima que Samsung podría indemnizar a la plantilla, pagar a una firma de recolocación e incluso sufragar el traslado de producción y maquinaria a Eslovaquia y China.

Cuando Samsung compró en 1989 los terrenos ya urbanizados, lo hizo a un precio de 27 euros por metro cuadrado. Y cuando, el año pasado, la Generalitat recuperó 10 hectáreas de titularidad pública no urbanizadas que tenía reservadas a la empresa por si ésta ampliaba sus instalaciones (no lo hizo), valoró el metro cuadrado a un precio 10 veces mayor. Con esta valoración como referencia, los 30.000 metros cuadrados de la planta valdrían unos 10 millones de euros. Pero hay que considerar que, a diferencia de este suelo que reservaba la Administración, la planta se ubica en una zona ya urbanizada, y el precio es muy superior.

Así lo demuestran los datos del Pacto Industrial de la Región Metropolitana, organismo con participación de ayuntamientos, empresas y sindicatos que valora el suelo: en Palau no queda suelo disponible, y en los municipios colindantes el precio por metro cuadrado se sitúa en 865,4 euros. De ahí la estimación de 26 millones por las tres hectáreas.

Inversiones y ayudas

Desde su implantación en Cataluña, Samsung, que ha recibido en ayudas públicas directas de la Generalitat 3,6 millones de euros, asegura haber invertido en los noventa entre 45 y 50 millones. Entre 1999 y 2002, obtuvo unos beneficios de 14,9 millones.

El trasfondo de la operación radica en el hecho de que la Generalitat no pidió ninguna contrapartida a Samsung a cambio de la rebaja en el precio, de más del 40%, con que facilitó la instalación de la multinacional coreana. En la compraventa, canalizada a través del Incasòl, no había ninguna "cláusula de reversión" que obligara a la empresa a permanecer un número preciso de años en Palau, o a retornar las plusvalías por la venta de terrenos.

La Generalitat, que ha intentado captar la instalación de multinacionales en territorio catalán con suelo barato, no suele incluir este tipo de cláusulas cuando logra su objetivo, lo que, sumado a la revalorización actual del suelo (aunque el industrial no alcanza los niveles del destinado a viviendas), acaba por favorecer involuntariamente el juego de especulación por parte de las empresas.

Pese a que algunos expertos académicos precisan que este tipo de cláusulas no son algo generalizado en Europa, el nuevo Gobierno catalán no esconde su inquietud ante la posibilidad de que una empresa carezca de obstáculos para abandonar al poco tiempo el territorio haciendo negocio, además de generar una crisis laboral. Y más cuando la empresa en cuestión ha recibido ayudas.

El caso de Samsung es particularmente grave. No sólo por el cierre. Los terrenos donde está instalada la fábrica forman parte de las 1.432 hectáreas que en su día fueron expropiadas por el entonces Ministerio de la Vivienda en los setenta, aún bajo el franquismo. El proceso resultó muy traumático.

El objetivo de aquella macro-expropiación fue levantar una gran ciudad dormitorio de Barcelona en la que vivirían cerca de 150.000 personas (el llamado parque de Gallecs). Pero el proyecto se paralizó. De aquellas 1.432 hectáreas, 700 han sido ya privatizadas.