Un informe jurídico denuncia que el 'plan Ibarretxe' incumple la Constitución

El Gobierno central maneja un informe donde se descalifica el plan Ibarretxe por el "carácter étnico" del proyecto de ley de Reforma del Estatuto que el Gobierno vasco aprobará el próximo 25 de octubre y cuyos detalles principales explicó el lehendakari en su comparecencia ante el Parlamento vasco. El informe, que ha sido distribuido entre los miembros del Ejecutivo y al que ha tenido acceso Europa Press, detalla hasta una docena de artículos de la Constitución que vulneran el proyecto de ley que el Ejecutivo autónomo aprobará para su tramitación parlamentaria.

El plan Ibarretxe supone, "además de un cambio en el estatus jurídico-político" del País Vasco, un nuevo modelo de relaciones entre la comunidad autónoma y el Estado "que no tiene cabida en la Constitución", según señala el informe del Ejecutivo. La propuesta rompe "con los principios de unidad, autonomía, solidaridad y cooperación del Estado de las Autonomías", contradice artículos del texto constitucional y establece los presupuestos necesarios para una "futura segregación" de la comunidad vasca del resto del Estado.

El informe del Gobierno descarga las siguientes críticas sobre el plan soberanista:

- Doble nacionalidad ilegal. El Gobierno estima que la intención de reconocer la ciudadanía y nacionalidad vasca, compatible con la española, a todas las personas que tengan vecindad administrativa en algún municipio de Euskadi, basándose en la "plurinacionalidad" del Estado español, vulnera los artículos 2 -por interpretación equívoca del término nacionalidad- y 11 de la Constitución, que regula la nacionalidad española.

En cuanto a la hipótesis de que la Comunidad Libre Asociada se relacione con Navarra y parte del territorio francés y establezca los vínculos políticos que consideren más adecuadas para su desarrollo y bienestar, se advierte de que esta aseveración excluye tales relaciones de la aplicación del artículo 145 de la Constitución.

- Ruptura de la unidad judicial. El estudio del Gobierno se ocupa también de la Base Cuarta, relativa a la creación de un Poder Judicial Autónomo, y se sentencia que "se rompe" el principio de unidad jurisdiccional que fundamenta la existencia de un Poder Judicial, "tal y como se prevé en el Título VI de la Constitución".

Al tiempo, se apunta una vulneración de los artículos 148 y 149 de la Carta Magna en la clasificación sui generis de la distribución de competencias entre el Estado y el País Vasco, dejando en manos de la Administración central las que conciernen a la "nacionalidad española, extranjería, derecho de asilo, defensa, sistema monetario o relaciones internacionales, así como la legislación básica o común en materia penal, mercantil o civil...".

El Gobierno también rechaza por inconstitucional la intención del Gobierno vasco de otorgar la "ciudadanía y nacionalidad vasca" a todos los residentes en el extranjero que hayan tenido su última "vecindad administrativa" en Euskadi, además de atribuirse representación directa en la Unión Europea y capacidad de acceder al Tribunal Europeo de Justicia. Los nacionalistas quieren configurar el País Vasco como circunscripción electoral única en las elecciones al Parlamento Europeo y hacerse cargo de las competencias clásicas de los Estados soberanos en materia internacional. "Todas estas pretensiones de la propuesta vulneran frontalmente las disposiciones de la Constitución en materia de acción exterior -artículos 93 a 96-, así como la competencia exclusiva del Estado sobre relaciones internacionales del artículo 149.1.3".

- Intento de segregación. El Ejecutivo se refiere por último a un intento de segregación tras repasar el procedimiento de aprobación previsto para el nuevo Estatuto, al fijar un proceso de negociación, no vinculante, con el Gobierno de la nación coincidente con la remisión a Cortes Generales, que finalizaría con un referéndum por la sociedad vasca. "La propuesta de Estatuto Político de la Comunidad Vasca formulada por el lehendakari es un conjunto de medidas que lleva claramente a la segregación en todos los ámbitos que no tienen cabida en el marco constitucional actual y que conducirían, en el caso de que resultasen de aplicación, a un total aislamiento de dicha comunidad autónoma. Es una propuesta que conlleva una reforma de la Constitución, y, sin embargo, obvia los requisitos y cauces que para dicho procedimiento de reforma se exigen en el artículo 168 del texto constitucional".