El Gobierno quiere frenar el 'plan Ibarretxe' con el artículo 76 de la Ley del Constitucional

El ministro de Justicia, José María Michavila, anunció ayer que mañana presentará un informe ante el Consejo de Ministros en el que basará el recurso ante el Tribunal Constitucional contra el plan Ibarretxe. El Gobierno tiene previsto presentar sendos recursos contra el acuerdo del Ejecutivo vasco de remitir al Parlamento de Vitoria la propuesta soberanista de reforma de Estatuto, el plan Ibarretxe, y contra el acuerdo de la Mesa del Parlamento vasco, del martes pasado, de tramitar esa iniciativa por el procedimiento ordinario. Los recursos se basarán en el artículo 76 de la Ley del Tribunal Constitucional. Al mes de presentarse el recurso, el Constitucional decidirá su admisión a trámite, lo que paralizaría el plan Ibarretxe.

Los dos recursos del Gobierno central, el dirigido contra el acuerdo del Ejecutivo vasco y el dirigido contra la decisión de la Mesa del Parlamento de Vitoria,se acumularán a lo largo del procedimiento, "casi con toda probabilidad", en una única iniciativa que tendrá como elemento común la denuncia del "fraude de ley", aseguran en fuentes gubernamentales. En un caso, porque el Ejecutivo vasco camufla una reforma constitucional de calado como reforma estatutaria. En el otro, porque la Mesa del Parlamento vasco sigue el procedimiento ordinario de una reforma estatutaria, el marcado en el artículo 46 del Estatuto, cuando ha anunciado que lo quebrará porque convocará un referéndum, aunque las Cortes voten contra el plan Ibarretxe. Además, una reforma constitucional tiene su propio cauce.

El ministro de Justicia presentó el pasado viernes ante el Consejo de Ministros un informe del Servicio Jurídico del Estado en el que manifestaba que el plan Ibarretxe no sólo rompe con el Estatuto, sino que también lo hace con la Constitución, y lo precisaba en más de cien puntos.

Mañana, Michavila presentará el informe en el que se basará el recurso ante el Constitucional, en el que reclamará al Gobierno vasco que cumpla con su propio Estatuto y sus procedimientos de reforma. Los Servicios Jurídicos del Estado, que elaboran dicho recurso, lo fundamentarán en el artículo 76 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, titulado "De la impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las comunidades autónomas prevista en el artículo 161,2 de la Constitución". El ministro de Justicia insiste en que "no se impugna un proyecto de ley, que no es posible, sino un acto administrativo".

El artículo 76 dice: "Dentro de los dos meses siguientes a la fecha de su publicación o, en defecto de la misma, desde que llegare a su conocimiento, el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones normativas sin fuerza de ley y resoluciones emanadas de cualquier órgano de las comunidades autónomas".

El artículo siguiente, el 77, precisa las consecuencias del recurso: "La impugnación regulada en este título, sea cual fuere el motivo en que se base, se formulará y sustanciará por el procedimiento previsto en los artículos 62 a 67 de esta ley. La formulación de la impugnación comunicada por el Tribunal producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida hasta que el tribunal resuelva ratificarla o levantarla en plazo no superior a cinco meses, salvo que, con anterioridad, hubiera dictado sentencia".

La aplicación del recurso por el artículo 76 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional tiene algunos precedentes. El primero fue la interposición, en 1984, por el Gobierno socialista, del recurso contra el acto del Parlamento vasco de refrendo de Carlos Garaikoetxea como lehendakari. Firmó el refrendo, junto al Rey, el presidente del Parlamento vasco, cuando, según el artículo 64 de la Constitución, debía hacerlo el presidente del Gobierno central. El refrendo se amparaba en la Ley del Gobierno vasco de 1981.

La sentencia del Tribunal Constitucional, de febrero de 1987, declaró la inconstitucionalidad de la Ley del Gobierno vasco y reafirmó que correspondía al presidente del Ejecutivo español el refrendo del lehendakari.

El Gobierno central dispone de dos meses para recurrir ante el Tribunal Constitucional el plan Ibarretxe, pero pretende cortar su tramitación cuanto antes por razones políticas. "El Gobierno debe mostrar con su actitud firme la gravedad del proyecto secesionista de Ibarretxe". Michavila no descarta que se presente la próxima semana.