La administración deberá evaluar el impacto de sus planes sobre medio ambiente

Las administraciones vascas, desde el Gobierno hasta las diputaciones y pasando por los ayuntamientos, deberán evaluar a partir de ahora el impacto que sobre el medio ambiente pueden tener sus planes y programas, que son los instrumentos que deciden el emplazamiento y la ejecución de los grandes proyectos, de las obras públicas y de las infraestructuras. Hasta el momento, tan sólo se exigía un estudio de impacto ambiental a los proyectos individualizados, pero no a los planes de los que derivan estos proyectos y que representa el documento estratégico que engloba todo.

Aunque la evaluación del impacto ambiental se ha revelado en los últimos años como un instrumento esencial para preservar los recursos naturales, ninguna administración lo ha exigido a la hora de elaborar sus planes. La Ley General de Protección del Medio Ambiente, aprobada por el Parlamento vasco en 1998, ya incluía esta previsión y recientemente ha sido plasmada en un decreto por el Ejecutivo. El ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental será cualquier plan que pueda tener incidencia en el territorio.

Este es el caso de las directrices de ordenación territorial (DOT), los planes territoriales parciales y sectoriales, los planes generales de ordenación urbana y las modificaciones que afecten al suelo no urbanizable y todos aquellos planes especiales que afecten al suelo no urbanizable.

Preparar técnicos

El estudio de evaluación ambiental debe llevarlo a cabo el Gobierno vasco o las diputaciones forales. Estas son las administraciones competentes. Cuando se trate de un plan municipal, éste deberá contar con el estudio realizado desde la diputación, que es la institución con autoridad.

La nueva disposición obligará tanto al Gobierno como a las diputaciones a dotarse de personal especializado. El viceconsejero de Medio Ambiente, Abel Muniategi, aseguró a este periódico que la carencia de técnicos cualificados se irá supliendo paulatinamente con la "formación de nuevos especialistas".

"Lo que no podemos hacer", explicó, "es dejar que se paren las cosas. La Ley de Medio Ambiente del País Vasco fue muy previsora al requerir la evaluación ambiental a todos los planes. Incluso se adelantó a las exigencias que después han llegado desde la Unión Europea".

Una vez redactado el estudio de impacto, el órgano ambiental del Gobierno o de las diputaciones que lo haya elaborado velará durante el proceso de aprobación del plan para que se cumpla.