La nueva ley de discapacitados fija plazos de hasta 17 años para acabar con las barreras

El Senado dio ayer el visto bueno al proyecto de ley que establece nuevas medidas para hacer posible la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y su acceso a bienes y servicios. Sin embargo, algunas medidas correctoras pueden tardar hasta 17 años en llegar. Entre las novedades figura que el acusado de discriminar deberá demostrar su inocencia cuando existan "graves indicios" de culpabilidad. Las comunidades donde vivan discapacitados estarán obligadas a adaptar las zonas comunes en ciertos casos. El Gobierno regulará el uso de la lengua de signos antes de dos años.

El Senado aprobó ayer el dictamen del proyecto de ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad de las Personas con Discapacidad. El proyecto, para cuya elaboración se consultó con los representantes de las organizaciones de discapacitados, se convertirá en ley tras pasar de nuevo por el Congreso. "Fija unos plazos largos para la accesibilidad, pero al menos los establece", afirma Pilar Pacheco, asesora jurídica de Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos de España (COCEMFE).

En España existen 3,5 millones de personas con alguna discapacidad (física, sensorial o psíquica), según una encuesta que realizó en 1999 el Instituto Nacional de Estadística. La futura ley afectará a las personas con una minusvalía reconocida igual o superior al 33%. Se aplicará a las telecomunicaciones y sociedad de la información, a los espacios públicos urbanizados, las infraestructuras y la edificación, a los transportes, a los bienes y servicios a disposición del público y a las relaciones con las Administraciones Públicas.

- Igualdad de oportunidades. La futura ley define como tal "el resultado de sumar la ausencia de discriminación y las medidas de acción positiva [apoyos específicos para compensar las desventajas en la incorporación a la vida política, económica, cultural o social]".

- Vida independiente. El proyecto de ley se inspira en principios como la "vida independiente" (una persona con discapacidad debe poder decidir sobre su existencia y participar en la vida de su comunidad) y la "normalización" (debe poder acceder a los mismos lugares, bienes y servicios, que deben ser de accesibilidad universal gracias al "diseño para todos").

- Adaptar las Administraciones. Una vez aprobada la ley, el Gobierno dispondrá de un plazo de dos años para establecer las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que deberán reunir las oficinas públicas y los servicios de atención de las Administraciones. En un plazo de tres a cinco años tras la aprobación de la ley toda práctica administrativa discriminatoria "será corregida" y deberá estar garantizada la accesibilidad de todos los entornos, productos y servicios nuevos. En cambio, para los antiguos se establece un plazo de adaptación "de 15 a 17 años".

- Bienes y servicios públicos. También en este caso el Gobierno debe regular antes de dos años las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. Esos requisitos serán obligatorios en un plazo de cinco a siete años en los bienes y servicios nuevos de titularidad pública. Para los bienes y servicios nuevos de titularidad privada el plazo de adaptación será de 15 a 17 años. Los ya existentes deberán adaptarse en un plazo de 12 a 17 años, según su titularidad.

- Transporte. El Gobierno aprobará, en un plazo de dos años tras la entrada en vigor de la ley, las condiciones de accesibilidad y no discriminación en el uso de los medios de transporte. Entrarán en vigor en un plazo de cinco a siete años (contado a partir de la publicación de la ley) para las infraestructuras y vehículos de transporte nuevos. El plazo de adaptación será "de 15 a 17 años para todos aquellos existentes que sean susceptibles de ajustes razonables".

- Edificios y zonas públicas. El Gobierno debe aprobar antes de dos años los requisitos mínimos de acceso y utilización de los edificios y los espacios públicos urbanizados. Los nuevos deberán adaptarse en un plazo de cinco años (desde la aprobación de la ley). Los antiguos "que sean susceptibles de ajustes razonables" tendrán un plazo de 15 a 17 años.

- Medios de comunicación. En dos años el Gobierno regulará las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el acceso y uso de las tecnologías, los productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y los medios de comunicación. Los servicios nuevos deberán estar adaptados en un plazo de cuatro a seis años. Los antiguos deberán hacerlo en ocho o 10 años siempre que se requieran para ello "ajustes razonables".

- Demostrar la inocencia. El Gobierno se compromete a establecer un sistema arbitral que atienda y resuelva las quejas o reclamaciones por discriminación. Sin embargo, cuando ante los tribunales ordinarios se deduzca "la existencia de graves indicios de discriminación directa o indirecta por razón de discapacidad", se invertirá la carga de la prueba. Así, el juez podrá exigir al demandado "la aportación de una justificación objetiva y razonable de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad". Quedarán ajenos a esta novedad los procesos penales y algunos contencioso-administrativos.

- Adecuar el portal. La futura norma modificará la Ley de Propiedad Horizontal. La comunidad de vecinos estará obligada a realizar obras para adecuar los espacios comunes a un vecino con discapacidad o mayor de 70 años cuando su importe total "no exceda de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes".

- Lengua de signos. El Gobierno debe regular antes de dos años los efectos de la lengua de signos para garantizar a las personas sordas su aprendizaje y su uso.