La batalla contra el ecopostureo explota en los tribunales

Los abogados del despacho Ontier dejaron caer una bomba en los juzgados de lo mercantil de Santander el 21 de febrero. Era una querella inédita. Por los actores, dos gigantes del Ibex: Iberdrola, la demandante, y Repsol, la demandada. Por las acusaciones: la eléctrica culpa a la petrolera de competencia desleal por greenwashing (ecopostureo) en sus campañas publicitarias y en la información que ofrece en su página web. Y, también, por lo descarnado: son 107 páginas en las que la eléctrica destripa a la petrolera, a la que reprocha que se presente como “líder en la transición energética y que protege el medio ambiente” cuando “el 99,4% de sus ingresos” proceden “de la producción y comercialización de energía no renovable”. Repsol responde achacando la demanda —que ve “carente de fundamento”— al “nerviosismo” de Iberdrola: “no está acostumbrada a manejarse en un marco competitivo”.

El calado del movimiento, y el hecho de que haya sido directamente en los tribunales y no en órganos de regulación de la publicidad como Autocontrol, ha sacudido los cimientos de todo el sector. Y ha dado alas a los movimientos ecologistas, que llevan años remando en la misma dirección con medios infinitamente menores. “Apoyamos la demanda”, afirma Carlos Rico, miembro de Transporte y Medio Ambiente, una organización que agrupa a decenas de ONG medioambientales europeas en pos de una movilidad limpia. “Pero no es un apoyo a Iberdrola, sino a la lucha contra el greenwashing que hace Repsol”.

“Esta demanda confirma que lo verde tiene un valor de mercado, y que es recomendable ser exigentes y evitar confusión o publicidad engañosa”, señala, por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que el martes, un día después de que trascendiera la demanda, amaneció con un tuit en el que tomaba parte en esta pugna. “Una cosa llamativa de este caso es que no han sido las asociaciones de consumidores las que han planteado esta demanda, sino que ha sido otra empresa alegando motivos de distorsión del mercado”, apunta Ribera a EL PAÍS. Miguel Crespo, abogado de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, responde: “Nos da miedo enfrentarnos a enemigos tan peligrosos y que, por ejemplo, nos impongan costas. Pero compartimos el fondo de la demanda y estamos expectantes por ver cómo se resuelve”.

Ni Crespo ni ninguno de los expertos consultados para este reportaje recuerdan una querella similar en España por greenwashing, una práctica cada vez más extendida y cuestionada que consiste en que una compañía o un producto se presenten como verdes o comprometidos con el medio ambiente y la lucha climática sin ser cierto. “No me consta una demanda como esta”, confirma Ana Barreira, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), que recuerda que “las vías que, hasta ahora, ofrece el ordenamiento jurídico español son muy limitadas”.

En el sentir de los especialistas consultados también subyace, sin embargo, una sensación: la de que el paradigma está a punto de cambiar y que el cerco contra el ecopostureo será cada vez mayor. No solo contra las compañías de energías fósiles. “Cuando se apruebe la nueva legislación europea pueden aumentar las demandas. Las cosas estarán más claras y los interesados tendrán un marco legal claro en el que basarse, cosa que no existe ahora”, opina Antonio Vercher, fiscal de sala coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo de España.

El Gobierno ya trabaja en la trasposición, a través de la futura ley de consumo sostenible, de la directiva con la que la UE busca mejorar el etiquetado de los productos y que prohibirá el uso de las llamadas “alegaciones” medioambientales engañosas. De la aprobación definitiva de ese texto están pendientes multitud de actores: organizaciones ecologistas, empresas y supervisores, como Autocontrol. “Estamos haciendo un seguimiento de todos los cambios regulatorios que se avecinan en este sector, con la tramitación y trasposición de varias directivas”, sostiene una portavoz de este ente de autorregulación de la publicidad, que asegura que ya han abordado algunos casos sobre reclamos medioambientales, aunque la conflictividad aún “no es muy elevada” en este ámbito.

La directiva europea sentará, en fin, las bases jurídicas para definir los criterios que deberán cumplir las empresas que quieran hacer alegatos verdes sobre su actividad. “Luego, estos serán verificados externamente según las autoridades que decida cada Estado. Lo que pedimos desde el Parlamento es que haya sanciones para las empresas que incumplan estos criterios”, señala la europarlamentaria socialista Laura Ballarín, que ha estado siguiendo la tramitación de esta norma. Pero todavía falta que el Consejo Europeo —el órgano en el que están representados los Gobiernos de los Veintisiete— dé el visto bueno definitivo, algo que la presidencia de turno, en manos de Bélgica, espera para este semestre.

