El conflicto por la ley del Vino se desbloquea después de casi un año

El proyecto de ley del Vino puede recuperar de nuevo su tramitación parlamentaria, tras pasar casi un año paralizada por culpa de un litigio entre la Diputación de Álava y el Gobierno vasco. La institución foral recurrió el texto ante la Comisión Arbitral, el organismo formado por siete juristas -tres propuestos por el Gobierno, otros tres elegidos por las diputaciones y el presidente del Tribunal Superior- que dirime los conflictos de competencias entre las administraciones vascas.

El aspecto más polémico se refería a la reestructuración de los viñedos, un asunto directamente ligado a las ayudas económicas. La Diputación las gestiona y el Gobierno las paga. Álava, sin embargo, acusó al Gobierno de invadir su parcela y saltarse la Ley de Territorios Históricos (LTH) para apropiarse de dicha competencia. La Comisión Arbitral admite que el artículo 10, que regula este aspecto, significaría la derogación efectiva de la LTH. Al tratarse de dos leyes con el mismo rango, la más nueva suprime los preceptos de la más antigua. De todos modos, la Comisión reconoce que el Ejecutivo está habilitado para introducir ese cambio si lo desea.

En realidad, pudo llegarse a un acuerdo sin que el proyecto del ley llegara a judicializarse. El consejero de Agricultura, Gonzalo Sáenz de Samaniego, remitió una carta hace un año al entonces diputado alavés Gabriel Chinchetru en la que le expresaba su disposición a retirar el artículo polémico. Ante la falta de contestación, el Gobierno lo mantuvo en el texto. En junio hubo un nuevo intento, pero tampoco se alcanzó un acuerdo.

En cualquier caso, el fondo del problema ya ha quedado casi resuelto. El Gobierno quiso introducir este cambio en la ley porque entendía que se producían demasiadas irregularidades en la tramitación de las ayudas. Este año, Agricultura ha obligado a que dos técnicos del departamento colaboren con los de la Diputación en la gestión de las ayudas con un programa informático elaborado por la consejería. "Las irregularidades se han reducido en un 90%", aseguró el Ejecutivo después de la campaña.

El proyecto incluía otros dos aspectos polémicos, relacionados con la capacidad sancionadora. La Diputación se quejaba de que el Gobierno se arrogase toda la competencia en este aspecto. Agricultura ya ha admitido su voluntad de modificar el artículo que lo regula. Lo ha hecho a través de dos enmiendas presentadas por el PNV en el Parlamento. En ellas se expresa algo similar a lo que pide la Comisión Arbitral: que en última instancia el Gobierno tendrá la competencia sancionadora en todos los aspectos, excepto en uno que compete sólo a las diputaciones, la viticultura, es decir, todo lo relacionado con la plantación y el cultivo de las vides.

Una vez que se ha pronunciado la Comisión Arbitral, el proyecto de ley puede seguir su tramitación. El Gobierno recalcó en su día que el texto cuenta con el apoyo de todo el sector relacionado con el vino.

Al mismo tiempo, la Comisión Arbitral falló también acerca de un litigio que mantienen el Departamento de Interior y la Diputación de Guipúzcoa. Ésta negó en octubre del año pasado a Tráfico los permisos necesarios para instalar en la N-I, a la altura de Olaberria, cámaras de televisión, un panel de información y sensores. La Comisión falló, como en varias ocasiones anteriores, a favor del Gobierno vasco.

Hace unos días, Guipúzcoa e Interior anunciaron que habían llegado a un acuerdo para resolver los conflictos pendientes en materia de tráfico. Sin embargo, decidieron no retirar este recurso pendiente.