El 'plan Ibarretxe' de la justicia

"Los jueces que no saben euskera deberían dejar el sitio a quienes saben la lengua o entienden mejor el país e irse a otro lado, que la justicia es ancha y España también". Entre este planteamiento excluyente del máximo líder del PNV, Xabier Arzalluz, y la definición precisa del Poder Judicial Vasco que el lehendakari Ibarretxe ha plasmado en su propuesta median menos de siete años. Nadie podrá decir que el PNV ha escondido durante estos años sus cartas en su ensoñación de modelo judicial para el País Vasco.

Esa declaración de intenciones, realizada en noviembre de 1996 por Arzalluz a escasos metros de la tumba de Sabino Arana, y la ponencia aprobada por la Asamblea General del PNV en enero de 2000 "Sobre el Poder Judicial Vasco" es el marco de juego donde Ibarretxe ha colocado sus cinco artículos Del Poder Judicial. El

"Todos los que no comulguemos con el plan tendremos que abandonar las plazas"

"Hay elementos que pueden contribuir a aumentar las garantías de independencia"

Consejo Judicial Vasco.

Todo estaba ya ahí hace años: la posible "desaparición" de la Audiencia Nacional, la creación de un "Consejo del Poder Judicial de Euskadi", la reducción del Tribunal Supremo a tareas de "unidad de doctrina" o la exigencia a los jueces y funcionarios judiciales del "uso del euskera" (atemperada en la propuesta del lehendakari por una redacción más dulce: tener en cuenta el "carácter preferente" del conocimiento del euskera para la promoción en la carrera judicial). Ibarretxe lo único que ha hecho es articularlo.

Juan Luis Ibarra, que en los próximos días tomará posesión como presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior, va más lejos y prefiere centrarse en la "autoría" intelectual de la exigencia de un Poder Judicial Vasco: HB. Ahora, "la reivindicación de un Poder Judicial Vasco, aparece compartida con Batasuna por PNV, EA e IU. Y los jueces no debemos olvidar que esta reivindicación ha sido invocada por la organización terrorista ETA para asesinar al magistrado Lidón y procurarnos una ininterrumpida violencia de persecución desde 1997. Es imposible olvidarse de este origen espurio y netamente liberticida de la reivindicación de un Poder Judicial Vasco", opina.

Para otros, en cambio, el problema es que a algunos jueces se les ha olvidado el juramento que hicieron al tomar posesión acerca de su obligación de "guardar y hacer guardar" la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. "Es como el cura católico al que le gustan las mujeres: si quiere estar con mujeres, tiene que colgar el hábito. Esto es igual, con el modelo propuesto por Ibarretxe los jueces de hoy no podríamos seguir trabajando aquí".

El que habla es un magistrado de origen asturiano con 14 años de ejercicio en los tribunales vascos que prefiere -"muy a mi pesar"- mantenerse en el anonimato. No por miedo, sino para evitar una recusación a destiempo. Por sus manos deberá pasar alguna de las causas colaterales que ya rodean a la presentación del plan Ibarretxe.

"El problema es que Ibarretxe es un trilero. Dice proponer un debate intelectual, de ideas, pero mientras tanto está colocando unilateralmente la carga para proceder a la voladura del marco constitucional y estatutario. Y en el tema de la justicia es más que evidente con la quiebra del principio de unidad jurisdiccional". Es lo que los jueces denominan en sus sentencias "un hecho notorio que no requiere de prueba alguna".

Con un montón de años a sus espaldas bregando en los tribunales vascos, la magistrada Garbiñe Biurrun, actualmente en la Sala de lo Social del Tribunal Superior, considera, por el contrario, que "la unidad jurisdiccional está garantizada" en la propuesta del Gobierno vasco. Su jefe inmediato en la misma sala, el magistrado presidente Manuel Díaz de Rabago, ambos pertenecientes a la asociación progresista Jueces para la Democracia, niega la mayor. A su juicio, "la propuesta de estatuto no diseña un poder judicial vasco". El espacio judicial diseñado en la propuesta "en la medida en que [la comunidad] no se constituye como un Estado propio, al asumir su integración en el Estado español, admite que se juzga por el poder de éste, respetando así el principio de unidad jurisdiccional". Embarcados en lo que parece una lucha fratricida entre los Gobierno central y vasco, la judicatura ha sido otro campo de batalla más. A una frase altisonante de Arzalluz, le seguían "actuaciones judiciales realizadas bajo el impulso del poder político", según los nacionalistas. Una andanada del consejero vasco de Justicia de turno era respondida con pura gasolina por alguno de los vocales delegados para el País Vasco del Consejo General del Poder Judicial. Más que consejeros, magistrados, vocales, ministros o presidentes de altos tribunales tocados por el dedo de la diosa griega Themis, en ocasiones sus actuaciones han favorecido una imagen más propia de jolgorio en el bazar o de película de gánsteres que de Justicia con mayúsculas.

Para la presidenta de la Audiencia de Vizcaya, Ana Iracheta, "los indicios más esclarededores para entender la configuración que el nacionalismo vasco tiene del Poder Judicial están en la dinámica de tensión creciente frente a la Administración de Justicia en el País Vasco, adoptada como directriz por los gobiernos de Ibarretxe".

