El Gobierno pide "a toda la sociedad" que rechace el "plan de secesión" de Ibarretxe

El Gobierno español ya no se conforma con pactar con el Partido Socialista un frente común contra el plan Ibarretxe, que el Ejecutivo vasco aprobará mañana como proyecto de ley de reforma del Estatuto de Gernika. Su portavoz, Eduardo Zaplana, ha leído hoy una declaración institucional tras el Consejo de Ministros para trasladar al conjunto de la sociedad la responsabilidad de oponerse al proyecto de Vitoria, que "da la razón y legitima políticamente el terrorismo de ETA".

Para el Gobierno presidido por José María Aznar, el plan del lehendakari, Juan José Ibarretxe, tiene como "objetivo declarado y permanente destruir el marco de convicencia entre los vascos", representado por el Estatuto de Gernika que pretende reformar. Además, "choca frontalmente con la Constitución", tanto en su contenido como en su proceso de tramitación, y "es incompatible con el marco político de la Unión Europea".

Enfrentamiento, crispación y fractura

Por todo ello, el Gobierno lo considera "un proyecto para excluir a gran parte de la sociedad vasca", "para el enfrentamiento, crispación y fractura", "para el aislamiento y el empobrecimiento de la sociedad vasca", que conduce al País Vasco "al abismo". Por si fuera poco, también el pueblo español en general se ve afectado, puesto que el plan Ibarretxe le roba su unidad.

Para evitar todo esto, el Gobierno se compromete a garantizar el orden constitucional y estatutario en el País Vasco, adoptando "en cada momento las iniciativas jurídicas y políticas que resulten necesarias". Pero "el desafío no lo es sólo al Ejecutivo" sino "a todos", y es por tanto "a todos" a quienes "corresponde responder al denominado plan Ibarretxe. ¿Quiénes son "todos"? "El conjunto de la sociedad, de sus actores económicos y sociales, de sus intelectuales, de sus asociaciones y plataformas de defensa de la libertad, de los partidos políticos", en definitiva, "de todos los españoles".

Frente común con el PSOE

La declaración institucional leída por Zaplana se adelanta un día a la presentación del texto articulado del nuevo Estatuto Político para el País Vasco redactado por el Gobierno tripartito (PNV, EA y IU-EB). Ibarretxe leerá mañana su declaración institucional, y luego se dirigirá al Parlamento vasco para entregar el texto a su presidente, Juan María Atutxa, para que sea tramitado como proyecto de ley.

Ante la inevitabilidad de este proceso, el Gobierno ya se ha puesto en marcha para tratar de frenarlo cuanto antes y de la forma más contundente posible. Para ello pretende contar con el PSOE, al que quiere involucrar en la respuesta política y jurídica al plan. El secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos, ha iniciado ya los contactos con su interlocutor habitual, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, para preparar una respuesta "aprovechando todas las lagunas" que ofrezca.

Recurso ante el Constitucional

El primer y más rotundo ejemplo de unidad en esa respuesta la dieron el lunes el PSE y el PP en las Juntas Generales de Álava. Éstas anunciaron que si el plan se materializa, esa provincia podría separarse de Euskadi. El segundo paso puede darse este domingo, pues la Diputación de Álava ha convocado una reunión extraordinaria para rechazar el proyecto de Ibarretxe.

Aún así, el Gobierno central admite que será "muy difícil" paralizar el proyecto después del sábado y antes de que lo apruebe el Parlamento vasco dentro de un año. La Moncloa está convencida de que Ibarretxe apuesta, en este año, por un debate político en el que tratará de soslayar la respuesta jurídica de las instituciones centrales. Sin embargo, el Ejecutivo central pretende paralizar el plan soberanista antes de que llegue a las Cortes para evitar el "choque de trenes" que supondría su confrontación con la Cámara de Vitoria. La fórmula que baraja el Gobierno de Madrid es la del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por cuestión de procedimiento.