El Gobierno derogará la norma que permite encarcelar a quien convoque un referéndum ilegal

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado hoy que mañana el grupo parlamentario socialista presentará en el Congreso una Proposición de Ley Orgánica para derogar la reforma del Código Penal, que tipifica como delito la convocatoria de referendos y procesos electorales no autorizados por las cortes. Esta modificación, que salió adelante durante el Gobierno de José María Aznar, va contra el plan soberanista del lehendakari, Juan José Ibarretxe, que prevé una consulta al pueblo vasco.

Zapatero ha respondido así en el Pleno del Congreso a una pregunta del diputado del PNV Josu Erkoreka sobre sus planes para reformar el Código Penal e impedir que un dirigente político pueda ser condenado por convocar un referéndum sin los requisitos legales. El presidente de Gobierno ha ratificado "plenamente" su opinión respecto a la reforma que puso en marcha el PP, que ya denostó en su día y que hoy ha calificado de "desafortunada, superflua e inapropiada", además de "poco respetuosa", en la forma, con el "funcionamiento normal del Parlamento".

El pasado 28 de noviembre, el Consejo de Ministros, entonces dirigido por Aznar, aprobó una reforma del artículo 506 del Código Penal por la que se establecían penas de tres a cinco años de prisión e inhabilitación absoluta entre seis y diez años a la autoridad que, careciendo de competencias, convocase o autorizase elecciones generales, autonómicas, locales o consultas populares por vía de referéndum. Esta medida iba directamente contra el plan de libre asociación de Ibarretxe, que anunció que consultaría su plan con el pueblo vasco en referéndum. La reforma fue tramitada mediante una triquiñuela, a través de una enmienda del Grupo Popular del Senado a la Ley Orgánica de Arbitraje, para acelerar su aprobación, que se produjo finalmente el 18 de diciembre, en un pleno en el que la oposición en pleno se negó a votar en protesta ante una norma que consideraban abusiva y desproporcionada.

Salvar la democracia

Zapatero se ha dicho "plenamente convencido" de que a esta iniciativa del grupo socialista "se van a sumar un número importante de grupos de la Cámara y confío -en referencia a Erkoreka- que el grupo que usted representa también lo haga". El presidente del Ejecutivo ha recordado en que este compromiso ya "lo expresamos con rotundidad en esta Cámara, ante la opinión pública, en la campaña electoral, en el discurso de investidura y hoy lo ratifico plenamente".

Por su parte, el diputado del PNV ha considerado que la derogación de esta norma es urgente, "no para salvar a tal o cuál presidente democrático, sino para salvar la democracia misma, las libertades, la libertad ideológica, el pluralismo político y las esencias de la voluntad popular". Erkoreka ha recordado también la sesión "convulsa" en la que fue aprobada la reforma y el "cauce poco ortodoxo" mediante el que se sacó adelante: sólo los votos del grupo popular permitieron una "una reforma que instituía el delito político y volvía a criminalizar la discrepancia ideológica". El diputado nacionalista ha justificado su pregunta en que, pese a la promesa de Zapatero de derogar esa reforma en este mismo periodo de sesiones, el tiempo "avanza inexorablemente y no vemos que dé a este tema la necesaria prioridad".

El que ha criticado la iniciativa del Gobierno ha sido el PP, por boca de su portavoz de Justicia, Ignacio Astarloa, que la ha calificado de "grave irresponsabilidad". A su juicio, el ordenamiento jurídico español debe contemplar "una respuesta clara y contundente" para quien quiera convocar ilegalmente una consulta, sea quien sea el ciudadano, independientemente de su cargo como presidente autonómico, aunque en especial si desempeña funciones públicas. Astarloa entiende que la iniciativa del Gobierno es "errónea" en "el fondo, en el momento y en el modo" y supone una "ruptura de España" y "rompe la Constitución y el estatuto de convivencia en la Comunidad Autónoma".