La información presupuestaria del señor presidente

En una conferencia pronunciada por el señor Aznar López, presidente del Gobierno español, en unas jornadas organizadas por The Wall Street Journal expresaba sus puntos de vista sobre diversas cuestiones, entre las que se encuentra la política económica. En ella defendió las recetas que viene aplicando su Gobierno y que, según él, pueden constituir un paquete referencial para otras naciones. Un equilibrio presupuestario (que en realidad no practica) y en un conjunto de reformas (que no lleva a cabo).

Que las cosas discurran de este modo me produce una profunda preocupación. ¿Cómo es posible que, en foros tan singulares, el presidente del Gobierno haya sostenido planteamientos tan alejados de la verdad? Esta preocupación ya la puse de relieve en el Pleno del Congreso de los Diputados durante el debate de los Presupuestos Generales del Estado para 2004.

La deuda pública ha aumentado en más de 84.000 millones desde que gobierna el PP

En aquel momento, me pregunté -y le pregunté a los diputados del Grupo Parlamentario Popular- si el señor presidente estaba bien informado acerca de la política de estabilidad presupuestaria que, a lo largo de los últimos cuatro años, viene ejecutando su Gobierno. Lo hice porque considero que cabía la posibilidad de que sus múltiples ocupaciones le hubieran alejado de estas cuestiones. Desde este planteamiento, con poca confianza en que me lo aceptaran, sugerí a los miembros de su grupo parlamentario que quizás fuera bueno que le facilitaran al señor Aznar López las líneas de mi intervención, con el exclusivo propósito de que, conociéndolas, pudiera atenuar sus evidentes carencias informativas.

No obstante, he de manifestar que cuando se dio a conocer el Informe del FMI sobre la economía española, en el que se ponía de relieve la opacidad con la que aquí se aplican los gastos públicos, pensé que las cosas comenzaban a caminar en la buena dirección.

Que el señor Aznar López ignore las opiniones que, desde el Grupo Parlamentario Socialista formulamos, hasta que desprecie las aportaciones que en múltiples cuestiones políticas venimos realizando, no es lo más conveniente, pero es lo que hace un día y el siguiente.

Ahora bien, que dé la espalda a la opinión de la institución que viene velando por el mantenimiento de la más estricta ortodoxia económica, que sobrepase a quienes hasta ahora han sido celosos guardianes de la consistencia del sistema económico es algo que resultaba difícil imaginar. Aunque sólo fuera porque en política presupuestaria carece de la necesidad de persistir en una posición extremista.

Pues bien, sus palabras ante un auditorio tan selecto como el londinense me indican que quiere mantener la dureza en su actitud. Por eso recurro a estas amables páginas, para, desde ellas, poder llegar al señor presidente, proporcionándole una información que él públicamente no maneja. Lo hago porque me pasa lo mismo que le sucede a tantos españoles, que le han oído decir que su Gobierno sólo gastará lo que ingrese. Como lo que ocurre en su política presupuestaria es bastante distinto a lo que él dice, creo que ha llegado el momento de aclarar estas circunstancias.

Según el Informe Económico y Financiero, la deuda pública del Estado en circulación ha aumentado en más de 84.000 millones de euros desde que gobierna el PP. Este hecho, ni es conocido, ni ha sido explicado por el Gobierno, pero no es el único caso en el que esto ocurre. Además, en los Presupuestos para el nuevo año, se concede al Gobierno autorización para que el Estado aumente el endeudamiento en otros 12.567 millones de euros. Ante un hecho que quiebra las posiciones que con reiteración ha venido sosteniendo el presidente del Gobierno me parece pertinente preguntar: ¿para qué se necesitan esos recursos?, ¿cómo es posible que se gaste una cantidad tan elevada muy por encima de lo que tributariamente se ingresará?, ¿a qué se destinan esos dineros? Veámoslo.

La cuantía más importante de la autorización, que se le otorga al Ministerio de Economía, está destinada a cubrir el déficit de caja que tiene el Estado. En concreto a ello se dedican 6.764 millones de euros, cifra que aun siendo destacada, está situada por debajo de la autorización global de deuda que se le pide al Parlamento.

