El Ministerio de Consumo requiere información a Repsol por una denuncia de ecologistas sobre ecopostureo

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 abre un nuevo frente a otra gran empresa. Tras los expedientes a Ryanair o Airbnb, ahora el departamento liderado por Pablo Bustinduy (Sumar) está pidiendo cuentas a Repsol. Según expone la compañía en información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el pasado 5 de febrero recibió un requerimiento de información de la Dirección General de Consumo en relación con una denuncia presentada por la Federación de Consumidores y Usuarios, la Confederación de Ecologistas en Acción y Greenpeace España sobre los mensajes publicitarios referidos a biocombustibles.

Ante esta situación, la propia compañía asegura que “atenderá el requerimiento en el plazo establecido, aportando la información y documentación solicitada y, con ello, acreditando la falta de fundamento de la denuncia”. Fuentes de Repsol y del Ministerio han declinado hacer comentarios.

El origen de este litigio viene de abril del pasado año, cuando dos de las organizaciones ecologistas de referencia en España —Ecologistas en Acción y Greenpeace— y la asociación de consumidores CECU denunciaron a la compañía ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y ante la Dirección General de Consumo al entender que la “estrategia de marketing y publicidad” que empleaba la petrolera Repsol “induce a la confusión de la ciudadanía, al estar plagada de información parcial, vaguedades, ocultación de información relevante o directamente alegaciones ambientales engañosas”. Los demandantes pusieron el foco sobre los biocombustibles que promocionaba la empresa y su posible vínculo con la deforestación en Indonesia.

Estas organizaciones se centraban en el aceite de palma y el daño para la masa forestal en Indonesia que supone la expansión de estos cultivos. Y parten de una investigación propia durante 2022 y 2023 centrada en los impactos de “la actividad de la empresa Repsol sobre la deforestación en Indonesia y su contribución al aumento de las emisiones responsables del cambio climático”. “España es el principal importador de aceite de palma de Indonesia y el mayor productor de biocombustibles en la UE”, sostenían. “En España, el 72,5% del biodiésel y casi el 100% del hidrobiodiésel se fabrica con aceite de palma. Y es la empresa Repsol uno de los principales importadores de aceite de palma y productor de biodiésel con este aceite”, advertían en sus denuncias.

Miguel Crespo, abogado de CECU, explica que ante la falta de noticas sobre las dos demandas interpuestas, el mes pasado enviaron sendos escritos de requerimiento de información tanto a Consumo como a la CNMC preguntando en qué punto se encontraba el caso.

Ha sido tras dicho requerimiento cuando el Gobierno ha decidido mover ficha. El requerimiento del Ministerio de Consumo llega, además, en plena batalla judicial entre Repsol e Iberdrola. La eléctrica vasca interpuso una demanda ante los juzgados de Santander en la que denunciaba competencia desleal y publicidad engañosa. Iberdrola acusa a Repsol de ecopostureo. Dicho caso aún sigue abierto y a la espera de sentencia.

Iberdrola también abrió un frente a Repsol por publicidad engañosa ante Autocontrol. No obstante, el ente que vela por una publicidad responsable desestimó la reclamación de la eléctrica. Por el contrario, Repsol cargó contra la publicidad sobre el fin de las calderas de gas de Iberdrola y logró que dicha demanda fuera estimada.

Repsol ha vuelto a reiterar ante sus inversores que las demandas de Iberdrola son infundadas. “Repsol acusa a Iberdrola de intentar con esta demanda limitar su competencia en el mercado de comercialización eléctrica y de gas, donde Iberdrola ocupa una posición dominante, utilizando las acusaciones infundadas de greenwashing como una excusa para dañar la reputación de Repsol”.

Los requerimientos de información del Ministerio de Consumo se producen después de que el Gobierno haya perdido una votación en el Congreso de los Diputados para mantener el impuesto a las energéticas establecido en 2023, del que Repsol era la sociedad que más pagaba.

La compañía amenazó con parar inversiones en sus refinerías de País Vasco y Cataluña si se mantenía el gravamen. Dicho tributo decayó después de que PNV y Junts votaran en su contra junto con PP y Vox. Sumar no sólo quería mantenerlo sino que estaba en contra de eliminar este tributo sino que también se negaba a modularlo, como proponía el ala socialista del Gobierno.

El Ministerio liderado por Pablo Bustinduy está siendo motivo de actualidad en las últimas semanas. El CEO de Ryanair ha llamado al ministro públicamente “payaso” y “loco comunista”. Michael O´Leary ha señalado que los billetes de su aerolínea subirán por la multa que le ha impuesto consumo por cobrar por el equipaje de mano a sus viajeros. Consumo ha impuesto una multa de 179 millones de euros a Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea.

A finales de 2024, Consumo abrió expediente sancionador a Airbnb al no retirar miles de anuncios de pisos turísticos sin licencia. Este mismo jueves, este departamento ha abierto expediente a empresas que alquilan pisos en Airbnb fingiendo ser particulares.