Berlusconi interviene Parmalat y pide permiso a la UE para inyectar fondos

El Gobierno italiano aprobó ayer de forma urgente un decreto-ley para salvar a Parmalat, la mayor empresa agroalimentaria del país, con un agujero cercano a los 10.000 millones de euros. Se nombrará un comisario extraordinario, con amplios poderes para conducir la reestructuración del grupo. La medida se completará con una inyección de fondos aún no determinada. El Ejecutivo italiano ha pedido a la Unión Europea que declare el estado de emergencia en el sector lácteo, para que esa aportación no sea considerada ayuda de Estado.

La empresa, que da empleo a 37.000 personas y que cuenta con unas ventas de 7.600 millones de euros en varios países, entre ellos España, pasa de esta forma a estar intervenida por el Estado. El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, ha tenido que pedir de manera desesperada a Bruselas que le permita utilizar ayudas públicas para salvar una crisis ocasionada por un fraude que ha tomado dimensión europea y que en Italia alguien ya lo ha calificado como el Enron europeo.

Mientras tanto, desde Bruselas llegó una primera señal. Mario Monti, el comisario de Competencia de la Unión Europea, invitó al Gobierno italiano a "tener informada a la Comisión Europea sobre la modalidad de funcionamiento del decreto aprobado ayer y, en particular, si habrá ventajas fiscales".

El decreto está destinado a las grandes empresas en estado de insolvencia que tengan deudas de más de 1.000 millones de euros y más de 1.000 trabajadores y fue redactado ayer, "no para favorecer ni a los accionistas ni a los directivos, sino para salvar a los trabajadores", según declaraciones del ministro de Industria, Antonio Marzano.

El decreto sólo se aplicará en el caso de que exista un programa de reflotamiento industrial y no será válido si el objetivo es la liquidación de la firma. "No está pensado para ayudar a las empresas que quieren entrar en liquidación, sino para aquellas que, a través de un programa de reestructuración, quieren salvar su futuro", precisó Marzano.

Para evitar falsas expectativas, Marzano especificó que el decreto no se aplicará al caso Cirio, otra enorme empresa italiana del sector alimentario que fue declarada en quiebra, y que, junto con los títulos de Estado argentinos en suspensión de pagos en manos de 450.000 italianos, produjeron un terremoto en la confianza de los pequeños inversores del país.

Ahora la gestión futura de Parmalat pasará a un comisario extraordinario, Enrico Bondi, que asegurará la continuidad de la empresa y que en un plazo breve deberá presentar un programa de restructuración que deberá ser aprobado por el ministro de Industria.

Según las investigaciones de la magistratura de Milán, que ayer tomó declaración al ex director del grupo, Fausto Tonna, la quiebra del Grupo Parmalat, con 37.000 personas en todo el mundo y una facturación de casi 8.000 millones de euros anuales, se inicia en 1988. Tonna declaró que no había tomado decisiones a iniciativa propia.

El agujero contable producido en la filial Bonlat, con sede en las islas Caimán, es de 4.000 millones de euros, a los que se suman otros 2.900 millones de euros en títulos que Parmalat, balance en la mano, sostenía haber comprado, pero que en realidad no figuran en su balance.

Fuera de Bolsa

Según especialistas contables, el agujero rondará los 10.000 millones de euros. Parmalat entró en caída libre en los mercados bursátiles después que el banco estadounidense Bank of America negara la autenticidad de un documento que aseguraba fondos por 3.950 millones de euros en una cuenta de una compañía off-shore, Bonlat.

Los títulos de la empresa se han desplomado en las últimas sesiones hasta valer 0,1 euros, el mínimo posible, cuando hace tan sólo tres semanas la empresa valía 1.800 millones de euros y cada título cotizaba a 2,37 euros a final de noviembre. De hecho, ayer las acciones de Parmalat salieron del índice Mib 30 de la Bolsa de Milán.