El acta de acusación contra Sadam Husein

Las paredes de la que fue lujosa mansión de Mahir Mustafá el Nasri, primo de Sadam Husein y preboste del régimen del Baaz todavía fugado, están empapeladas con las fotografías de decenas de personas: el piloto de aviones de combate Nasar Alí; el jeque Mayid el Bedraui; Nagam Abdul Husein, una niña de 9 años, y su hermano Husein Alí, de 12. Son cuatro de los ejecutados o desaparecidos entre 1979 y 2003 en Irak. Suman, sin duda, centenares de miles. Desde el 11 de abril, esa casa de Bagdad a orillas del Tigris está ocupada por la Asociación de Prisioneros Políticos, una organización que pretende convertirse en la principal parte acusadora en el juicio al que será sometido el tirano. En una de las salas hay una camilla con todo tipo de artilugios utilizados en las prisiones para estirar y quebrar los huesos de los detenidos y aplicarles corrientes eléctricas.

La lista de cargos contra Sadam Husein promete ser prolija. Otras cinco asociaciones similares y varios países -Israel, Irán y Kuwait- han anunciado que presentarán querellas ante el tribunal que le juzgará, cuya exacta composición se desconoce todavía, como se ignora cuándo arrancará el juicio. Las víctimas de su régimen quieren imputarle los delitos de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio. La incesante represión de los kurdos y de los chiíes saldrá a la luz. La recopilación de documentos y pruebas no ha hecho más que comenzar.

Ibrahim el Idrisi, de 36 años, y su hermano Abdulfatá, cuatro años más joven, dirigen la Asociación de Prisioneros Políticos. Han puesto a disposición de las autoridades estadounidenses - "los norteamericanos son los únicos que pueden custodiarlos", asegura Ibrahim- más de 100.000 casos documentados de ejecutados o desaparecidos, con las acusaciones contra sus presuntos responsables. Son 15 millones de folios.

Familiares de mártires

"Entre 500 y 1.000 familiares de mártires acuden a diario para proporcionar datos", destaca Sasajer Yasin al Garrawy, rodeado de una decena de personas que muestran papeles oficiales. Unas 40 personas forman al mediodía una cola que se alimenta cada minuto. "La mayoría", añade, "son chiíes, pero no importa su origen étnico o religioso". Al Garrawy lamenta el nulo respaldo financiero de los países ocupantes. Siete hermanos suyos fallecieron asesinados. No tiene ganas de explicar cómo.

Todo surgió por casualidad. "Días después de la fundación de la asociación", relata, "se presentaron un hombre y una mujer. Aseguraron que conocían el lugar donde estaban escondidos decenas de miles de expedientes. Se hallaban enterrados en los sótanos de un supermercado del lujoso barrio de Al Mansur que había sido bombardeado. Los dirigentes baazistas los olvidaron en su apresurada huida". Constituirán la base de su alegato contra Sadam y sus adláteres. Pero guardan algún secreto más.

"Conocemos la localización de otras 106 fosas comunes masivas. No anunciaremos su emplazamiento hasta que esté formado el nuevo Gobierno iraquí", cuenta Abdulfatá. Sólo lo han comunicado a la Autoridad Provisional de la Coalición, dirigida por el diplomático estadounidense Paul Bremer. Entre otros motivos, para evitar que suceda lo ocurrido en los primeros días tras la caída del tirano. Entonces, miles de iraquíes se acercaron a las 12 fosas descubiertas hasta la fecha para recuperar los restos de sus parientes y enterrarlos. Destruyeron así pruebas indiscutibles de las atrocidades perpetradas. "Sólo se lo hemos comunicado a la USAID", un organismo de ayuda dependiente del Gobierno de Estados Unidos. También ha sido informado el Consejo de Gobierno Provisonal iraquí, nombrado por Washington.

Los hermanos El Idrisi saben de lo que hablan. Pertenecientes al partido islamista Hezbolá el Wahad, conocían a 13 miembros de este movimiento que fueron "ejecutados" y a otros dos que "murieron durante los interrogatorios". "Mi hermano", narra Ibrahim, "fue detenido durante 20 meses en varios periodos sin cargo alguno. Siete primos míos fueron asesinados".

Las acusaciones de genocidio se fundamentan también en el plan sistemático que puso en práctica el Gobierno de Sadam para arabizar el Kurdistán iraquí y a sus cinco millones de habitantes. Se trata de la campaña Anfal, ejecutada en 1987 y 1988. En Halabha, en la frontera con Irán, unas 5.000 personas murieron en un ataque con armas químicas. Otras 4.000 poblaciones fueron destruidas y 100.000 personas fallecieron, según las cifras más prudentes.

¿Cuántas personas fueron enterradas en 118 fosas durante 24 años de represión sin descanso o en otras muchas por descubrir? Ibrahim y Abdulfatá hablan de "cinco millones". La representante de Human Rights Watch en Irak, Hania Mufti, sólo alude a las personas de las que, con pruebas fiables se ignora su paradero: "Calculamos que durante el periodo comprendido entre 1979 y 2003 hay unas 300.000 personas desaparecidas".