El PSOE unifica su propuesta para la reforma del sector del aceite

Los consejeros de Agricultura de todas las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE y con producción de aceite de oliva han suscrito una propuesta unitaria para la aplicación de la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) en este sector. Con esta decisión, largamente debatida, se pone fin a las importantes diferencias que existían entre las comunidades autónomas y fundamentalmente entre Andalucía y el resto de las zonas productoras.

Frente a la posición de los socialistas, el Ministerio de Agricultura no ha puesto ninguna propuesta sobre la mesa y se ha limitado en los últimos meses a ser observador de las diferencias entre los gobiernos regionales. Para el responsable de Agricultura de los socialistas, Jesús Cuadrado, el ministerio ha tratado de quitarse del medio, en lugar de asumir sus propias responsabilidades como Gobierno.

El acuerdo de los socialistas propone, en primer lugar, que las ayudas a percibir por cada comunidad autónoma sean la media de las recibidas en las últimas tres campañas. Este compromiso contempla también la necesidad de poner en marcha un programa nacional para defender la viabilidad del olivar de baja producción con una ayuda estatal, pero eliminando todo apoyo si no se mantiene la producción y se realizan normalmente las labores agrícolas. Para el desarrollo de ese programa se baraja un fondo de unos 200 millones de euros.

Junto a estos dos puntos, para los socialistas, antes de entrar en la batalla para el reparto de los fondos, es indispensable que España logre en Bruselas una redistribución de los fondos en función de las producciones y superficies reales de cada Estado miembro. España percibe actualmente unos 1.000 millones de euros sobre un gasto comunitario en el sector de 2.350 millones, lo que supone casi el 43%. Sin embargo, en función de las producciones reales de los años precedentes, España, según coincide en señalar todo el sector, debería percibir más del 50% del presupuesto comunitario para el aceite de oliva, lo que supone aumentar el pago actual en unos 200 millones de euros.