“Estamos a la espera de la incorporación de la directiva que va a mejorar la capacidad de acción de la sociedad civil, aunque ahora había campo de acción”, dice Jaime Doreste, abogado y miembro del equipo jurídico de Ecologistas en Acción. Su organización, recuerda, ya demandó a la automovilística francesa Peugeot por una campaña en 2008 en la que aseguraban que sus vehículos cada vez contaminaban menos. No era cierto, y en 2013 la Audiencia Provincial de Madrid les dio la razón a los ecologistas.

La sensibilidad social ha cambiado mucho desde entonces, pero la normativa sigue siendo prácticamente la misma. “La puerta al greenwashing está ahora abierta”, admite la economista Helena Viñes, consejera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Ella es, entre otras cosas, una de las 17 expertas a las que recurrió el secretario general de la ONU, António Guterres, para crear una guía contra el ecopostureo, que se presentó en la cumbre del clima que se celebró en 2022 en Sharm el Sheij (Egipto). En ese documento se dejaba claro que una compañía no puede considerarse verde si sigue apostando por los combustibles fósiles y que las compensaciones de sus emisiones —por ejemplo, a través de los bosques— deben ser el último recurso y minoritarias.

Viñes cree que la vía todavía abierta al ecopostureo se cerrará gracias a todas las normas que está aprobando la UE referidas también a inversiones y a la gobernanza de las compañías: “de aquí a cuatro o cinco años va a ser muy difícil el greenwashing”. En su opinión, esto se está notando ya, también en parte por el contexto político internacional, en la rebaja de los rimbombantes objetivos climáticos que muchas empresas se habían fijado y que no tenían un sustento real en sus planes de negocio.

Bancos, aerolíneas... y botellas de agua

Uno de los ejemplos más nítidos es el de muchas petroleras y gasistas, que anuncian supuestos planes de recorte de emisiones de efecto invernadero pero que en la práctica siguen ampliando la extracción y comercialización de hidrocarburos. El último informe sobre litigación climática elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) y el Centro Sabin de la Universidad de Columbia (Nueva York) hace un repaso de las reclamaciones por lavado verde de imagen ante organismos regulatorios, como una campaña que tumbó la autoridad de la competencia italiana de un combustible diésel promocionado por la petrolera Eni. Uno de los entes regulatorios más activos en este tipo de casos ha sido la Advertising Standards Authority del Reino Unido, que recientemente ha vetado varias campañas también de combustibles supuestamente verdes de Shell, Petronas y de la propia Repsol.

Pero la lucha contra el ecopostureo no se circunscribe solo a las compañías de combustibles fósiles. De hecho, esta semana se ha conocido una sentencia contra la aerolínea holandesa KLM, a la que un tribunal de Ámsterdam ha condenado por engañar a sus clientes con vagas afirmaciones medioambientales que pintaban “un panorama demasiado optimista” sobre los supuestos combustibles sostenibles. El caso había sido denunciado por una ONG. Y, hace justo un mes, la textil alemana Zalando se comprometió a retirar de su página web varias menciones a sostenibilidad después de que la UE las tildase de “engañosas”.

En Dinamarca, también varias organizaciones no gubernamentales han demandado a la cooperativa agrícola Danish Crown, el mayor productor de carne de cerdo de los Veintisiete. Como se apunta en el informe del Pnuma, las ONG alegan que estaba engañando a los consumidores al afirmar que su producción de carne tiene beneficios para la lucha contra el cambio climático. Este caso sigue abierto.

Los bancos también han estado en el centro de la diana. Este mismo viernes, por ejemplo, Greenpeace ha protestado en la sede del Banco Santander por la financiación de proyectos cárnicos en Brasil que contribuyen a la deforestación. “Existe un abismo entre lo que dicen sus políticas climáticas y de biodiversidad y lo que hace el banco en Brasil”, denuncia esta organización ecologista. Del mismo modo, otro informe de Stand.earth culpa a este mismo banco y al también español BBVA de financiar la extracción de petróleo y gas en la Amazonia peruana. Fuera de la UE, en Australia, el banco HSBC ha recibido quejas ante el ente regulador de la publicidad por continuar invirtiendo en combustibles fósiles a pesar de publicitar una campaña de protección de la Gran Barrera de Coral. Y en Europa se han presentado varias reclamaciones contra compañías de agua embotellada por presentar sus envases como 100% reciclados.

“Con el escrutinio de los reguladores y unos consumidores más conscientes del aumento del greenwashing, las empresas van a enfrentar una mayor presión. Tanto por demostrar su compromiso ambiental, como por ser más transparentes”, advierte Carlos Gomes, profesor de la Universidad de Ciudad del Cabo y miembro también del grupo de los 17 expertos de la ONU sobre ecopostureo. “Las que no lo hagan se arriesgan a un daño reputacional, de ahí que sea absolutamente esencial que las compañías de esos sectores prioricen la autenticidad y la integridad de sus esfuerzos e iniciativas por la sostenibilidad”.

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