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Editorial:

Coladeros fiscales

El grado de cumplimiento de las obligaciones fiscales es uno de los exponentes del buen funcionamiento de un Estado de derecho. El imperio de la justicia también tiene en la aplicación del mismo rasero fiscal para todos una de sus más importantes manifestaciones. La capacidad de un Estado para hacer cumplir esas obligaciones ha de ser igual de efectiva para los pequeños contribuyentes, por lo general los que perciben mayoritariamente rentas del trabajo (sujetos a la retención de oficio en su nómina, a cuenta del impuesto sobre la renta), que para aquellos que pueden valerse de mecanismos sofisticados para tratar de eludir o minimizar sus obligaciones tributarias. Pero no siempre pagan más, proporcionalmente, quienes más ganan ni quienes disponen de mayor patrimonio.

Quienes mejor conocen la existencia de esas posibles asimetrías en nuestro sistema tributario, los inspectores de Hacienda, acaban de hacer público un documento en el que se denuncian los distintos vericuetos por los que, al amparo de la normativa vigente, es posible llevar a cabo fraudes fiscales.

Son 14 vías concretas, lo que ellos denominan coladeros, de difícil persecución con las reglamentaciones en vigor. Esos coladeros parecen estar destinados al beneficio exclusivo de contribuyentes con gran poder económico, los que se detallan en el documento de referencia. Ese informe, aprobado por unanimidad durante el decimotercer congreso de la asociación que agrupa a 1.200 de los 1.400 inspectores de España, Apife, constituye una denuncia sin precedentes de las inconsistencias de nuestro sistema tributario. Ante afirmaciones del tipo de que "las autoridades fiscales no se esfuerzan lo suficiente en la lucha contra el fraude", en especial "el más sofisticado y complejo, organizado en tramas, alrededor de movimientos financieros transfronterizos o ligados a paraísos fiscales, y que beneficia a contribuyentes de gran poder económico", es difícil mantenerse insensible. El que "se promuevan normas que dificultan su persecución, o aparentemente destinadas al beneficio de esos mismos contribuyentes", es una denuncia emparentada con esa otra que atribuye enorme influencia a los grandes despachos de asesoría fiscal en el diseño de la política tributaria.

Hacienda no somos todos. Según otro de los puntos de ese informe, el balance en la lucha contra el fraude fiscal es adverso: las sentencias por delito fiscal han caído de 293 en 1997 hasta 38 el pasado año. En vez de dar la callada por respuesta, los máximos responsables de la Agencia Tributaria, a la que están vinculados esos funcionarios públicos, deberían acusar recibo de esas denuncias y darles cumplida respuesta: para tranquilidad de los contribuyentes que cumplen escrupulosamente con sus obligaciones, pero también para que las propias autoridades sean consecuentes con sus propósitos de eficacia en la conducción de las finanzas públicas.

Cuando se constata el aumento de la presión fiscal que ha tenido lugar en nuestro país, al mismo tiempo que la carencia en servicios y dotaciones de capital considerados básicos en cualquier economía desarrollada, es de todo punto importante que las autoridades demuestren que los esfuerzos fiscales son realmente homogéneos para todos los contribuyentes, o que, en todo caso, ellas hacen todo lo que está en sus manos por conseguirlo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 2 de noviembre de 2003