Sanidad rebaja los precios de 2.000 fármacos
La nueva orden ministerial recorta el importe máximo subvencionado del 20% de los medicamentos
Buena parte de los mediamentos costarán menos. El Boletín Oficial del Estado publicó ayer la nueva orden de precios de referencia de los fármacos (el máximo subvencionado por los sistemas de salud). La norma impone una rebaja en hasta el 80% en el precio de alguno de los fármacos (como algunas presentaciones de omeprazol, un protector gástrico), y afecta a 2.070 especialidades que el Sistema Nacional de Salud sufraga actualmente. Entre las sustancias afectadas están el antibiótico amoxicilina (baja un 25%), el antiinflamatorio diclofenaco (un 42%) y el ansiolítico fluoxetina (el 39%). La rebaja entrará en vigor el 1 de febrero.
Los medicamentos afectados por el recorte de la ley suponen aproximadamente una cuarta parte de los existentes. Son los más antiguos y para los que existen especialidades genéricas (presentaciones más baratas porque no tienen que pagar la patente).
El objetivo es frenar el crecimiento del gasto en medicinas, que ha subido el 11% este año
La norma impone una reducción de hasta el 80% en el precio de algunas especialidades
Con la medida, el Ministerio de Sanidad pretende frenar el crecimiento del gasto farmacéutico, que este año ronda el 11%. Según la ministra de Sanidad, Ana Pastor, el objetivo es que el aumento no supere el del Producto Interior Bruto (PIB) anual, que se prevé que aumente en torno al 6,5%. Las terapias innovadoras quedan fuera de la rebaja.
Sanidad ha aplicado un sistema de precios que se basa en los tres medicamentos bioequivalentes (con el mismo principio activo) más baratos. A partir de ellos, fija el máximo que los sistemas sanitarios van a subvencionar (el 60% en las recetas normales, el 90% en las prescripciones de los enfermos crónicos y el 100% en los pensionistas, salvo las mutuas de funcionarios, que pagan el 30%). La única excepción son las presentaciones que se venden a menos de tres euros.
La orden prevé que cuando un médico recete un fármaco con un precio superior al de referencia, el boticario tiene que cambiarlo por el genérico equivalente más barato. Si este producto no está disponible, el paciente puede llevarse el producto indicado en la receta, pero pagará sólo el precio autorizado.
La medida tiene un inconveniente: considera que si un laboratorio ha registrado una especialidad, garantiza su suministro. Pero, según las cifras facilitadas por la industria, esto puede no ser verdad en algunos casos. Dado la reducida capacidad de algunas empresas, sólo aseguran la distribución en áreas reducidas, afirman los laboratorios.
Pese a las críticas de los fabricantes y los farmacéuticos, el Ministerio de Sanidad mantiene como criterio para fijar los precios máximos la llamada dosis diaria definida (DDD). La Organización Mundial de la Salud considera que este sistema no debe ser utilizado para establecer el valor máximo de una prestación. Pero el director general de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo, Fernando García Alonso, rechaza esta objeción. Según García Alonso, aunque se tomara en cuenta otra dosificación, el efecto en la rebaja de precios sería la misma.
En algunos de los casos, los tres precios más baratos registrados no se corresponden con ningún producto que esté en el mercado. Por ejemplo, algunos de los más vendidos, como el enalapril (un producto contra la hipertensión), tienen adjudicado un nuevo precio máximo subvencionado de 7,57 euros, cuando el medicamento equivalente más barato en el mercado cuesta 7,74 euros. La causa de esta diferencia está en que el precio calculado por el Ministerio de Sanidad se basa en tres laboratorios que han registrado el producto pero no lo han comercializado.
