Ibarretxe advierte al Gobierno de que el debate sobre su plan es "imparable"

El lehendakari, Juan José Ibarretxe, lanzó ayer una velada advertencia al Gobierno sobre cuál será su respuesta a la impugnación presentada el jueves ante el Tribunal Constitucional para que suspenda la tramitación de su plan secesionista. Ibarretxe proclamó que el debate sobre su plan "se ha iniciado y es imparable", y tildó la decisión del Ejecutivo de "barbaridad jurídica" pues, según él, los vascos "van a debatir y decidir su futuro". Mientras, los líderes de los sindicatos UGT y CC OO calificaron el plan Ibarretxe de "irracional" y destacaron que es un "órdago" y un "atentado a la democracia".

Juan José Ibarretxe avisó ayer, en una entrevista en Catalunya Ràdio, de cuál será su actitud ante la impugnación en el Tribunal Constitucional de sendos acuerdos del Ejecutivo de Vitoria y de la Mesa del Parlamento vasco con los que se inició la tramitación de su propuesta de Estatuto para que Euskadi se convierta en un Estado asociado con España.

Ibarretxe aseguró que los tribunales están para que "las leyes se cumplan" pero no para impedir "que se puedan plantear modificaciones de las leyes", y añadió que los jueces no pueden "impedir el debate sobre las normas básicas" en las que se basa la convivencia. Y, sobre todo, lanzó una advertencia: "El debate social y político se ha iniciado y es imparable".

La impugnación presentada por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional solicita la suspensión de la tramitación del plan Ibarretxe por "sus numerosas y graves violaciones de la Constitución" y porque busca la "secesión" del País Vasco de España. Juan José Ibarretxe mantiene que su plan es sólo "una idea democrática presentada para su debate en una institución democrática, que es el Parlamento vasco". Esa idea, aprobada el pasado día 25 por el Gobierno vasco, es el texto articulado de un nuevo Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi. Pero el lehendakari sostiene que el texto articulado, que incluye la posibilidad de que el País Vasco ejerza el derecho de autodeterminación, es sólo "una idea" y, por tanto, el recurso ante el Constitucional constituye "una barbaridad jurídica y política".

El ministro portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, no quiso adelantar qué hará el Ejecutivo si el Gabinete vasco se negara a aceptar la suspensión de la tramitación del plan, en el caso de que el Constitucional admita a trámite la impugnación. Zaplana sólo reiteró que el Gobierno central "no va a dejar pasar ni una" y que responderá a todas las iniciativas que adopte el Ejecutivo vasco para intentar llevar adelante su proyecto soberanista.

El lehendakari le respondió con el siguiente argumento: "El problema del Tribunal Constitucional, el problema de los tribunales es que las leyes se cumplan, no que se puedan plantear modificaciones de las leyes". El recurso de impugnación del Gobierno central enfatiza que es perfectamente posible plantear una modificación constitucional como la que prevé el plan Ibarretxe, pero que para ello debe respetarse el procedimiento que marca el artículo 168 de la Constitución. Es decir, el argumento de fondo de la impugnación del Gobierno ante el Constitucional es que el Ejecutivo de Ibarretxe ha asumido una competencia que no le corresponde al presentar bajo la apariencia de una reforma del Estatuto una radical revisión de la Constitución.

El lehendakari replica que el recurso ante el Constitucional pretende negarle capacidad de iniciativa política: "Ante las ideas, no se contesta con recursos". Y avisó: "La sociedad vasca va a debatir sobre estas ideas, y sobre las que quieran poner sobre la mesa el PP, el PSE y el resto de los partidos. Y la sociedad vasca va a decidir".

Vitoria contra el proyecto

Vitoria se convirtió ayer en el primer municipio vasco que pide, con los votos del PP y del PSE, la "retirada inmediata" del plan Ibarretxe, informa Eduardo Ortiz de Arri. Los socialistas recibieron esta vez el apoyo del PP, con pequeños cambios, a la moción que en otras ciudades, como Irún o Barakaldo, no han logrado acordar, y que hasta ahora sólo ha salido adelante en las Juntas Generales de Álava. En el texto, se exige al lehendakari que renuncie a "la ruptura política" y pide a los Gobiernos central y vasco el "desarrollo íntegro" del Estatuto. El PP y el PSE, que tienen mayoría en Vitoria, sacaron adelante la moción pese al rechazo del PNV y EA y la abstención de IU.

Los dos sindicatos mayoritarios se sumaron ayer al debate para rechazar el plan. José María Fidalgo, líder de CC OO, lo calificó de "atentado a la democracia" y de "órdago" a la sociedad española. "España está dotada de una Constitución válida", recordó Fidalgo, para quien es "particularmente grave" que sea una institución (el Ejecutivo vasco) quien pretenda vulnerarla. "¿Qué pensaríamos si otra institución del Estado que no fuera un Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma se pronunciara o intentara asumir funciones extraconstitucionales?", se preguntó. El líder de UGT, Cándido Méndez, calificó el plan de "irracional, burdo, negativo e ineficiente". Méndez apostilló: "Hay razones políticas, económicas, sociales y de toda índole para que UGT se oponga rotundamente al plan".