El Gobierno ve "muy difícil" parar el plan del PNV antes de votarlo la Cámara de Vitoria

El Gobierno central admite que es "muy difícil" paralizar el plan Ibarretxe, una vez que el Ejecutivo vasco lo consagre el sábado como proyecto de ley de reforma del Estatuto de Autonomía de Gernika, por la vía del recurso jurídico antes de que lo apruebe el Parlamento vasco dentro de un año. La Moncloa está convencida de que el lehendakari, Juan José Ibarretxe, apuesta, en este año, por un debate político en el que tratará de soslayar la respuesta jurídica de las instituciones centrales. Sin embargo, La Moncloa pretende paralizar el plan soberanista del PNV antes de que llegue a las Cortes para evitar el "choque de trenes" que supondría su confrontación con la Cámara de Vitoria. La fórmula que baraja el Gobierno de Madrid es la del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por cuestión de procedimiento.

Sobre estas líneas trabaja La Moncloa, aunque está a la espera de que Ibarretxe convierta su plan en proyecto de ley para tomar una decisión política. El vicepresidente segundo, Javier Arenas, coordina los ministerios implicados, Administraciones Públicas y Justicia, en estrecho contacto con el presidente José María Aznar, y el candidato del PP, Mariano Rajoy.

El Ejecutivo parte de la base de que el plan Ibarretxe, reconvertido en proyecto de ley y definido por el lehendakari como una reforma estatutaria, va mucho más lejos e implica una clara reforma de la Constitución. Así, al proponer la soberanía originaria del País Vasco afecta al artículo primero de la Constitución que la hace residir el el pueblo español; en materia de justicia, al proponer que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se convierta en última instancia judicial en Euskadi o por la pretensión de la cesión de la gestión y recaudación de la Seguridad Social por el País Vasco lo que conlleva la ruptura de la caja única. "El plan Ibarretxe como proyecto de ley tiene un vicio político de origen y es que no es una mera reforma del Estatuto de Gernika. Ibarretxe debería promover otro proyecto de ley de reforma de la Constitución que precise el alcance de su reforma y lo ha evitado", señalan en La Moncloa.

Sin embargo, el Ejecutivo central tiene muy difícil interponer con éxito el recurso ante el alto tribunal hasta que el Parlamento vasco apruebe el plan Ibarretxe dentro de un año porque no es posible recurrir proyectos de ley sino leyes efectivas. El artículo 161.2 de la Constitución aclara que sólo es posible "impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas", esto es, actos administrativos del Gobierno autónomo, pero no proyectos de ley.

Por otra parte, el recurso previo de inconstitucionalidad, existente antes de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ahora sólo es aplicable a la posible vulneración por las comunidades autónomas de las normas sobre tratados internacionales.

Sin embargo, el Gobierno sigue empeñado en paralizar cuanto antes la tramitación del plan Ibarretxe para cortar de raíz el debate que pretende el lehendakari. "No vamos a dejarle pasar ni una", señala un ministro del Gobierno.

El Ejecutivo contempla un punto vulnerable en el proceso del plan que podría ser recurrible a través de la fórmula de amparo al Tribunal Constitucional por los grupos parlamentarios vascos. Consiste en que el Reglamento de la Cámara vasca no prevé un procedimiento de tramitación de una reforma estatutaria como lo pretende Ibarretxe, con la introducción del proyecto de ley en una comisión parlamentaria por un plazo de tiempo indefinido. Esta laguna legal obligará al presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, del PNV, a promover una resolución para cubrirla.

Según el Gobierno central, Atutxa podría promover la reforma del Reglamento del Parlamento vasco, pero no lo hará pues ahora no tiene mayoría para cambiarla a su gusto. Al optar por la fórmula de la resolución puede excederse en sus funciones y ahí habría materia de recurso legal por la vía del amparo al Constitucional pues se estaría "ante un intento de forzar el procedimiento".

Fuentes gubernamentales precisan que "las competencias de la Presidencia del Parlamento vasco son para aclarar dudas reglamentarias, no para inventar normas" y la resolución de Atutxa puede incurrir en "un vicio de procedimiento" porque "podría contar con la participación de un partido ilegalizado, como Batasuna" o por "vulnerar derechos de las minorías".

Según expertos del Gobierno, el presidente de la Cámara podría vulnerar el artículo 23 de la Constitución y el 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que reza: "Las decisiones o actos sin valor de ley, emanados de las Cortes o de cualquiera de sus órganos, o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, o de sus órganos, que violen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, podrán ser recurridos dentro del plazo de tres meses desde que, con arreglo a las norma internas de las cámaras o asambleas, sean firmes".