Interior plantea crear un fichero con personas "de riesgo" aun con antecedentes cancelados

El ministro del Interior, Ángel Acebes, aprovechó ayer el caso King -que últimamente ha sido invocado para romper el Pacto por la Justicia, cuestionar la institución del jurado y denunciar la descoordinación policial- para lanzar una propuesta de hondo calado: la creación de una base de datos que incluya "a individuos de riesgo potencial" aunque "estén cancelados sus antecedentes". El proyecto afecta a derechos fundamentales pero, según Acebes, habría impedido que el informe de 1998 sobre King fuera archivado sin que quedara constancia en los ficheros policiales de que era "una amenaza potencial".

El ministro dividió en tres bloques su comparecencia ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso para explicar qué se hizo con el aviso sobre Tony Alexander King, encarcelado por los asesinatos de Rocío Wanninkhof y Sonia Carabantes, que la policía británica envió a España en 1998: primero defendió la investigación que acabó con el procesamiento y condena de Dolores Vázquez como presunta asesina de Rocío; luego, relató el itinerario seguido por el informe sobre King y, finalmente, lanzó su propuesta.

Acebes propuso un debate para potenciar "la funcionalidad de las bases policiales de tratamiento automatizado de datos". La pretensión consiste en permitir "la anotación de individuos de riesgo potencial, aunque estén cancelados sus antecedentes en España o fuera de ella, cuando menos respecto a tipologías delictivas tan odiosas como la de los agresores sexuales, o en lo que se refiere a personas sospechosas de alto perfil, aunque la noticia que se tenga de su potencial amenaza no proceda de una investigación concreta en curso".

El ministro ha creado un grupo de trabajo interno, con varios juristas, que ya le ha advertido que dicho fichero afectaría a derechos fundamentales, iría contra la Ley de Protección de Datos y quebraría los principios de rehabilitación y reinserción. "Conocen los límites [de la propuesta] tan bien como yo, pero espero que compartan la necesidad de articular nuevos equilibrios jurídicos que, sin merma de derechos básicos y huyendo de la más mínima sombra de Estado policiaco, permitan definir legalmente acciones de carácter preventivo que resulten eficaces para evitar la comisión de hechos delictivos", manifestó Acebes.

Restricciones legales

La propuesta viene al pelo en el caso King, ya que el aviso de 1998 de la policía británica no pudo ser incluido en ninguna base de datos nacional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad porque la legislación española no permite la existencia de ficheros de "personas sospechosas o potencialmente peligrosas no sujetas a una investigación concreta o relacionada con la comisión de un específico hecho delictivo".

La Ley de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal lo impide, y obliga a cancelar los antecedentes penales de personas que han saldado sus cuentas con la justicia pasados cinco años.

Acebes explicó ayer que el aviso sobre King llegó el 15 de septiembre de 1998 y en él se citaba "genéricamente" que tenía antecedentes penales por intento de estrangulamiento, agresión grave, posesión de arma ofensiva e intento de robo y posesión de un arma simulada. "La policía española nunca tuvo datos para concluir que Tony Alexander King era el estrangulador de Holloway: no los tenía en 1998 y no los tenía en el momento de su detención". Sí se decía que era una amenaza potencial y que estaba siendo buscado en el Reino Unido "por un delito de intento de violación", aunque no se pedía ni su detención ni su extradición, ni que Interpol lo incluyera en sus peticiones de búsqueda internacional.

España demoró la respuesta, y el 12 de noviembre de 1998 la oficina de Interpol-Londres repitió la solicitud de información. La comisaría de Málaga investigó a King y sus datos se enviaron a Londres el 7 de enero de 1999, con la solicitud de que se remitieran sus huellas dactilares. El cotejo en la base de datos españolas dio resultado negativo.

La última comunicación data del 28 de abril de 1999, 164 días antes del asesinato de Rocío: Interpol-Madrid informó a Londres de sus pesquisas y de que King no tenía nada pendiente en España. "Entre 1999 y 2003, en Interpol-Madrid no se recibió más información ni se pidió consulta alguna", dijo Acebes. El informe se archivó en Interpol-Madrid, en la sede central del organismo en Lyon (Francia) y en la comisaría de Málaga, "sin integrarse en ninguna base de consulta directa", porque "no se estimó conveniente incluir los datos personales de Tony Alexander King en los ficheros policiales españoles". Y como nadie sospechó de él, el informe cayó en el olvido.