El hormigón se levanta otra vez frente al Acueducto

Junto al Acueducto de Segovia suenan martillos neumáticos y piquetas, mientras que se termina de derribar una deteriorada estructura de pilares de hormigón armado con hierros ya oxidados. Pero no es la operación que va a acabar definitivamente con un polémico inmueble -cuyas obras fueron paralizadas hace 20 años por el entonces Gobierno socialista-, sino que se trata de eliminar las partes más deterioradas por el paso del tiempo para sustituirlas por el armazón de lo que será un hotel de 74 habitaciones y un aparcamiento subterráneo, cuyos cimientos se levantan a la vez.

Del proyecto original han desaparecido las últimas plantas, derribadas en 1991, por lo que la empresa Inmobiliaria Promotora García (Inprogarsa) recibió la correspondiente indemnización de la Administración, cifrada en unos 900 millones de las antiguas pesetas, ya que los tribunales declararon válida la licencia municipal concedida el 15 de noviembre del año 1982.

El grueso del trabajo se inicia ahora, para concluir en 16 meses, antes de octubre de 2005

En 1997, el PP aprobó un convenio para permitir el uso hotelero en lo que quedaba del inmueble

Durante dos décadas, las piedras milenarias de una de las obras de ingeniería hidráulica de la época de los romanos más importantes y mejor conservadas del mundo, declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad, como el centro histórico de la ciudad amurallada, han tenido esta compañía, el esqueleto de un edificio, depósito de basura, abandonado a las inclemencias meteorológicas y el paso del tiempo, fruto de la burocracia administrativa y las decisiones judiciales, en medio de enfrentadas interpretaciones de urbanismo, discusiones políticas y polémicas ciudadanas.

El desenlace hubiera sido más rápido si el actual presidente del Gobierno, José María Aznar, en su etapa de titular del Ejecutivo de Castilla y León, hasta septiembre de 1989, aunque en minoría, hubiera cumplido con el mandato de las Cortes regionales, que le encomendaron la expropiación total, cifrada en esa época en unos 2.000 millones de pesetas.

Pero Aznar se fue a dirigir el PP en Madrid; su sustituto, Jesús Posada, luego ministro, se limitó a ordenar al derribo de las dos últimas plantas, en la zona más próxima al acueducto, y de una en la parte posterior; y Juan José Lucas, ahora presidente del Senado, confirmó la renuncia a la expropiación definitiva.

Así las cosas, en 1997, el Ayuntamiento de Segovia, con mayoría del PP, aprobó un convenio con los promotores, modificando la ordenanza urbanística para permitir el uso hotelero en lo que quedaba del inmueble.

En junio de 2001, el municipio segoviano concedió la licencia de obras para construir un hotel de 74 habitaciones de dos y tres plantas sobre rasante. Aunque el acuerdo, con los votos de la coalición PP-CDS, que gobernaba entonces, establecía que las obras debían dar comienzo en diciembre de ese año, el grueso del trabajo se inicia ahora. Se espera que concluya en 16 meses, antes de octubre de 2005, con una inversión de unos 2,5 millones de euros.

Afectado por la misma paralización y ordenación urbanística, se dio más prisa el propietario del solar contiguo, Ramón Marinas, que ya ha concluido una construcción de dos plantas sobre un solar de unos doscientos metros cuadrados que quedan diáfanas por si posteriormente las une al hotel de al lado.

Paradójicamente, después de cuatro lustros, es un alcalde bajo las siglas del PSOE, el independiente Pedro Arahuetes, quien verá levantar nuevamente el edificio. Veinte años atrás, su compañero y homólogo Miguel Ángel Trapero, primer alcalde socialista en la reciente historia democrática de Segovia, participó de la paralización de la obra enfrentándose políticamente al edil independiente Alberto García Gil, socio de Inprogarsa, arquitecto autor del proyecto y uno de los redactores del plan de urbanismo de la zona oriental del Acueducto, aprobado durante la dictadura franquista, que autorizó la primera construcción en el entorno del monumento.

A los dos alcaldes socialistas les une el hecho de haberse encontrado con los permisos de construcción ya otorgados, curiosamente además por el mismo político, el centrista José Antonio López Arranz, que presidió dos corporaciones, primero con UCD y luego con el CDS. En estas dos décadas también pasaron por el ayuntamiento dos políticos de distinto signo vinvulados a la promotora Inprogarsa: José Ignacio García, primer teniente de alcalde del PP, y el que fuera concejal y presidente de la Diputación, el socialista Javier Reguera García, aunque éste acató la decisión de su partido de apoyar la expropiación total.