Frenar al nacionalismo también en Europa

El denominado plan Ibarretxe, como era previsible, ha suscitado todo tipo de reacciones adversas en la mayor parte de las fuerzas políticas y comunidades autónomas españolas. Pero con independencia de la discusión política en España, creo que este asunto tiene unos perfiles europeos que es interesante considerar porque tienen que ver con la nueva arquitectura de la Unión que diseña el borrador de Constitución.

En términos generales, las iniciativas del Gobierno nacionalista vasco han supuesto a lo largo de estos años un freno para las reivindicaciones de participación europea de las CC AA españolas. El Gobierno español utiliza las reivindicaciones vascas como razón o como coartada, según los casos, para bloquear muchos avances que ya serían realidad si la dinámica política interna fuera otra. Continuamente se nos opone a nuestras peticiones de mayor participación europea que la actitud desleal del Gobierno vasco es un obstáculo político que impide progresos para todos. En realidad, lo que conseguimos es dar a los nacionalistas una especie de derecho de veto sobre esta faceta del desarrollo autonómico y les regalamos un papel esencial con el que se sienten cómodos, porque alimenta su victimismo y les pone en una posición de negociación por encima de las demás CC AA.

El 'plan Ibarretxe' es una traición al pacto fundador de la España contemporánea

Pero esta situación no sólo nos afecta a las regiones españolas, sino a todas las regiones de la Unión, porque el Gobierno español adopta esta actitud reticente a los avances regionales también en las mesas europeas. En vez de ponerse con Alemania, con Bélgica o con Austria a remar a favor de un mayor papel regional en la Unión, juega a la contra o a la tibieza. Eso pasó con la no suscripción del protocolo adicional sobre subsidiariedad de Ámsterdam, con la oposición a que se hablara de las regiones con poder legislativo en Laeken, con la negativa en la Convención a apoyar un debate específico sobre el papel regional, etc. No es sólo una cuestión interna española, está afectando al movimiento regional europeo en su conjunto, porque un Gobierno que debería estar jugando a favor del papel regional, dada su estructura territorial, lo está haciendo en el mejor de los casos con una enorme tibieza. En ambos casos creo que es un error, porque los presidentes autonómicos (una inmensa mayoría al menos) podemos jugar un papel relevante en la defensa de los intereses nacionales en los foros de la Unión que nos correspondan.

El borrador de Constitución es un gran paso para Europa, aunque no lo sea tanto directamente para las regiones europeas en cuanto tales. Es la culminación de una gran obra política y económica que han llevado adelante varias generaciones de políticos europeos y que ahora nuestra generación tiene la suerte de culminar. Pero también creo que el borrador de Constitución no ha satisfecho las expectativas regionales más que en parte, que no recoge fielmente el enorme papel político que jugamos las regiones a la hora de legitimar ante los ciudadanos las políticas europeas. ¿Quién puede dudar del peso político de los länder alemanes o austriacos, o de las regiones belgas, españolas o italianas en sus sistemas políticos? Y sin embargo cuando eso hay que traducirlo a presencia en los mecanismos institucionales comunes europeos, hay obstáculos, algunos alegados por el Gobierno español. El borrador presenta algunos avances, pero se queda lejos de reflejar ese peso político real de las regiones en sus respectivos países. No olvidemos que dentro de unos meses muchos políticos regionales tenemos que pedir el voto para unas elecciones europeas y para un referéndum de aprobación de la Constitución. En un clima social, además, muy enturbiado por la reforma de la PAC, es decir, no en las mejores condiciones para hacer europeísmo por las calles de pueblos y ciudades. La insatisfacción con algunas políticas concretas, como las agrícolas y de pesca, tienen muy nervioso al mundo rural. Y esta insatisfacción es el caldo de cultivo para que algunos grupos políticos puedan enarbolar la bandera antieuropeísta o escéptica, queriendo capitalizar el descontento e incluso el posible desinterés. No creo que esto pueda poner en peligro el referéndum, pero puede alimentarse un voto de castigo injusto a la Constitución cuando a quien se quiere censurar es a un comisario concreto.

