El retorno del fantasma de la deuda

Argentina disfruta de una fuerte recuperación económica. El PIB mantiene su músculo, el dólar sigue estable y la inflación está contenida en un dígito. No obstante, el tirón de la economía austral ha despertado el interés de los acreedores privados, que ven en la reactivación una oportunidad para mejorar las condiciones de pago de una deuda que alcanza los 87.050 millones de dólares.

El tirón de la economía ha despertado el interés de los acreedores, que ven una oportunidad para mejorar las condiciones de pago de la deuda

Argentina ha vuelto a respirar y su economía, en contra de todos los pronósticos, resopla con inusitada fortaleza. El dólar está clavado desde hace meses en torno a los 2,90 pesos, la inflación trepó hasta un tímido 3,7% durante 2003, los depósitos regresan lentamente a los bancos y el producto interior bruto (PIB) cerrará el año fiscal con una subida de más del 7%. Sin embargo, y a pesar del optimismo que generan estos datos, un problema de dimensiones galácticas se pasea amenazante por el horizonte austral: según lo pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Argentina debe concluir durante los próximos meses la renegociación de su deuda en títulos públicos, que alcanza la friolera de 87.050 millones de dólares, repartidos alrededor del mundo entre 152 tipos de bonos, emitidos bajo ocho jurisdicciones y siete monedas distintas.

Mientras la mayoría de la población disfruta por estos días de su descanso estival, tras dos años de incesantes sobresaltos económicos, los nubarrones de la deuda externa vuelven a tronar sobre Argentina. El crecimiento del país, vaya paradoja, ha dado nuevos bríos a los acreedores, que no entienden de vacaciones ni recesos y pretenden que Argentina pague más. La ecuación que esgrimen los tenedores de bonos es simple: a medida que crece la torta, aumenta el apetito de los comensales. En otras palabras, si el PIB de Argentina ha crecido más del 4% previsto en el pacto con el Fondo, entonces el país debe aumentar sus pagos en la medida de ese incremento. Con el mismo argumento, los bonistas reclaman al Gobierno argentino que aumente el superávit fiscal primario respecto del PIB -nivel de ahorro bruto, sin contar pagos de deuda- por encima del 3% previsto para 2004.

La disputa entre Argentina y sus acreedores privados se remonta a finales de diciembre de 2001, cuando el país austral declaró unilateralmente la suspensión de pagos de su deuda en bonos, tras el colapso de las cuentas públicas y mientras mantenía al sistema financiero conectado al respirador artificial del corralito, que impedía a los ahorradores retirar en masa los depósitos de los bancos.

Argentina había agotado sus recursos y el drama estaba servido, ya que los bancos de inversión y los asesores financieros ofrecieron a sus clientes los papeles argentinos hasta un par de meses antes del estallido de la crisis, a pesar de que el índice de riesgo país -que establece el diferencial que debe pagar un Estado al colocar deuda, tomando como base el interés pagado por el Tesoro de Estados Unidos- llegaba por esos tiempos a la cota estratosférica de los 6.000 puntos. Ahorradores italianos, alemanes, japoneses, estadounidenses y no pocos argentinos, compraron esos bonos tentados por fuertes intereses que, en muchos casos, jamás llegaron a cobrar.

Rechazo de los acreedores

Tras un año y medio de silencio, Argentina finalmente lanzó un plan de pagos en septiembre del año pasado, al día siguiente de haber alcanzado un acuerdo por tres años con el FMI. El ministro de Economía, Roberto Lavagna, ofreció a los acreedores canjear los títulos en suspensión de pagos por tres nuevos tipos de papeles: un bono "con descuento" del valor nominal; otro bono "a la par", sin descuentos pero con intereses muy bajos y mayores plazos; y un bono "capitalizable", cuyo cupón de interés se incorpora al precio total.

Esta oferta se traduce, en definitiva, en una quita global del 75% respecto al valor nominal de los viejos títulos, algo que provocó el rechazo unánime de los acreedores, que respondieron al Gobierno argentino con expresiones reñidas con los buenos modales y comenzaron a planear su contragolpe. Algunos, muy pocos, eligieron la vía judicial: presentaron demandas millonarias y exigieron el embargo de los bienes del Estado argentino en el extranjero, algo de dudosa eficacia, ya que la gran mayoría de los inmuebles y las cuentas bancarias de Argentina gozan de protección diplomática, como las de cualquier otro país.La mayoría de los acreedores ha optado, en cambio, por la acción política directa, organizando asociaciones que funcionan como un grupo de presión inclusive frente a sus propios Gobiernos.

En Italia, país que agrupa al 15,6% de los tenedores de bonos, casi todos pequeños ahorradores, el abogado Nicola Stock creó la llamada Task Force Argentina (Fuerza de Choque Argentina), organización que ha puesto los pelos de punta al Ejecutivo italiano con sus constantes manifestaciones. En Estados Unidos se halla el 9,1% de los acreedores privados -la mayoría son fondos de inversión-, los que organizaron el Argentina Creditor Committee (Comité de Acreedores de Argentina). Por último, los bonistas alemanes, que representan el 5,1% del total, se agruparon bajo la Argentina Bond Restructuring Agency (Agencia de Reestructuración de Bonos Argentinos).

Pulso con Washington

La presión que ejercen estos grupos y los demás inversores institucionales repartidos por el mundo ha comenzado a hacer mella en la buena relación que el FMI mantenía con Argentina. Si bien el acuerdo firmado entre el organismo y el país austral prevé un superávit fiscal primario del 3% del PIB para 2004, los técnicos del Fondo, que en su momento consideraron suficiente ese nivel de ahorro forzoso para garantizar el pago a los acreedores, ahora dudan de sus previsiones originales y se muestran favorables a aumentar esas metas si la economía argentina mantiene un rumbo ascendente.

Los síntomas que bajan desde Washington son sutiles y a la vez certeros, ya que golpean el órgano más sensible de Argentina: su bolsillo. El FMI ha demorado la aprobación del primer tramo del acuerdo firmado hace cuatro meses, sin mayores explicaciones, y el país tuvo que echar mano a sus reservas para pagar un vencimiento de 280 millones de dólares a finales de diciembre.

El presidente Néstor Kirchner ha soportado las presiones fiel a su estilo, con la resistencia de una mula, mientras camina por la delicada cornisa de las declaraciones fuertes. El miércoles pasado, el Gobierno de EE UU anunció que "citaba a Kirchner" a un encuentro con el presidente George Bush, el próximo martes, para hablar de la deuda. "Podemos concertar reuniones, pero a Argentina no la cita nadie y menos para retarnos", respondió el mandatario argentino.