El Fondo critica la financiación de inversiones fuera del presupuesto

El informe del FMI presentado ayer analiza 16 puntos y, además de dedicar tres al endeudamiento de las familias y el sector inmobiliario, se explaya sobre la política fiscal del país. El Fondo arranca con elogios y los fundamenta, pero ya al final incorpora una novedosa recomendación: el Fondo cree que la proliferación de modalidades de financiación alternativa de la inversión pública (a través de empresas públicas o de proyectos mixtos de inversión pública y privada) provoca que la cuantificación y control de su impacto fiscal a largo plazo "sean mucho más complejos".

Para evitar esto, el FMI considera necesaria "una evaluación cuidadosa de los contratos", para dejar clara la división de riesgos entre la administración y el sector privado, y recomienda que los compromisos adquiridos por las autoridades se sometan a escrutinio público. El Fondo opina que "la participación del sector privado en estas operaciones es un instrumento útil, cada vez más utilizado en toda Europa, pero recuerda que, dada la complejidad de los contratos, también puede oscurecer la identificación de los pasivos del sector público en dichos proyectos".

Crecimiento sostenido

Pese a todo, el informe valora que, durante la desaceleración mundial de los últimos tres años, el crecimiento en España se ha mostrado "resistente y extraordinariamente rico en creación de empleo y la convergencia real ha seguido progresando", gracias a la estabilidad fiscal y a las reformas estructurales, y calcula que el PIB crecerá este año por encima del 2,3% y por debajo del 3% en 2004.

El informe aconseja, no obstante, equilibrar más el patrón de crecimiento para hacer frente a los riesgos derivados del persistente diferencial de inflación. El FMI cree que es clave trasladar el dinamismo económico desde el consumo privado y la construcción hacia la exportación y la inversión en equipo.

El Fondo considera clave la reforma del sistema de pensiones que, tras unas primeras medidas en 1997, acumula "repetidos retrasos" y que debería centrarse en un aumento gradual de la edad de jubilación efectiva y en el fortalecimiento del vínculo entre las contribuciones y las prestaciones. Además, aboga por reformar el modelo de negociación colectiva, ligando más los salarios a la productividad, y por reducir las rigideces de los contratos fijos para combatir la temporalidad.