El proceso contra el tirano llevará tiempo
El nombramiento de los jueces y el estudio del enorme volumen de pruebas están aún pendientes
La pretensión de dirigentes iraquíes y estadounidenses de juzgar a Sadam Husein sin demora tropieza con serios obstáculos. El ministro de Justicia de Irak, Hashim al Shibli, lo apuntó ayer con toda rotundidad: "Este proceso llevará tiempo". No es de extrañar. Las acusaciones de crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra, que con toda probabilidad se imputarán al tirano, exigen ser demostradas ante el Tribunal Especial, "más allá de toda duda razonable", según la legislación internacional en la que se inspira la norma aprobada por el Consejo de Gobierno iraquí.
En una entrevista concedida a varios medios iraquíes, un iraní y EL PAÍS, Al Shibli detalló algunos aspectos del procedimiento que se seguirá para juzgar al dictador depuesto el 9 de abril. Pero dejó otros en la penumbra. Especialmente el cuándo.
A lo largo de todo Irak se "abrirán oficinas de investigación en las que cualquier persona" podrá aportar evidencias de las atrocidades perpetradas por el régimen del partido Baaz, que se prolongó desde 1968 hasta el pasado mes de abril. Y esos "expedientes serán después trasladados al Tribunal Especial", señaló el ministro.
Sólo los delitos cometidos entre el 17 de julio de 1968 y el 1 de mayo de 2003 podrán ser enjuiciados por el Corte Especial iraquí. Pero ordenar la cantidad de pruebas que se espera reunir requiere más de los siete meses que restan hasta el próximo mes de julio, cuando está previsto el traspaso del poder que ejerce la autoridad civil estadounidense al nuevo Gobierno iraquí. Una condición exigida recientemente por Muafak al Rabie, miembro del Consejo de Gobierno. Un portavoz de la Asociación de Prisioneros Políticos, la más importante de las que tramitan documentos para que puedan servir en el proceso, aseguró ayer que necesitaría "tres años para examinar los 15 millones de documentos" que obran en su poder.
Los impedimentos para que la causa contra Sadam y los responsables del régimen que sean imputados avance con celeridad son de envergadura. Además de que la tarea de acopio de pruebas es ingente, es un hecho que todavía no se conoce quiénes serán los magistrados de la Corte, "únicamente iraquíes", según destacó Al Shibli. El ministro aseguró que serán "sesenta" los que formen el tribunal, y que serán designados por un "comité de 100 jueces" nombrado por el Consejo de Gobierno, organismo tutelado por Washington.
Al Shibli, quien no descartó la aplicación de la pena de muerte porque así lo prevé la legislación iraquí, subrayó que el juicio será "público". Sin embargo, rechazó tajantemente la posibilidad de que jueces extranjeros integren la Corte, tal como ha sucedido en los tribunales para la antigua Yugoslavia y Ruanda. La participación de juristas extranjeros se limitará al asesoramiento de los jueces y a la defensa de los acusados, que "podrán disponer de un abogado de cualquier nacionalidad".
Algunas de las cuestiones esbozadas por el titular de Justicia recaban las críticas de organizaciones de derechos humanos. La representante en Irak de Human Rights Watch, Hania Mufti, alaba que la ley aprobada el 10 de diciembre por el Consejo de Gobierno recoja los delitos de crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio, no previstos en la legislación iraquí hasta esa fecha. Pero arremete contra la posible aplicación de la pena de muerte y la exclusión de juristas extranjeros, ya que, a su juicio, los magistrados iraquíes "carecen de la experiencia necesaria para enjuiciar este tipo de delitos". Y, sobre todo, considera un precedente peligroso que no se acepte la participación de la ONU o de la Corte Internacional de Justicia. Ni Irak ni EE UU han firmado los tratados internacionales para someterse a esta jurisdicción.
Varios países -Dinamarca, España, Finlandia y Argentina, entre otros- han mostrado disposición para enviar expertos y forenses. Pero no acudirán mientras la inseguridad continúe. Exigen además que las pruebas recogidas sean custodiadas por un organismo independiente formado por iraquíes y extranjeros. Fue Sergio Vieira de Mello -representante de la ONU en Irak muerto el 19 de agosto pasado en un atentado- quien planteó esta iniciativa. "La idea de esta institución independiente murió con Vieira", afirma Mufti.
