Lula, al rescate de la Seguridad Social

"Si trabajo 24 años y luego paso 30 o 40 años jubilado, es fácil descubrir que el sistema está quebrado. Si el Gobierno me cobra el 11% del salario mientras estoy en activo, y al dejar de trabajar me paga el 100% de lo que ingresaba, no puede funcionar, aunque el Gobierno consiga el apoyo de la sociedad. Si se añade que la Seguridad Social está mal gestionada, se obtiene la fotografía del sistema asistencial brasileño, que hace aguas por todos lados". El juez federal Ricardo López Becho, especialista en Derecho Tributario, es de los convencidos de que la reforma propuesta por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva supondrá un cambio profundo de la Seguridad Social de Brasil. Paralelamente, el Ejecutivo impulsa una amplia reforma fiscal.

Los dos proyectos son los ejes de la primera fase de la reforma constitucional que Lula quiere aplicar en el primer año de su mandato. Si se cumplen las previsiones del Gobierno, Brasil tendrá antes de fin de año un nuevo sistema de Seguridad Social, más justo y equilibrado. El proyecto, aprobado por la Cámara de Diputados, está actualmente en discusión en el Senado. No se esperan grandes cambios a una propuesta que tiene el consenso de los principales partidos y de los gobernadores de los Estados. "La reforma de la Seguridad Social es la más urgente. En São Paulo hay un déficit de 7.200 millones de reales [unos 2.480 millones dólares] porque recaudamos 1.400 millones de reales [480 millones de dólares] y la nómina de jubilados y pensionistas es de 8.600 millones de reales [2.960 millones de dólares]", ha declarado Geraldo Alckmin, gobernador del principal Estado brasileño, que pertenece a la oposición. El déficit de la Seguridad Social alcanza los 14.000 millones de reales, mientras hay funcionarios del Ayuntamiento de São Paulo con salarios de 100.000 reales y jueces que ganan más de 50.000 reales que se jubilan con el salario íntegro.

El mayor problema de la Seguridad Social brasileña es el sector público, cuyos privilegios sobre el sector privado suponen un gran agravio comparativo. "Es un problema presupuestario", asegura el ministro de Seguridad Social, Ricardo Berzoini, de 43 años, ingeniero, miembro de la dirección del Partido de los Trabajadores y antiguo líder del sindicato de empleados bancarios. Berzoini explica que este año el Gobierno ha gastado "más de 40.000 millones de reales [13.790 millones de dólares] para subsidiar las jubilaciones de menos de tres millones de personas".

Actualmente, un trabajador del sector público se jubila a los 53 o 54 años, los hombres, y a los 48 o 49 años, las mujeres. Este ejército de pensionistas tiene una expectativa de vida de unos 27 años cobrando el sueldo íntegro sin producir. Así, una funcionaria cotiza unos 30 años y una vez jubilada le quedan otros 30 años de vida, en los que recibe el sueldo íntegro. En cambio, los trabajadores del sector privado no se jubilan con el salario íntegro, aunque aportan menos a la Seguridad Social cuando están en activo.

El principal objetivo de la reforma encarada por el Gobierno de Lula es alterar estas reglas, de forma que los futuros funcionarios tendrán un sistema muy próximo a un sistema integral de pensiones, que no privilegia a ningún sector. La reforma estipula un cambio en la edad mínima de la jubilación, que pasa a ser de 60 años para los hombres y 55 años para las mujeres. Hasta ahora no había edad mínima, sino que se calculaba por tiempo de cotización. El otro punto sensible de la reforma es el cobro de las pensiones por los jubilados del sector público. La expectativa es que los salarios a partir de los 2.400 reales mensuales (820 dólares) comiencen a pagar una contribución a la Seguridad Social del 11%. Actualmente, cuando un funcionario se jubila, deja de cotizar al Estado. El efecto será un recorte de la jubilación del 11% a todos los empleados públicos.

La reforma no afectará, en principio, a los militares, porque tienen un régimen específico. Sin embargo, el Gobierno pretende aumentar los años y el porcentaje de contribución de los uniformados y, sobre todo, acabar con las pensiones vitalicias de las hijas de militares, prebenda que se remonta a la guerra de Paraguay. "No se justifica socialmente", comenta el ministro Berzoini.

"La reforma de la Seguridad Social va a marcar una clara diferencia, pero no ocurrirá lo mismo con la reforma fiscal", vaticina López Becho. Las dificultades tienen que ver con el sistema federal. El Gobierno quiere unificar las reglas de cobro del impuesto de circulación de mercancías y servicios, que algunos Estados administran a su conveniencia. La resistencia de varios gobernadores ha paralizado el debate parlamentario, hasta el punto de que el Gobierno ha decidido volver al punto de partida: ha retirado el proyecto actual y presentará uno nuevo a discutir y votar.