Y también tiene relevancia europea el plan nacionalista vasco de crear un nuevo tipo de relación política con España y, consecuentemente, con la Unión. Para muchos españoles se trata de romper el pacto constituyente que creó nuestra democracia moderna y que otorgó al País Vasco un nivel de autonomía política y financiera sin comparación en toda Europa. Y todo ello con el trasfondo de una violencia terrorista de objetivo independentista que golpea sin compasión a cualquier sector social, cultural, económico o político que se oponga a esa independencia, es decir, a más de la mitad de los vascos. Nosotros pensamos que el objetivo prioritario de cualquier Gobierno debe ser acabar con el terrorismo, porque sólo en ese caso habrá libertad de todos para pronunciarse sobre cualquier plan político. Negociar cuando rondando cerca de la mesa de negociaciones alguien tiene una pistola, no es negociar, es claudicar a los postulados de los violentos. Sólo por eso ya sería políticamente inaceptable negociar cualquier propuesta. Pero es que, además, la propuesta del Gobierno vasco es por su mismo contenido una traición al pacto fundador de la España contemporánea, un engendro jurídico y político que pretende aplicar en la Europa actual conceptos pensados para la descolonización africana y una bomba que se coloca en los cimientos de nuestra Constitución estatal, la misma que nos ha traído libertades, prosperidad y amplia autonomía para todos los territorios.

Y todo ello, como es lógico, tiene una innegable proyección europea. Sobre todo ahora que el borrador de Constitución prevé en su artículo 5 el respeto a las funciones estatales que garanticen su integridad territorial, que se lee en España como una garantía de las actuales fronteras, un obstáculo contra futuros intentos secesionistas. Una de las grandes cuestiones que sobrevuela el debate del plan nacionalista vasco es el futuro estatus europeo de la nueva entidad, no tanto por esa situación final, sino porque se entiende que poner a la población del País Vasco ante la tesitura de un futuro fuera de la Unión, enfriará muchos entusiasmos poco meditados. Yo espero que también desde los foros de la Unión, sin necesidad de inmiscuirse en el fondo de la cuestión, se lancen señales que adviertan de lo peligroso del precedente, y de que esta descabellada propuesta nacionalista puede ser el germen que en el futuro convierta a la Unión en una gran Yugoslavia sometida a tensiones territoriales sin fin y a un deterioro de esa convivencia que pretendemos con la Constitución europea. No podemos construir Europa destruyendo su base política esencial, que son los Estados. Si lo pretendemos se nos caerán ambos pilares, el estatal y el europeo. Y volveremos a la fase de las tensiones nacionalistas de las que salimos, con éxito, creando las comunidades tras una guerra devastadora.

No es por tanto éste un asunto puramente español; la propia futura Constitución continental lo convierte en un asunto de la agenda política europea y, aunque no fuera así, su conversión en un precedente para otras zonas de tensión y para alimentar esperanzas de los nacionalismos violentos es nítida. Por todo ello, por afectar a tantos elementos de la construcción europea, creo que éste es un momento adecuado para acompañar desde las regiones el esfuerzo de explicación del Gobierno a nuestros socios europeos en las recientes cumbres bilaterales con Alemania, Francia o Portugal. Así he intentado hacerlo yo mismo con la presencia de concejales vascos amenazados en el Comité de las Regiones hace unos meses y estos días con la denuncia del plan Ibarretxe en un importante foro regional celebrado en Salzburgo. Pero lamentablemente en esta ocasión, ningún dirigente político autonómico del PP estaba allí para reforzar esta denuncia. Ahora, las comunidades autónomas leales con nuestro país tenemos la oportunidad de hacer valer una voz bien ganada en los foros europeos y reforzar las posiciones constitucionalistas. Y de paso demostrar así que una voz fuerte de las regiones españolas en Europa es algo que nos conviene a todos, no sólo en esta coyuntura, sino como pauta general de actuación de España en todos los foros de la Unión.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra es presidente de la Junta de Extremadura.