El Gobierno promueve una reforma legal para que la consulta que planea Ibarretxe sea delito

Convocar un referéndum o elecciones sin tener competencia para ello o participar institucionalmente como interventor en el mismo será delito y estará penado hasta con cinco años de cárcel. El Gobierno ha aprobado hoy, en Consejo de Ministros, promover una reforma del Código Penal que incluya este nuevo tipo delictivo. La medida pretende frenar la iniciativa del lehendakari, Juan José Ibarretxe, de someter a consulta su plan soberanista.

La reforma, anunciada por el ministro de Justicia, José María Michavil, se introducirá mediante una enmienda durante la tramitación de la reforma del Código Penal en el Senado. Además, el Ejecutivo ha aprobado otra modificación legal para tipificar como delito la concesión de fondos públicos partidos ilegalizados, lo que impediría la obtención de subvenciones por parte del grupo de Sozialista Abertzaleak, sucesor de Batasuna en el Parlamento vasco.

El titular de Justicia ha explicado que con estas medidas se trata de seguir aplicando la Ley de Partidos y que Batasuna no pueda seguir recibiendo fondos. Según ha indicado, gracias a la ilegalización, Batasuna y el entorno de ETA han dejado ya de ingresar 780 millones de euros anuales. Asimismo, Michavila ha anunciado un plan de refuerzo de la Audiencia Nacional, para que las víctimas del terrorismo sean informadas en el proceso de cumplimiento íntegro de penas y para que "un terrorista no puede abandonar la cárcel sin indemnizar antes a las víctimas".

Informe de Justicia

El Ejecutivo ha aprobado hoy estos cambios después del informe presentado por Michavila en el que se planteaban una serie de modificaciones para garantizar que un partido político, por razones de terrorismo, no sea apoyado por fondos públicos y también para evitar la convocatoria ilegal de consultas populares.

Pese a este anuncio el lehendakari, Juan José Ibarretxe, ha anunciado que si el Parlamento Vasco aprueba la propuesta de nuevo estatuto político convocará a la sociedad vasca a una consulta para su ratificación. En el turno de réplica de las mociones de censura que se están debatiendo en el Parlamento Vasco contra la consejera de Educación, ha insistido en que el PP y el Gobierno español sostienen que "los vascos no tienen derecho a decidir su futuro, ni siquiera a ser preguntados sobre su futuro".