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OFENSIVA CONTRA EL 'PLAN IBARRETXE'

El Gobierno reforma el Código Penal para encarcelar a Ibarretxe si convoca el referéndum

La respuesta "serena y contundente" al PNV contempla también penas de prisión para Atutxa

El lehendakari, Juan José Ibarretxe, podrá ser condenado a penas de tres a cinco años de cárcel y entre seis y diez años de inhabilitación absoluta si finalmente decide convocar el referéndum sobre su plan soberanista, medida que anunció el pasado octubre. A su vez, el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, también del PNV, podría ser condenado con penas de tres a cinco años de prisión por subvencionar con fondos públicos al grupo parlamentario de la disuelta Batasuna. El Consejo de Ministros dio ayer luz verde, a propuesta de Justicia, a una acelerada reforma del Código Penal que se tramitará a través de una enmienda del Grupo Popular del Senado a la Ley Orgánica de Arbitraje y que entrará en el Boletín Oficial del Estado antes de fin de año.

El ministro de Justicia, José María Michavila, presentó ayer ante el Consejo de Ministros un informe con tres nuevas iniciativas legales, dos de ellas dirigidas contra las instituciones vascas, gobernadas por el PNV, EA e IU, y una tercera de apoyo a las víctimas del terrorismo. El Gobierno aprovechará la actual tramitación en el Senado de algunas leyes referidas a temas judiciales para introducir con carácter inmediato estas reformas, que considera urgentes. Entrarán en vigor antes de la disolución de las Cámaras que José María Aznar materializará a primeros de enero.

El portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, que acompañó a Michavila en la presentación del informe, afirmó que los objetivos políticos de estas medidas, anunciadas por sorpresa y sin previo consenso con el primer partido de la oposición, son la "respuesta serena y contundente al camino emprendido por el PNV: del consenso a la confrontación total".

Las medidas impulsadas por Justicia y aprobadas por el Consejo de Ministros se sitúan en tres ejes muy precisos y responden a retos muy concretos: La penalización de la convocatoria del referéndum anunciado por Ibarretxe; la penalización de la autoridad que subvencione a partidos políticos disueltos y la creación de la Oficina de Víctimas del Terrorismo en la Audiencia Nacional.

- Penalización de la convocatoria de referéndum. A la advertencia realizada por el lehendakari el 28 de octubre, de que piensa convocar un referéndum consultivo sobre su plan dentro de año y medio, el Gobierno contraataca con una reforma parcial del Código Penal que penaliza al autor de la convocatoria de un referéndum ilegal, como sería el de Ibarretxe en caso de que lo materializara.

La reforma se materializa en un nuevo artículo del Código Penal, el 506 bis, que penaliza con prisión de tres a cinco años e inhabilitación absoluta entre seis a diez años a la autoridad que, careciendo de competencias, conovocase o autorizase elecciones generales, autonómicas, locales o consultas populares por vía de referéndum. Este artículo se aplicaría a Ibarretxe en el caso de que convocase el referéndum que ha anunciado ya que, según la Constitución, el lehendakari no tiene competencias para ello, según afirmó ayer el ministro de Justicia.

El artículo 506 bis del Código Penal también castigará con penas de uno a tres años de prisión a la autoridad o funcionario que promoviera o asegurase el proceso electoral o el referéndum ilegal.

Otro nuevo artículo del Código Penal, el 521 bis, castigará con penas de seis meses a un año de prisión o multa de 12 a 24 meses a los interventores o a quienes faciliten, promuevan o aseguren el proceso electoral o referéndum ilegal.

- Penalización a la financiación de un partido disuelto. Ante la decisión del presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, y de la Mesa de la Cámara de Vitoria de mantener la subvención pública al grupo parlamentario Socialista Abertzalek -continuidad de la ilegalizada Batasuna-, en desobediencia con lo que resolvió el Tribunal Supremo, el Gobierno central creó ayer una nueva figura legal para tratar de impedirlo.

El nuevo artículo 576 bis del Código Penal sancionará con penas de entre tres y cinco años a la autoridad que subvencione con ayudas públicas a partidos disueltos. El mismo artículo precisa que se impondrá una pena superior en grado a la anterior a la autoridad y funcionario que mantuviese su posición, una vez requerido judicial o administrativamente.

- Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo. En el mismo paquete de reformas del Código Penal, el Consejo de Ministros aprobó el desarrollo de una previsión recogida en la ley de cumplimiento íntegro de las condenas por terrorismo: la creación de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo, que se establecerá en la Audiencia Nacional. Se materializará a través de una reforma en la Ley Orgánica del Poder Judicial que aprobará el Congreso el 11 de diciembre.

De este modo, los familiares de las víctimas podrán efectuar un seguimiento inmediato de los casos que les afectan directamente. Los condenados por terrorismo, una vez cumplida la condena y antes de salir de prisión, tienen que indemnizar a sus víctimas, según recordó Michavila.

La misma reforma refuerza la Audiencia Nacional, que dotará a cada una de sus secciones penales de un nuevo magistrado, ampliará en un 25% el número de fiscales y aumentará sus recursos materiales y tecnológicos.

El ministro de Justicia anunció que el Gobierno pretende lograr un acuerdo con los partidos en la tramitación de esta ley en el Senado. Ayer mismo, el portavoz del PP en la Cámara Alta, Antolín Sanz, se puso en contacto con los grupos parlamentarios para pedirles una negociación de la propuesta, que calificó de "reforzamiento del Estado de Derecho".

La contraofensiva del PP

La reforma legal que el Gobierno anunció ayer se plasmará en el Senado mediante las siguientes enmiendas del PP en la tramitación del proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de Arbitraje, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial.

I.- En el Título XXII del Código Penal, dedicado a recoger los Delitos contra la Constitución y en su capítulo III, Delito contra las Instituciones del Estado y la división de poderes, se añade un nuevo artículo 506 bis para evitar la usurpación de funciones constitucionales convocando ilegalmente procesos electorales o referéndum y con la siguiente redacción:

1.- "La autoridad o funcionario público que, careciendo manifiestamente de competencias o atribuciones para ello, convocare o autorizare la convocatoria de elecciones generales, autonómicas o locales o consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de las modalidades previstas en la Constitución, será castigado con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre tres y cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta".

2.- "La autoridad o funcionario público que, sin realizar la convocatoria o autorización a que se refiere el número anterior, facilite, promueva o asegure el proceso de elecciones generales, autonómicas, o locales o consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de las modalidades previstas en la Constitución convocadas por quien carece manifiestamente de competencia o atribuciones para ello, una vez acordada la ilegalidad del proceso será castigado con la pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre uno y tres años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta".

Asimismo, en el capitulo IV dentro de los Delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas se establece un nuevo artículo 521 bis con la siguiente redacción:

1.- "Los que, con ocasión de un proceso de elecciones generales, autonómicas, o locales o consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de las modalidades previstas en la Constitución convocadas por quien carece manifiestamente de competencias o atribuciones para ello, participen como interventores o faciliten, promuevan o aseguren su realización una vez acordada la ilegalidad del proceso serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses".

II.- A fin de evitar que se pueda financiar impunemente con dinero de los ciudadanos a partidos políticos o grupos parlamentarios ilegalizados por ser instrumento del terrorismo se establece un nuevo artículo 576 bis con la siguiente redacción:

1.- "La autoridad o funcionario público que allegara fondos o bienes de naturaleza pública, subvenciones o ayudas públicas de cualquier clase a asociaciones ilegales o partidos políticos disueltos o suspendidos por resolución judicial por llevar a cabo conductas relacionadas con los delitos a que se refiere esta Sección, así como a los partidos políticos, personas físicas o jurídicas, entidades sin personalidad jurídica y, en particular, grupos parlamentarios o agrupaciones de electores que, de hecho, continúen o sucedan la actividad de estos partidos políticos disueltos o suspendidos será castigado con la pena de tres a cinco años de prisión".

2.- "Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado anterior a la autoridad o funcionario público que continuase con cualquiera de las conductas previstas en este artículo una vez requerido judicial o administrativamente para que cese en las citadas conductas".

III.- Las medidas se complementan con el desarrollo de las previsiones de la Ley 7/2003 para el cumplimiento íntegro de las condenas por terrorismo. A tal efecto, y con la aprobación en el Congreso de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), el Ministerio de Justicia establecerá en la Audiencia Nacional una Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo. La medida se enmarca en un plan de refuerzo de la Audiencia Nacional que dotará a cada una de las secciones penales de la Audiencia de un nuevo magistrado, ampliará en un 25 por ciento el número de fiscales, establecerá más recursos humanos, materiales y tecnológicos y abordará la creación de una nueva sede en la Audiencia Nacional.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 29 de noviembre de 2003

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