El fiscal general ordena investigar la adopción irregular de cinco niños

La Fiscalía General del Estado ha ordenado a las fiscalías de Extremadura y Baleares que investiguen la situación irregular de cinco menores nicaragüenses que conviven con familias de esas comunidades. La Embajada de España en Managua rechazó legalizar sus adopciones por considerarlas fraudulentas. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales tiene "indicios" de que puede haber algún menor en la misma situación en Madrid.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales alertó a la Fiscalía General del Estado de la situación irregular de los menores poco antes del verano, tras recibir información de la Junta de Extremadura. En esta comunidad reside desde el pasado mes de septiembre una de las niñas nicaragüenses, de cinco años. Los otros cuatro (hermanos con edades entre 5 y 12 años) viven con dos familias de Baleares (tres, desde 1998, y la cuarta, desde el año pasado). Los cinco llegaron a través de una cooperante balear. En todos los casos, la Embajada de España en Managua rechazó legalizar las actas notariales por las que los padres cedían la patria potestad de sus hijos a las familias españolas. Consideró que se trataba de adopciones fraudulentas (ver EL PAÍS de ayer).

Según la directora general de Acción Social del Menor y de la Familia, Pilar Dávila, la Fiscalía General del Estado ha dado instrucciones a los fiscales de Extremadura y Baleares para que investiguen los casos y determinen si procede abrir acciones judiciales. Previamente, la Fiscalía de Menores de Badajoz había abierto un expediente de protección.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales también ha informado a la Fiscalía General de los "indicios" que tiene sobre la posible existencia de algún caso similar en la Comunidad de Madrid, explica Dávila.

"Los niños están en una situación ilegal", afirma la directora general. Las familias que los han acogido disponen de documentos notariales por los que los padres les ceden la custodia de los pequeños. Creían que era una vía legal, según manifestaron a este periódico. Sin embargo, ni la legislación española ni la nicaragüense admiten este tipo de cesión, según diversas fuentes.

"No podemos alentar ni dar por buenas situaciones ilegales. Tampoco podemos permitir que se consoliden vías para el acogimiento de menores al margen de la ley", asegura Pilar Dávila. A su juicio, la solución sería resolver la situación con un criterio básico: la protección de los niños y la defensa de sus intereses y derechos. " Lo ideal sería que se regularizara su situación teniendo en cuenta la solución menos mala", concluye la directora general del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.