El PSOE asegura que no fue informado y acusa al Gobierno de "electoralismo"

El PSOE no fue informado previamente de la decisión del Consejo de Ministros de ayer de aprobar la reforma del Código Penal. Pese a la existencia de un Pacto Antiterrorista que compromete al Gobierno a acordar con los socialistas medidas que afectan a esta materia, el PP no dio a conocer hasta ayer al PSOE su decisión. El ministro de Justicia, José María Michavila, precisó: "Se lo hemos comunicado al mismo tiempo que a los ministros".

Con estos antecedentes, el secretario de Libertades Públicas del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, acusó al Gobierno de "transgredir los principios en los que se basa el Pacto Antiterrorista" y de realizar, "una vez más, una utilización perversa del Consejo de Ministros como plataforma electoral en temas que no lo admiten".

Juan José Laborda, portavoz del PSOE en el Senado, cámara en que se va a tramitar la ley, denunció al Gobierno por "hacer recaer las responsabilidades políticas sobre los jueces, en vez de asumir los conflictos en el área política". También denunció el carácter "excepcional" de la ley, que "está hecha para penalizar a [Juan José] Ibarretxe y [Juan María] Atutxa".

"De tapadillo"

López Aguilar subrayó que la iniciativa del Gobierno supone "modificar el Código Penal estableciendo penas privativas de libertad en 10 días a través de una enmienda en el Senado, de tapadillo, en un debate inexistente y sin ninguna reflexión. No es serio en un Gobierno que se llena constantemente la boca de Constitución y democracia. Produce náuseas tanto esperpento".

La aprobación por el Gobierno de la reforma se produjo el mismo día en que el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, se entrevistaba con una delegación de la Fundación de Víctimas del Terrorismo a la que garantizó el apoyo al Pacto Antiterrorista "hasta que ETA se disuelva".

También informó a dicha delegación de su iniciativa para que el presidente del Gobierno proponga en la próxima reunión de jefes de Estado y de Gobiernos de la Unión Europea una declaración formal para que los territorios "que quiebren el marco legal y emprendan un camino en solitario sepan que rompen también con la Unión".

Por su parte, el portavoz adjunto de CiU en el Congreso, Manel Silva, señaló ayer que se opone "rotundamente" a la reforma del Código Penal porque "criminaliza el plan Ibarretxe" y porque es "desafortunado responder a un proyecto político con medidas jurídico-penales".