Legislar a golpe de alarma social

El descubrimiento de que un jurado se equivocó al declarar culpable a Dolores Vázquez del asesinato de Rocío Wanninkhof, después de que el ciudadano británico Tony King confesara haber matado a la joven de Mijas, en octubre de 1999, y a Sonia Carabantes en agosto de este año, ha suscitado un vivo debate en los medios de comunicación y entre los ciudadanos sobre la institución de los tribunales del jurado.

Dos días después de la confesión de King, el vicepresidente segundo del Gobierno, Javier Arenas, anunció que el Ejecutivo reformará la Ley del Jurado "para garantizar su imparcialidad". A pesar de que Arenas aseguró que el Gobierno llevaba pensando en modificar la ley desde abril, la revisión del texto se enmarca en el clima de la ruptura del Pacto sobre la Justicia por parte del PSOE y la alarma social ante posibles arbitrariedades del jurado.

Un año y nueve meses después de anunciarse, la ley del 'botellón' aún no ha llegado al Congreso

El caso de la reforma de la Ley del Jurado es un ejemplo más de la rapidez con la que el Gobierno promulga y modifica leyes en aquellos temas que más parecen inquietar a los ciudadanos, hasta el punto de que se podría decir que la alarma social se ha convertido en uno de los principales motores legislativos del PP. Lo que sigue es una serie de leyes y proyectos legislativos redactados por el Gobierno durante la presente legislatura al calor de la alarma social.

- Ley del 'botellón'. En enero de 2002, los medios de comunicación centraron su foco en el botellón, la costumbre, cada vez más extendida entre los jóvenes, de consumir bebidas alcohólicas en la calle. El 14 de febrero de ese año, el Gobierno anunció una medida fulminante para acabar con una actividad tan dañina para la salud de los jóvenes como molesta para los vecinos que se manifestaban ante el ruido, la suciedad e incluso la pérdida de valor de sus viviendas: una ley estatal sobre la distribución, la publicidad y el consumo de bebidas alcohólicas.

Sin embargo, un año y nueve meses después de que el entonces ministro del Interior, Mariano Rajoy, anunciara solemnemente y con la Reina Sofía como testigo, la creación de esta ley antibotellón, el proyecto de esta normativa todavía duerme el sueño de los justos en un cajón del Consejo de Ministros.

- Ley de cumplimiento íntegro de las penas. El terrorismo de ETA es el segundo problema más importante para los españoles, detrás del paro y por delante de la inseguridad ciudadana, según el Centro de Investigaciones Sociológicas. Durante el año 2002, ETA asesinó a cinco personas e hirió a otras 90. En el último atentado de ese año, el 17 de diciembre, los etarras mataron al guardia civil Antonio Molina Martín en Collado Villalba (Madrid). El 26 de diciembre, el presidente del Gobierno, José María Aznar, reunió a su gabinete en plena crisis del Prestige, y anunció por sorpresa una ley para el cumplimiento íntegro y efectivo de las condenas, por el que los terroristas y otros penados por delitos de especial gravedad podrán pasar hasta 40 años en la cárcel, y sólo podrán acceder a la libertad condicional si se encuentran en tercer grado, si rechazan expresamente el terrorismo y piden perdón a las víctimas.

- Ley de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo. Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Gobierno asumió la doctrina de que "todos los terrorismos son iguales", y promovió una serie de medidas contra el terrorismo en sentido genérico, pero con la vista puesta en la amenaza de ETA. Así, el 1 de marzo de 2002, el Ejecutivo aprobó el proyecto de Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo, que contempla la congelación de fondos de personas y entidades vinculadas a organizaciones terroristas de acuerdo con la resolución 1.373 de la ONU de septiembre de 2001. La ley que permitía ahogar económicamente a los terroristas permaneció 10 meses en el Congreso hasta que fue aprobada el 13 de marzo de este año.

- Medidas contra la inseguridad ciudadana y la violencia doméstica. En 2002, se cometieron en España 331.004 delitos y faltas, un 10,12% más que en el año anterior. Además, durante ese año, fueron asesinadas 52 mujeres a manos de sus parejas. El 14 de marzo de este año, el Ejecutivo remitió a las Cortes un proyecto de Ley Orgánica que reforma el Código Civil, el Penal y la Ley de Extranjería para que las lesiones en el ámbito del hogar dejen de ser faltas y pasen a ser consideradas delitos; para que los extranjeros que cometan pequeños delitos puedan ser expulsados de España y para poder encarcelar a quienes reincidan en la comisión de faltas. La ley, que entró en vigor el lunes fue calificada por la oposición de "oportunista" y "represiva".

- Sistema de "alarma" para la prisión provisional. El 26 de agosto, Francisco Gómez Simón, de 31 años, acusado de tres asesinatos en 1999 en Benifallim (Alicante) salió de la cárcel tras haberse agotado el plazo de cuatro años de prisión preventiva y no haber sido juzgado. El Poder Judicial abrió una investigación. El 22 de septiembre, el Grupo Parlamentario Popular presentó una serie de enmiendas a la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que cuando la prisión provisional exceda de las dos terceras partes de su duración máxima se adopten las medidas precisas para imprimir a las actuaciones la máxima celeridad.