Por tanto, la deuda pública destinada a financiar el déficit proporciona una explicación de las emisiones que se realizan, pero no da toda las explicaciones necesarias, por el simple hecho de que en España el Estado se endeuda para llevar a cabo actividades que no se cuantifican a la hora de medir el déficit existente en cada año. Y que esas actividades alcanzaron los 5.803 millones de euros.

¿Se lleva a cabo en el año 2004 por primera vez este tipo de prácticas? Lo pregunto porque si esto fuera así, podría estar en parte justificado el que el señor Aznar López lo desconociera. Lamentablemente, he de decir que el Gobierno del PP viene recurriendo a estos procedimientos desde 1997. Por este conducto, desde esa fecha hasta el ejercicio 2002 ha financiado aproximadamente un 3% de los gastos del Estado, aumentando la deuda pública en 24.000 millones de euros.

Señalo tanto la magnitud de lo emitido como el arranque temporal del procedimiento porque, tomando en cuenta estos parámetros, podría pensarse que el señor presidente se hace conscientemente el distraído, y que esta actitud resulta algo discutible.

¿Qué gastos públicos financia el Gobierno al margen del déficit público? Bastantes y en un número elevado de ministerios. La enumeración de todos ellos es tan amplia que agotaría la paciencia del lector, por lo que sólo enumero los que son más significativos: las aportaciones para las líneas de alta velocidad, los préstamos para los proyectos de tecnología cualificada relacionada con la defensa, los préstamos a los promotores de las autopistas de peaje, los préstamos destinados a la investigación técnica y a la innovación tecnológica, las inyecciones de capital para sociedades públicas en los ministerios de Hacienda, Fomento, Agricultura y Medio Ambiente y para las sociedades mercantiles herederas de los antiguos organismos autónomos.

Efectuado el inventario de la parte más destacada de la ristra de políticas públicas que se financian en España sin computar a la hora de calcular el déficit público, me pregunto: ¿terminan aquí las operaciones financieras autorizadas en la Ley de Presupuestos 2004? No, ya que se autoriza al Estado y a la SEPI a que concedan garantías (avales) a entidades y a empresas públicas. El Estado puede hacerlo hasta la cantidad de 1.743 millones de euros (aquí se computan los concedidos a RTVE) y la SEPI hasta 1.210 millones de euros.

Puede que haya personas que leyendo cuanto vengo exponiendo se encuentren algo sorprendidas por lo que describo. Pues bien, han de saber que en la Ley de Presupuestos todavía se conceden más autorizaciones. Esta vez para que concierten créditos a largo plazo organismos públicos como Renfe, AENA, FEVE, Puertos del Estado, GIF, el ICO y las confederaciones hidrográficas en una cantidad global de 8.397 millones de euros.

Por lo tanto, al margen de la redundante afirmación del señor presidente de que se ha logrado, por vez primera en España, el equilibrio presupuestario, de que su Gobierno no gastará más de lo que ingresará, se ve cómo se le están concediendo amplias autorizaciones que sirven para gastar hoy lo que habrá que pagar mañana. La magnitud de todas ellas en modo alguno es modesta, ya que se apoyan en 12.567 millones de euros en emisiones de deuda pública, 2.953 millones de euros en concesiones de avales y en 8.397 millones de euros en créditos a largo plazo.

El montante de ese conjunto heterogéneo y abigarrado de operaciones totaliza los 23.917 millones de euros, prácticamente cuatro billones de las antiguas pesetas, cuya existencia no puede en modo alguno pasar inadvertida para un gobernante atento y meticuloso. Llegado a ese punto, confío en que el conocimiento de estos datos le proporcionan al señor presidente la suficiente información para que, a partir de ellos, sepa que su Gobierno lleva tiempo desarrollando demasiadas políticas públicas, cuyas consignaciones presupuestarias han sido situadas por debajo de la línea de definición del déficit público. Hecho del que no debería ufanarse, aunque sólo sea porque no ayudan a la consecución de la estabilidad de la economía.

Francisco Fernández Marugán es diputado del PSOE por Badajoz y portavoz en la Comisión de Presupuestos.