Iracheta denuncia el "trato irreverente" dispensado por el Ejecutivo a los jueces y como consecuencia de todo esto "la aversión del nacionalismo a un Poder Judicial independiente, robusto, diverso y por ello inmune a dictadas visiones de la realidad", algo que se destilaría en la propuesta de Ibarretxe. Por el contrario, Biurrun subraya que el plan tiene "elementos que pueden realmente contribuir a aumentar esas garantías de independencia". Y como muestra de ello señala el criterio mixto para la elección del Consejo Judicial Vasco, garantizando la elección de una parte de sus miembros entre los jueces y magistrado que ejerzan en Euskadi. O la elección del fiscal jefe del alto tribunal vasco por el Consejo Judicial Vasco, algo "novedoso y valiente, favoreciendo un Ministerio Fiscal más independiente y, desde luego, no conectado al Ejecutivo, lo que nos alejaría del muy favorablemente del negativo modelo actual".

Desde la judicatura Navarra se ve el debate desde el burladero. Con atención, entrando en la página web del Gobierno vasco para leer y releer la propuesta. Y sacar después el texto de la Carta Magna. Y pensar que "la legitimación democrática de nuestra labor deriva de la Constitución y en tal sentido entiendo que es plena".

El magistrado Juan Manuel Fernández, adscrito a la Audiencia de Pamplona, asegura que la quiebra que produce el texto articulado de la unidad jurisdiccional traería como consecuencia algo que Ibarretxe niega una y otra vez: "El reconocimiento de un Estado independiente, de modo que se originarían relaciones similares a las que se dan hoy en día con los países de la Unión Europea", explica Fernández.

Ante ese choque de trenes al que, según todos los observadores, está abocada la propuesta del Ejecutivo autónomo entre la locomotora de la legalidad y la de la legitimidad, muchos de los jueces y fiscales consultados ven en el imperio de la ley la estación infranqueable que debe hacer descarrilar el tren de las legimitidades que conduce Ibarretxe. Eso o "hacer las maletas", dicen los más pesimistas. El fiscal Alejandro Torán, de la conservadora Asociación de Fiscales, tiene claro que la propuesta plantea "una justicia a medida para los nacionalistas y trata, en suma, de deslegitimar el sistema judicial actual. Todos los jueces y fiscales que no comulguemos con esos planteamientos deberíamos abandonar nuestra plaza", anuncia.

275 jueces y fiscales ejercen su función en Euskadi ¿Y si la propuesta sirviera para que los jueces, todos ellos, y los fiscales, todos ellos, dejaran de llevar escolta?

Sólo el planteamiento genera una sucesión de calificativos que únicamente permite una interpretación: "inmoral", "argumento ingenuo y a la vez perverso", "peaje que no estoy dispuesto a pagar". En cualquier caso, nadie ve una relación directa entre un Poder Judicial vasco y el no tener que llevar escolta. Hay quien cree a pies juntillas en la promesa del lehendakari de que la consulta se hará en ausencia de violencia. "Llegado ese día, sea cual sea el resultado, no sería preciso que llevásemos escolta", afirma Díaz de Rábago, al tiempo que como todos no cree que el diseño del espacio judicial en Euskadi sea un "elemento determinante de que jueces y fiscales no tengamos que llevar protección personal". El juez decano de Bilbao, Alfonso González Guija, cree que un "Poder Judicial Vasco forma parte de un proyecto político de índole soberanista" pero no ve "ninguna relación" entre ese poder y el "fin de la amenaza que impone ETA" a jueces y fiscales.

El juez navarro Juan Manuel Fernández le da la vuelta al planteamiento. "En la medida que el modelo no sea útil para mejorar la convivencia ciudadana tampoco lo será para arreglar la situación" de la obligación de llevar escoltas.

Nerea Magallón sueña con ese amanecer todos los días desde que en diciembre de 2001 su madre se vio obligada a llevar una sombra tan indeseada como necesaria. El asesinato, un mes antes, del magistrado José María Lidón a manos de ETA cerraba una tela de araña que se había ido tejiendo lentamente entre los señalamientos de unos, las deslegitimaciones de otros y la complacencia, cuando no el pacto político, con el nacionalismo radical.

Magallón lo dejaba expresado con claridad en una carta al director escrita bajo el peso de la nueva situación que se vivía en su familia tras el primer asesinato de un juez en Euskadi. "Animo a todas estas personas [amenazadas], y a mi madre muy especialmente, a que salgan a la calle sin vergüenza alguna con su escolta o sus escoltas; incluso a que salgan más de lo que salían antes, pero que no se queden en casa, porque toda la sociedad en general y la sociedad vasca en particulatr (acostumbrada a mirar para otro lado) tiene que despertar ante la terrible situación a la que nos ha llevado el fanatismo y darse cuenta de lo que es ir a comprar calcetines con una persona pisándote los talones por el solo hecho de querer vivir en tu ciudad y hacer tu trabajo".

La propuesta de Ibarretxe, según algunos expertos juristas, supondría la desaparición de la jurisdicción en Euskadi de la Audiencia Nacional y que los terroristas fueran juzgados en Euskadi. Nadie duda de la capacitación de los jueces para realizar ese trabajo, aunque todos admiten la presión en la que se iba a desarrollar su trabajo. "Si vamos a instruir y enjuiciar delitos de terrorismo seguiremos siendo tan enemigos, si no más, de ETA y las medidas de seguridad deberá aumentarse", señala una juez originaria de Cataluña que eligió un buen día como destino Euskadi. Otros como Ibarra piensan que el precio a pagar seria la "absoluta ineficacia en la política terrorista" y recuerda cuando en Italia, en la época del juez Giovanni Falcone, se optó por ese modelo de atribución territorial de competencias de enjuiciamiento a la judicatura de Palermo. "Sería absolutamente frívolo no recordar el precio humano y profesional pagado por ello".