Lo mismo ocurre con la simvastatina (un fármaco para combatir el colesterol), que tiene un precio máximo de 7,26 euros, mientras que el más barato de los vendidos cuesta 8,95 euros. Otro de los medicamentos más usados, el omeprazol, tiene fijado un máximo de 9,27 euros. Por debajo de ese importe sólo hay un par de especialidades (las de los grupos Vir y Grapa), pero entre ambos sólo cubren el 0,14% del mercado, según la patronal de medicamentos genéricos, Aeseg.
Para García Alonso, estas "irregularidades" se deben a la existencia de "rigideces" en el mercado, que hacen que, aunque dos fármacos sean bioequivalentes (tengan la misma composición molecular y, por tanto, las mismas propiedades y efectos sobre la salud de quien los consume), la demanda no se decante por las sustancias más baratas. Hay "una resistencia", explica el director de Productos Sanitarios, que "actúa contra las leyes del mercado". El objetivo de la orden no es que el mercado quede abastecido con las empresas que en este momento sirven productos por debajo del precio de referencia, sino animar a otras a vender sus productos a precios iguales.
La idea del Ministerio de Sanidad es que suceda como con las órdenes de precios de referencia anteriores: que, aparte de la restricción en el importe máximo subvencionado, los laboratorios que fabrican el mismo producto bajen el precio de sus medicamentos hasta dejarlo por debajo del precio de referencia, para que queden dentro del grupo que subvenciona la Seguridad Social.
Una factura abultada y fuera de control
La orden ministerial de nuevos precios de referencia que el Boletín Oficial del Estado publicó ayer es el último intento hasta la fecha del Ministerio de Sanidad por frenar el incremento anual en la factura de medicamentos.
El gasto farmacéutico es uno de los puntos débiles del departamento. El año pasado creció el 9,5%; este año la subida roza el 11%. Sanidad aduce que la culpa está en el aumento de la población inmigrante, el envejecimiento y en la subida de los medicamentos, pero estos condicionamientos no son nuevos.
Para el PSOE, la iniciativa es un reflejo del "fracaso" del pacto firmado entre la patronal de los laboratorios (Farmaindustria) y el Ministerio hace dos años, cuando Celia Villalobos dirigía el departamento. La secretaria de Políticas Sociales socialista, Consuelo Rumí, volvió a exigir ayer que el Gobierno rompa el pacto con la industria, un acuerdo que impone que los laboratorios dediquen una cantidad (alrededor de cien millones de euros por año) a la investigación.
Consuelo Rumí pidió que Sanidad "dé por concluido el vigente pacto con Farmaindustria dado el estrepitoso fracaso de la política farmacéutica que ha llevado al descontrol del gasto en medicamentos, como lo demuestra que ya supere prácticamente en dos puntos las previsiones máximas [el producto interior bruto más tres puntos] establecidas en dicho acuerdo".
Para los socialistas, la nueva orden supone un ahorro "temporal" que, sin embargo, provocará un gasto mayor dentro de pocos meses.
También las asociaciones de laboratorios (Farmaindustria) y de fabricantes de genéricos (Aeseg) critican la medida, sobre todo porque no tiene en cuenta el daño "irreversible" que causará a muchas de las empresas farmacéuticas.
Los responsables de Sanidad, empezando por el subsecretario del departamento, Pablo Vázquez, insisten en la validez del acuerdo con los laboratorios, que se firmó en 2001 con una duración de tres años.
Para la responsable socialista en política sanitaria resulta "paradójico" el "retraso" de la ministra de Sanidad y Consumo en publicar este nuevo sistema de precios de referencia. La demora ha ocasionado, "por las especulaciones a las que ha dado lugar", que se haya disparado en mayor medida el gasto farmacéutico que otros años.
Rumí considera que es una nueva responsabilidad que añadir "a la debilidad que caracteriza la posición gubernamental en este capítulo que se salda con graves consecuencias sobre las arcas públicas".
Para el PSOE, "el hipotético ahorro de este nuevo sistema de precios de referencia está más que superado por el incremento del gasto producido desde que se anunció, hace medio año".
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