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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La trama de Eurobank

Dos meses después de que estallara la crisis de Eurobank se confirman los peores auspicios. No estamos ante el típico tropiezo de una pequeña entidad financiera, sino ante una impresionante trama de más de cuarenta sociedades con participaciones cruzadas para encubrir operaciones de difícil justificación legal y moral. Las irregularidades puestas de manifiesto hacen saltar todas las alarmas. En esta ocasión, el auditor, Ernst & Young, sí hizo su trabajo pero, inexplicablemente, el regulador no le hizo suficiente caso. Entre las anomalías destaca que el sistema de financiación del banco no se nutría de las aportaciones de los depositantes, sino en gran medida de los recursos procedentes de los ahorros plasmados en las primas de los mutualistas de Norton Life, Personal Life y Caja Hipotecaria Mutual, en su doble condición de accionistas y clientes de Eurobank.

Más información
La Generalitat no informó al Banco de España de las anomalías en la trama de Eurobank

Las cuentas del banco se adecentaban con la afloración de plusvalías meramente contables y el principal accionista del banco y las mutuas, Eduardo Pascual, obtenía altos beneficios a través de contratos privados que le aseguraban el 10% de las operaciones, pese a que el banco arrojaba pérdidas. Éstas y otras graves irregularidades, así como un minucioso detalle de las relaciones y la trama del grupo de sociedades, fueron puestas en conocimiento de la Generalitat de Cataluña en octubre de 2001 por el auditor a quien la propia Administración había encargado el examen del grupo.

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¿Por qué la Generalitat no atendió las recomendaciones del instructor, con la incoación de medidas de control especial sobre las mutuas, u otras más sencillas como la comunicación del informe al Banco de España? ¿Por qué no intervino las mutuas? ¿Por qué no informó al Banco de España? ¿Por qué permitió operaciones prohibidas en la legislación de seguros? ¿Por qué no se advirtió a los afectados de las sospechosas operaciones descubiertas? Son muchas las preguntas que requieren una explicación urgente del Gobierno catalán.

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