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COLUMNA

El Gobierno económico de Europa

En las sociedades democráticas, cuando una norma no sirve, se la cambia, pero no se deja a dicha sociedad sin reglas del juego. Ésta es la profundidad del golpe de mano dado la pasada semana en la UE por Francia y Alemania. Para defender sus intereses particulares han atentado contra los intereses generales de la zona. Después de la votación del Consejo de Ministros económico del pasado martes es difícil creer en el derecho comunitario.

Que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) era un documento "estúpido" (en definición del presidente de la Comisión, Romano Prodi) era bien sabido; que estaba funcionando con respiración asistida, también. Cuando la principal potencia-competencia de Europa, EE UU, está creciendo al 8,2% utilizando todas las armas de la política económica (déficit presupuestario y comercial en el entorno del 5%, tipos de interés mínimos, tipo de cambio favorable al dólar, aumento de los gastos de defensa y seguridad y reducción de impuestos, creciente proteccionismo sobre las industrias tradicionales, etcétera), nadie podía esperar que el corazón de Europa se aferrase al fundamentalismo del déficit cero, añadiendo rigor al rigor en una coyuntura de estancamiento o crecimiento débil.

Pero tampoco se podía esperar que el eje franco-alemán actuase como vanguardia, creando el recelo en los países medianos y pequeños. Alguien ha dicho que en el consejo de ministros en cuestión actuaron de forma análoga a como lo ha hecho EE UU en el Consejo de Seguridad de la ONU: como un imperialismo regional. Han acabado con el directorio de la UE para actuar como una diarquía. ¿Cree alguien que el resultado de la votación hubiera sido el mismo si los países cuestionados hubieran sido Portugal, Irlanda u Holanda?

El resultado es una quiebra de confianza en las instituciones comunitarias: la Comisión (Solbes ya había ido a la reunión con una propuesta negociadora sobre el PEC que era un mínimo de mínimos) contra el Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros contra el Banco Central Europeo (BCE), el Parlamento y los Estados-nación divididos. Ello influirá, sin duda, en la Conferencia Intergubernamental que tiene que dar el visto bueno a la Constitución Europea. Independientemente del problema del reparto del poder, a algunos países se les puede ocurrir, a la vista de lo sucedido, que no es buena idea reducir el número de competencias en las que exista el derecho de veto.

La única salida es una vuelta urgente a las reglas del juego. ¿Cuál va a ser a partir de ahora la política presupuestaria que deben cumplir los países miembros del euro? Es el momento oportuno -haciendo de la necesidad virtud- de reformar el contenido del PEC: flexibilizarlo, tener en cuenta el entorno del ciclo y no del año natural para hablar de estabilidad, desvincular los gastos corrientes de los gastos de inversión (infraestructuras, I+D...), analizar la coyuntura en relación a la deuda pública acumulada y no por el déficit anual, pensar en un sistema de sanciones que no incorpore las multas que añadirían déficit al déficit de los países penados y, más allá, reformar los estatutos del BCE introduciendo en los mismos los fines del crecimiento y del empleo, y no sólo la lucha contra la inflación (como la Reserva Federal de EE UU).

Dar un salto adelante significaría debatir sobre la necesidad de un Gobierno económico europeo que tenga en cuenta la armonización fiscal, la política económica comunitaria y los estándares mínimos de la Europa social. El actual Gobierno económico, por llamarlo de alguna manera, está constituido en esencia por el comisario de la Competencia, que es muy poderoso pero cuyas funciones no se consideran parte de la regulación macroeconómica; por el comisario de vigilancia presupuestaria (Pedro Solbes), que no tiene poder de decisión y cuyo papel es análogo al de un juez de instrucción que vigila el cumplimiento del PEC y eleva sus denuncias a un Consejo constituido por el conjunto de los posibles infractores; y por el BCE, que no es responsable políticamente ante ninguna institución, y cuya única misión es la estabilidad de los precios.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 1 de diciembre de 2003