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VIOLENCIA DOMÉSTICA

Justicia reconoce la necesidad de acortar los pleitos de separación para evitar las agresiones

El director general para la Modernización de la Justicia, Alberto Dorrego, cree necesario que la justicia agilice los trámites de separación, "ya que es en estos procesos cuando la tensión crece y se producen muchos crímenes". De las cinco mujeres asesinadas este mes, cuatro estaban en procesos de separación. Y otra mujer resultó herida grave en los juzgados de Álcazar de San Juan (Ciudad Real) cuando su marido, del que se estaba separando, la apuñaló antes de inciar un juicio de conciliación famliar. Dorrego admitió que estos procesos tardan demasiado en realizarse, y cree que hay que tomar las medidas cautelares en un plazo de 10 o 15 días.

La diputada de IU Marisa Castro criticó que el Gobierno del PP se dedique a aprobar medidas como la orden de protección y luego no las dote de los fondos necesarios para que se apliquen debidamente. "No puede ser que se destinen 300 millones a armamento y nada a políticas de igualdad, porque la igualdad de géneros es la base para acabar con este tipo de violencia", dijo. Castro lamentó que el Gobierno dé más importancia a las víctimas del terrorismo de ETA que a las del "terrorismo de género". "Todas las vidas humanas valen lo mismo, aunque, por desgracia, parece que no para todos", dijo.

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Mercé Pigem, de CiU, no ve una razón que justifique el aumento de muertes de mujeres a manos de sus parejas. Aunque apunta como posibilidad el que éstas estén perdiendo el miedo a reivindicar sus derechos. La diputada catalana cree que existe un nuevo tipo de asesinatos, en el que la primera agresión se convierte en la muerte, y mostró su preocupación por el tratamiento que se debería dar a estos casos. Desde la Comisión del Congreso de Malos Tratos, Consuelo Abril centra sus críticas en la escasa efectividad de la orden de protección. La falta de recursos, tanto humanos, económicos como sociales, hacen que esta medida, adoptada hace tres meses, no esté dando los resultados esperados, dice. "Con medidas legislativas no se cambia la mentalidad de un país. Hay que conseguir la tolerancia cero con los maltratadores y por ahora no se está alcanzando para nada ese objetivo", lamentó. La diputada del PP y miembro de la Comisión del Derecho de la Mujer, Carmen Quintanilla, como casi todas, aboga por mejorar la educación "porque todavía vivimos en una sociedad muy machista y patriarcal a pesar de los 25 años años de concienciación".

La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Enriqueta Chicano, lamentó la falta de voluntad de los políticos para acabar con el problema de la violencia de género. Y se quejó de la nula predispoción al diálogo del Gobierno.

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