La legión de la virtud

EL SENADO ENMENDÓ el miércoles una ley de reforma de la Ley del Poder Judicial (compuesta inicialmente por un solo artículo, destinado a acompañar una ley mercantil de arbitraje) para colar de rondón en el Código Penal tres artículos que llevan silueteados en el texto los nombres de sus principales destinatarios: el lehendakari del País Vasco y el presidente de su parlamento. Los nuevos preceptos castigan con prisión a las autoridades que convoquen referendos sin tener las debidas competencias o subvencionen a partidos ilegalizados; la mayoría del PP en el Congreso ratificará la reforma en los próximos días a fin de que entre en vigor antes de la inminente conclusión de la actual legislatura.

El Gobierno utiliza la mayoría absoluta del PP en la Cámara alta para crear dos nuevos delitos -cortados a la medida de Ibarretxe y Atutxa- mediante la enmienda a una ley de naturaleza diferente

El ministro de Justicia, legionario de la virtud dedicado a promover el bien mediante la compulsiva reforma del Código Penal de 1995, ha transformado la Constitución negativa del sistema político que esa norma teóricamente representa en un abigarrado zurcido de remiendos: casi un tercio de su articulado ha sido endurecido bajo el mandato del PP. Se diría que esa cruzada redentora corre el riesgo de extenderse hasta una zona peligrosamente fronteriza con el ámbito de las libertades democráticas; dado que Michavila parece convencido de que el Estado de derecho no es un espacio jurídico de resolución pacífica de conflictos, sino una belicosa máquina artillada, le será fácil caer en la tentación de dirigir su cañón giratorio contra la discrepancia ideológica.

La oportunidad política de la reforma penal realizada por el PP es el aspecto más visible del debate, pero no lo agota; la destreza del nacionalismo vasco para manipular el victimismo le garantiza al PNV la rentabilidad electoral del encarcelamiento de los dos cargos más representativos en la comunidad autónoma. En cualquier caso, el ilícito penal no agota el registro del ilícito jurídico: si la normativa criminal se rige por el principio de la intervención mínima, la amenaza de privación de la libertad es su ultima ratio. Para mayor inri ministerial, el Código de 1995 contiene tipos delictivos en cuyo marco el Poder Ejecutivo o el fiscal del Estado podrían hacer encajar esas conductas si decidieran aplicar a Ibarretxe y Atutxa el camino de la represión penal.

La torticera utilización del Senado para modificar por sorpresa el Código Penal mediante la enmienda de una ley orgánica que servía de mero acompañamiento a una ley mercantil es una chapuza en términos de técnica parlamentaria y una emboscada inconstitucional. La reforma -decidida por el Gobierno e instrumentada a través del Grupo Popular en la Cámara alta- invierte la secuencia procesal de tramitación en las Cortes Generales, elude el dictamen del Consejo General del Poder Judicial y frustra el debate por el Congreso de una disposición restrictiva de los derechos y libertades injertada como bulbo monstruoso en la rama de otra ley de naturaleza jurídica diferente. La mayoría popular en el Senado no ha votado en realidad una enmienda a un proyecto de ley procedente del Congreso, sino una proposición de ley de nuevo cuño remitida a la Cámara baja para su posterior aprobación.

Aznar se comprometió en 1996 a "recuperar la posición central" de las Cortes Generales como vía para lograr "la revitalización democrática": lejos de hacer honor a su palabra, el jefe del Ejecutivo ha convertido a los parlamentarios del PP en muñecos de guiñol movidos por los caprichos presidenciales de un titiritero ventrílocuo. Los senadores han tenido peor suerte que los diputados en esta escalada de humillaciones: Aznar no sólo tiró a la papelera el compromiso -puesto por escrito en su libro España. La segunda transición, 1994- de reformar la Constitución para permitir al Senado cumplir su condición de cámara de representación territorial, sino que además ha utilizado fraudulentamente sus funciones de segunda lectura en el sistema parlamentario para perpetrar tareas tan sucias como modificar a hurtadillas el Código Penal.