Desbordados por la matrícula tardía

Hacía mucho tiempo que no sucedía una cosa así. El curso 2003-2004 se ha iniciado en Cataluña con un problema de falta de plazas escolares. El primer día de clase, más de 300 niños se quedaron en la calle. Los sindicatos lo habían advertido. A lo largo del verano el goteo de nuevas inscripciones de alumnos fue incesante. Desde que a finales de junio se cerró la matriculación hasta el 15 de septiembre, se calcula que el número de niños que se inscribieron fuera de plazo, en su gran mayoría procedentes de la inmigración, supera ampliamente los 8.000.

Este fenómeno, que se conoce como "matrícula viva", ha ido tomando dimensiones cada vez mayores en los últimos tiempos. Hasta hace poco se producía en fechas concretas cada año, generalmente a principios de enero, cuando se otorgaban los permisos de reagrupación familiar a los inmigrantes y también el momento en el que finaliza el curso escolar en América Latina. Ahora, sin embargo, el goteo es constante y comienza ya a principios del verano. A lo largo del curso 2002-03 hubo 17.000 incorporaciones tardías. Este año la cifra puede duplicarse, sino triplicarse.

"Algunas aulas estarán llenísimas", reconoció la consejera, Carme-Laura Gil

El departamento de Enseñanza de la Generalitat, sin embargo, mantiene la ficción de que las plantillas docentes se fijan antes del verano en función de la matrícula oficial, según la cual el total de alumnos en Cataluña en el curso 2003-04 es de 1.037.624, lo que supone 26.498 más que el año pasado, de los que el 7,1% son de procedencia inmigrante; lo que, según el departamento, exige ser hijo de padre y madre extranjeros. Este porcentaje supera en dos puntos el del curso 2002-03. Por origen, la mitad son latinoamericanos, y casi un tercio magrebíes.

Las cifras globales, sin embargo, esconden realidades mucho más contundentes. Por ejemplo, en algunos colegios del Casc Antic de Barcelona, los inmigrantes llegan a suponer hasta el 70% del alumnado. El peso de la escolarización de la abrumadora mayoría de estos niños recae en el sector público. Paralelamente, la escuela privada concertada, con honrosas excepciones, se beneficia de este fenómeno seleccionando al alumnado.

En Cataluña, el sector público acoge algo menos del 60% de la población escolar, aunque en la ciudad de Barcelona el porcentaje es de un 50%. Las asociaciones de padres y los sindicatos del sector llevan años criticando la política de la Generalitat, a la que acusan de haber creado dos redes paralelas, ambas con dinero público: los colegios concertados para quienes pueden pagar mensualidades de hasta 600 euros, y la escuela pública para los que cuentan con menos recursos económicos, entre los que se cuentan los inmigrantes.

El Departamento que dirige la convergente Carme-Laura Gil no ha negado en ningún momento que en este inicio de curso muchas aulas superan ampliamente la ratios (el número de alumnos por clase). Incluso ha recordado a los centros que existe un decreto que les permite superar en un 10% el máximo permitido de 25 en primaria y 30 en secundaria. Un decreto que ha sido recurrido por los sindicatos dado que contradice lo que fija la ley. Algunas clases, reconoció Gil el día del comienzo del curso, "estarán llenísmas", pero atribuyó el fenómeno de las matrículas tardías al hecho de que muchos catalanes "cambian de domicilio" y se matriculan en dos colegios al mismo tiempo "por seguridad". La consejera rechazó que hubiera necesidad de aumentar las plantillas de los centros que más sufren este fenómeno y recomendó a los profesores y a los directores que realizasen "cursillos de organización", lo que ha desatado las iras de los sindicatos de docentes. La Generalitat asegura que ha puesto 1.300 profesores más para hacer frente a este reto, pero desde el sector se le responde que este profesorado ha sido simplemente trasladado al programa de aprendizaje de la lengua de otro programa más ambicioso de integración escolar.