A merced de la decisión de un juez

Que la discapacidad intelectual (coeficiente intelectual menor de 70) sirva para que el autor de un delito sea derivado a un hospital psiquiátrico y no a prisión en el caso de ser culpable depende de la sensibilidad del juez. Es uno de los retratos que ayer evidenciaron varios expertos en la primera jornada del congreso que celebra en Valencia la Confederación Española de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps). Fue Demetrio Casado, director técnico del Real Patronato sobre Discapacidad, el que en su ponencia cifró en un mínimo de 400 los retrasados mentales que reúnen condiciones para ser inimputables (no responsables penales) y que están internados. El 80% en centros penitenciarios comunes y el 20% en psiquiátricos penitenciarios. Muchos de ellos han pasado un periplo judicial, "susceptible de ser inmediatamente revisado por el daño que provoca", dijo Maite Casado, responsable de programas de Feaps. En su ponencia sobre los perfiles de los procedimientos que han llevado a las personas con discapacidad intelectual a prisión, ilustró con diez casos cómo la Justicia los afronta. Uno de ellos, el de un joven de 21 años, con discapacidad intelectual ligera (CI de entre 50 y 70) y una minusvalía del 66%, que se encontraba ingresado en un centro específico y, tras varios incidentes, el juez estimó que no era el recurso más adecuado y lo ingresó en prisión, donde aún está desde el pasado año. Otro, el de un hombre de 31 años, cuya minusvalía fue considerada por un juez y cumplió internamiento en un psiquiátrico, en el que llegó a ser jardinero. En las dos causas pendientes que tenía, los jueces no estimaron la discapacidad.

Javier Boix, catedrático de Derecho Penal por la Universidad de Valencia, confirmó que "el Código Penal tiene resuelto el tema de las discapacidades intelectuales" pero que "es necesario educar la sensibilidad de jueces y fiscales, así como que el Gobierno deje a golpe de noticia de introducir disposiciones".