Ecologistas y consumidores se unen para denunciar a Repsol por ecopostureo ante la CNMC y Consumo

Más problemas para Repsol, la principal petrolera de España, por presuntas prácticas de greenwashing o ecopostureo. Dos de las organizaciones ecologistas de referencia —Ecologistas en Acción y Greenpeace— y la asociación de consumidores CECU se han unido para denunciar a la compañía ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y ante la Dirección General de Consumo al entender que la “estrategia de marketing y publicidad” que emplea “induce a la confusión de la ciudadanía, al estar plagada de información parcial, vaguedades, ocultación de información relevante o directamente alegaciones ambientales engañosas”. Los demandantes, que presentaron los escritos la semana pasada, ponen el foco sobre los biocombustibles que promociona la empresa y su posible vínculo con la deforestación en Indonesia.

Otra demanda también por ecoblanqueo le llegó a la petrolera a finales de febrero: Iberdrola, la mayor eléctrica de España, denunció en los juzgados de lo mercantil de Santander a Repsol por competencia desleal a través del greenwashing en sus campañas publicitarias y en la información que ofrece en su página web. Expertos en derecho ambiental coinciden en que la batalla en los tribunales contra las falsas alegaciones ambientales de compañías de todo tipo para vender sus productos o su supuesto compromiso medioambiental irá ganando peso en los próximos meses y años debido a las medidas que están tomando ya contra estas prácticas las instituciones europeas y nacionales.

Para armar su demanda contra Repsol, las organizaciones ecologistas y de consumidores se han centrado en el aceite de palma y el daño para la masa forestal en Indonesia que supone la expansión de estos cultivos. Y parten de una investigación propia durante 2022 y 2023 centrada en los impactos de “la actividad de la empresa Repsol sobre la deforestación en Indonesia y su contribución al aumento de las emisiones responsables del cambio climático”. “España es el principal importador de aceite de palma de Indonesia y el mayor productor de biocombustibles en la UE”, sostienen los demandantes. “En España, el 72,5% del biodiésel y casi el 100% del hidrobiodiésel se fabrica con aceite de palma. Y es la empresa Repsol uno de los principales importadores de aceite de palma y productor de biodiésel con este aceite”, advierten.

Fuentes oficiales de Repsol aseguran que “estas demandas tratan de desprestigiar una solución que la Unión Europea considera válida y alternativa a la electrificación para reducir de manera inmediata y asequible las emisiones de dióxido de carbono”. “Además”, añade la petrolera, “tratan de confundir a la sociedad, cuando la materia prima que se emplea está regulada por la normativa, supervisada y certificada”.

Miguel Crespo, abogado de CECU, explica que en algunos países europeos los órganos regulatorios han tomado ya medidas contra campañas publicitarias de empresas energéticas relacionadas con este tipo de reclamos. Por ejemplo, recuerda este letrado, la Advertising Standards Authority del Reino Unido, el ente encargado de velar por el correcto empleo de la publicidad, ha vetado recientemente varias campañas también de combustibles supuestamente verdes de Shell, Petronas y de la propia Repsol. Y, según recoge el último informe sobre litigación climática elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) y el Centro Sabin de la Universidad de Columbia (Nueva York), en Italia la autoridad de la competencia tumbó también la promoción de un combustible diésel de la petrolera Eni.

Pero, además de a la CNMC, los denunciantes han decidido acudir a la Dirección General de Consumo, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Hasta la pasada legislatura eran las comunidades autónomas las que tramitaban las denuncias referentes a consumo, explica Crespo, pero el anterior equipo de Alberto Garzón abrió una vía para que pudieran presentarse denuncias también ante el ministerio si las infracciones se consideraban que eran generalizadas o afectaban a varias comunidades. De hecho, Consumo tiene abiertos varios expedientes contra aerolíneas de bajo coste por sus políticas con el equipaje de mano.

Lo que reclaman los demandantes en el caso de Repsol es que la compañía sea sancionada, que “se dé publicidad de la sanción y se ordene su rectificación pública”. Según las tres organizaciones, la compañía “oculta en su comunicación pública y en su publicidad la deforestación y demás impactos ambientales y sociales provocados para la producción del aceite de palma que se utiliza para la fabricación de sus biocombustibles”. Porque “el aceite de palma que utiliza no es sostenible y no reduce las emisiones de gases de efecto invernadero respecto al combustible fósil convencional, contribuyendo al calentamiento global y provocando deforestación y pérdida de biodiversidad”, añaden.

En su opinión, las afirmaciones que la compañía hace sobre sus “biocombustibles” —a los que califica en su comunicación pública como “sostenibles”, “ecocombustibles”, “neutros en carbono”, “con baja huella de carbono” o “renovables”— se realiza “sin distinguir entre los diferentes productos ofertados y sin especificar sus atributos o impacto ambiental”. Y esto “resulta engañoso para la ciudadanía”.

“Estas declaraciones de Repsol dan la impresión a consumidoras y consumidores de que sus productos o su actividad no tiene ningún impacto ambiental o, peor aún, tienen un impacto positivo en el medio ambiente”, añaden los demandantes que abundan en un argumento similar al que empleaba en su escrito Iberdrola. La eléctrica criticaba que la petrolera se presentara como “líder en la transición energética y que protege el medio ambiente” cuando “el 99,4% de sus ingresos” proceden “de la producción y comercialización de energía no renovable”.

Pero las mismas fuentes oficiales de Repsol defienden que la compañía acaba de “poner en marcha la primera planta de combustibles renovables de la península Ibérica, en Cartagena, que usa exclusivamente residuos orgánicos para producir 250.000 toneladas al año de combustible renovable”. Sin embargo, la demanda de las organizaciones ecologistas se centra en los ejercicios 2022 y 2023 y en el biocombustibles basado en aceite de palma.

El daño a la lucha contra el cambio climático

El ecopostureo también es una preocupación en algunos organismos internacionales por los daños que se pueden provocar en la lucha contra el cambio climático. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, presentó a finales de 2022 una guía contra el ecopostureo durante la cumbre del clima que se celebró en Sharm el Sheij (Egipto). En ese documento, elaborado por 17 expertos internacionales, se dejaba claro que una compañía no puede considerarse verde si sigue apostando por los combustibles fósiles y que las compensaciones de sus emisiones —por ejemplo, a través de los bosques— deben ser el último recurso y minoritarias.

Aunque en las prácticas de greenwashing no solo caen las compañías productoras de combustibles fósiles en el mundo. Por ejemplo, en marzo, la aerolínea holandesa KLM fue condenada por un tribunal de Ámsterdam por engañar a sus clientes con vagas afirmaciones medioambientales que pintaban “un panorama demasiado optimista” sobre los supuestos combustibles sostenibles. Unas semanas antes, la textil alemana Zalando se comprometió a retirar de su página web varias menciones a sostenibilidad después de que la UE las tildase de “engañosas”.

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