Chaves aprueba ayudas a las pensiones más bajas antes de que entre en vigor la nueva ley

La Junta de Andalucía pisó ayer el acelerador y aprobó, en sesión extraordinaria, tres decretos para pagar de "inmediato" complementos a las pensiones asistenciales, las no contributivas y las mínimas de viudedad, que benefician a unos 285.000 andaluces. El coste será de 42,1 millones de euros. De esta forma, la Junta se adelanta a la entrada en vigor de la ley estatal que impide a las comunidades autónomas mejorar las pensiones. Los decretos de la Junta se publicarán hoy. El ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, anunció que el Gobierno central recurrirá los tres decretos aprobados por la Junta.

En cualquier caso, dijo ayer el consejero andaluz de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, la Junta considera que los complementos a las prestaciones más bajas no se verán afectados por la Ley de Medidas Específicas en Materia se Seguridad Social, aprobada el jueves por el Congreso. Son, añadió, "ayudas sociales" contempladas en el Estatuto de Autonomía y avaladas por la sentencia del Tribunal Constitucional que dictaminó que se encuadran en el ámbito competencial autonómico de la asistencia social y no en el de la Seguridad Social, exclusivo del Estado.

"Mientras no exista nada que se oponga a nuestro sistema constitucional, la comunidad tiene competencia exclusiva en materia social", dijo el consejero. Anunció que la Junta no piensa recurrir al Constitucional aunque lo hagan los grupos parlamentarios del Congreso, como los del PSOE y CiU. Y añadió: "Ninguna ley de rango básico del Estado puede cambiar el marco competencial del Estatuto de Autonomía".

No obstante, el consejero no quiso entrar en los pormenores jurídicos de por qué la Junta se adelanta a la entrada en vigor de la ley estatal, aunque dejó entrever que lo que se pretende es eliminar de un plumazo cualquier escollo legal. "Les digo de antemano que la ley se va a publicar el domingo, y miren, no somos tontos". Respecto a la intención del Gobierno de impedir el pago, dijo que "tendrá que utilizar mecanismos que serán el hazmerreír del propio Tribunal Constitucional, porque la materia está fallada y decidida".

Los tres decretos aprobados ayer por la Junta establecen que los 29.000 familias andaluzas que cobran pensiones asistenciales recibirán una ayuda social de carácter anual, pagadera en cuatro veces, de 585 euros, que supone un aumento del 18% sobre la cantidad complementaria que ya venían recibiendo desde 1990.

Los 111.000 perceptores de pensiones no contributivas recibirán 75,26 euros, de una sola vez, como ayuda extraordinaria que no consolida, efectiva la semana próxima. Los 145.000 beneficiarios de pensiones de viudedad con complementos de mínimos cobrarán de una sola vez 112 euros en el ejercicio presupuestario próximo. El conjunto de complementos supone 42,1 millones de euros de recursos "exclusivos" de la comunidad autónoma que, según el Ejecutivo, proceden del ahorro de la Consejería de Economía en márgenes financieros.

El ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, aseguró ayer, tras el Consejo de Ministros, que el Ejecutivo va a recurrir los tres decretos aprobados por la Junta, informa Santiago Carcar. "La ley [de pensiones] la hemos hecho para que se cumpla por encima de todo y, por tanto, todo lo que la vulnere será recurrido" dijo Zaplana. El recurso se presentará ante el Constitucional. "Queremos impedir", añadió Zaplana, "la fragmentación del sistema público de pensiones garantizado en la Constitución".

Zaplana, que resaltó el apoyo público del PNV a la iniciativa de la Junta andaluza, prueba en su opinión que la medida "fragmenta" y debilita el sistema y atribuyó las medidas del Gobierno andaluz a "una respuesta" a la decisión del Gobierno central de subir las pensiones. El ministro vinculó, además, la decisión de la Junta de subir las pensiones no contributivas de forma "no muy cuantiosa" a una estratagema que se repite "cerca de procesos electorales". Tanto el ministro como el candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, destacaron que la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley es un precepto constitucional que hay que cumplir. Y que las pensiones y la sanidad son dos servicios públicos que deben ser iguales para todos los españoles independientemente de en qué comunidad residan.

Mientras, el grupo parlamentario de CiU en el Congreso se sumó al PNV en el apoyo a la Junta. Su portavoz, Carles Campuzano calificó la posición del Gobierno de "cacicada" y anunció que su formación promoverá un recurso ante el Constitucional. El consejero vasco de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, pidió a las tres diputaciones vascas que se opongan a la ley. El conseller en cap en funciones, Artur Mas, dijo: "Nosotros seguiremos pagando los complementos, y ya veremos si el Gobierno lleva a la Generalitat a los tribunales". ERC defendió la misma posición.