Un juez investiga la edificación del centro comercial Artea

La construcción del centro comercial Artea sobre un antiguo vertedero de Leioa está siendo investigada por un juzgado por un posible delito ecológico. Tras estimar la querella presentada por un grupo ecologista, el juez ha llamado a declarar para el 15 de octubre al actual alcalde de la localidad, el peneuvista Karmelo Sainz de la Maza, un cargo del Gobierno y un representante de la empresa que promovió el centro. El caso llegó a la UE, que constató el incumplimiento de tres directivas, pero lo archivó por el compromiso de las autoridades vascas de respetar las normas en un futuro. Sainz de la Maza califica la denuncia de acto de "mala fe que sólo pretende hacer daño político".

El primer edil de Leioa precisó a este periódico: "El juez no ha adoptado ninguna decisión de imputarnos nada y sólo nos llama a declarar". Sainz de la Maza agregó que las acusaciones de los ecologistas se refieren a decisiones en las que él no intervino, ya que es alcalde desde 1999, un año después de la inauguración del centro comercial.

El alcalde destacó que se trata de un caso ya juzgado, en referencia a la anterior investigación que acabó con su archivo, "una cuestión que el grupo ecologista omite al juez". En esta línea, Sainz de la Maza señaló que la querella habla del expediente abierto por la UE, pero no precisa que ya ha sido archivado. Añadió que sólo se responsabiliza de las licencias concedidas en el centro Artea durante su mandato, sobre las que los técnicos municipales "nunca" le han hecho "ninguna observación de ilegalidad".

Ésta es la segunda vez que la construcción de Artea llega a los tribunales. La primera fue a mediados de los 90, cuando se comenzó a gestar el complejo comercial y fue presentada por una cadena cántabra de supermercados. La denuncia se dirigió contra el entonces alcalde de Leioa, el peneuvista Miguel Ángel Ariño, y 11 concejales más del PNV y el PSE-EE que conformaban el equipo de gobierno. Se fundamentaba en la modificación de las normas subsidiarias del municipio cuando estaban a punto de aprobarse en un pleno. En ellas, el área donde se asienta Artea figuraba como no urbanizable, pero, tras la presentación de un proyecto por los promotores del parque comercial, se recalificó como suelo urbanizado.

Archivo

Tras las diligencias, la Audencia de Vizcaya decidió el archivo por la retirada de la demanda por la cadena de supermercados, adoptada tras un cambio en su accionariado.

La querella criminal admitida ahora por el Juzgado de Instrucción número 6 de Getxo fue interpuesta en abril pasado por la asociación ecologista Lur Maitea. En ella se relata cómo en 1974 se llegó a un acuerdo entre el consistorio y un vecino, que además era concejal, para utilizar unos terrenos particulares como vertedero. Este solar se corresponde a la ubicación actual de Artea.

El basurero, relata la querella, fue concebido para residuos sólidos urbanos, escombros y residuos industriales, "mediante un permiso concedido por el Ayuntamiento". Añade que en los primeros años se depositaron desechos tóxicos "procedentes de la empresa Industrial Química Asua y concretamente en 1979 se vertieron del orden de 10 a 19 toneladas de lindane de la empresa Bilbao Chemical".

Los ecologistas agregan que, por la falta de control, se produjeron problemas de malos olores e incluso incendios incontrolados, lo que levantó las quejas vecinales. "Los vertidos y consiguientes problemas continuaron hasta abril de 1992, fecha en la que el Ayuntamiento decidió clausurar el vertedero con una fina capa de tierra vegetal". En 1994, la empresa Sarrienaldea firmó un convenio con el Ayuntamiento y el Gobierno para construir Artea y reacondicionar el vertedero. La denuncia señala que este proyecto carecía de un estudio de impacto ambiental, la gestión de residuos tóxicos se hizo "de manera arbitraria" y que se vulneró la ley de Aguas. Los ecologistas afirman que la zona sigue contaminada y los lixiviados "son susceptibles de ser vertidos al dominio público hidráulico".

El escrito cita una decena de residuos peligrosos que persisten en el vertedero, como lindane, mercurio, cadmio, plomo, arsénico o cromo. "A lo largo de todos estos años no se ha producido una evaluación de riesgos a fin de establecer medidas correctoras para su eliminación", indican.

El juzgado, en un auto del 6 de agosto, ha admitido a trámite la querella y llama a declarar como imputados para el 15 de octubre a Sainz de la Maza; Javier Aguirre, cargo de la Dirección de Calidad Ambiental del Gobierno, y al representante legal de Sarrienaldea. Junto a ello pide al Seprona -el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil- que emita un informe sobre si existen residuos tóxicos, "y en su caso su extensión", y si hay indicios de actividades contrarias al medio ambiente.