El 65% de inmigrantes del encierro de la iglesia del Pi no podrán renovar papeles

El encierro que un millar de inmigrantes efectuaron en 10 iglesias de Barcelona en febrero de 2001 llevó al primer plano de la actualidad el problema de los sin papeles en España. Tras 40 días de encierro, el Gobierno abrió una vía de regularización extraordinaria que permitió documentar a 14.000 inmigrantes sólo en la provincia de Barcelona. Ahora, éstos deben renovar su permiso de residencia, pero el Gobierno estima que sólo el 35% de ellos cumple los requisitos.

Para renovar el permiso de residencia los inmigrantes necesitan demostrar que han trabajado y cotizado en la Seguridad Social "un tiempo mínimo suficiente", según se desprende del reglamento de la Ley de Extranjería. Este tiempo no está establecido pero, según fuentes de la Delegación del Gobierno en Cataluña, "la mayor parte de provincias exigen que los inmigrantes hayan cotizado un mínimo de seis meses". Las mismas fuentes descartan que se aplique este criterio, ya que "de ser así, la mayor parte de inmigrantes se quedarían en la ilegalidad".

Las cifras que baraja la Oficina de Extranjería de Barcelona en estos momentos no dejan espacio al optimismo. De las 13.453 personas que han solicitado la renovación de su permiso de residencia y de la autorización para trabajar sólo 4.700 cumplen todos los requisitos. Apenas el 35% del total. Otro gran grupo de 5.100 personas cumple alguno de los requisitos, pero la renovación de su permiso dependerá de que puedan acreditar que tienen una oferta de trabajo firme o un contrato laboral para trabajar los próximos meses.

La voluntad de la Delegación del Gobierno es seguir aplicando criterios que permitan regularizar "al máximo volumen posible de personas", ya que según las mismas fuentes, "a nadie le interesa que el número de personas sin papeles siga aumentando en Cataluña". Por esta razón, los técnicos de la Oficina de Inmigración están estudiando ahora la fórmula para renovar los papeles a todos los inmigrantes que, pese a no haber trabajado durante el tiempo suficiente en el último año, sí puedan demostrar que alguna empresa tiene una "firme" voluntad de contratarles en el futuro.Los responsables de Inmigración de la Delegación del Gobierno están preocupados porque entienden que la regularización extraordinaria de 2001 "no ha servido para que los inmigrantes se integren". "Muchos de ellos no han podido demostrar que están trabajando, quizá porque realmente no lo han hecho o tal vez porque su empleador no les ha formalizado un contrato legal", apuntan las mismas fuentes.

Ghassan Saliba, responsable de políticas migratorias del sindicato Comisiones Obreras, certifica que la mayor parte de los inmigrantes sí han trabajado, pero lo han hecho de forma ilegal o en condiciones muy precarias. "Muchos empresarios no quieren contratar a inmigrantes con papeles, prefieren extranjeros indocumentados que no puedan protestar ni velar por sus derechos".

En opinión de Saliba, la obtención del permiso de residencia no debería estar condicionada por tener o no un contrato en vigor en el momento de la renovación. También duda de la efectividad de exigir a los inmigrantes una oferta de trabajo para renovar sus papeles, puesto que ello genera, en ocasiones, falsas ofertas o incluso incentiva la aparición de supuestos empresarios que cobran por hacer este tipo de ofertas, las cuales, por lo demás, nunca acaban materializándose en un puesto de trabajo.

Los 17.000 inmigrantes regularizados en la provincia de Barcelona en el proceso extraordinario de 2001 consiguieron el permiso de residencia y una autorización temporal para trabajar después de 40 días de negociaciones con la Delegación del Gobierno. Para ello contaron con la mediación de sindicatos, ONG e incluso del Síndic de Greuges.

"Razones extraordinarias"

El encierro de cerca de 700 sin papeles, que tuvo su centro neurálgico y mediático en la iglesia del Pi de Barcelona, pero que también se extendió a otros templos del centro de la ciudad, tuvo un gran impacto ciudadano -políticos, intelectuales y artistas manifestaron su apoyo- y concluyó tras 47 días, después de que la Delegación del Gobierno se comprometiera a aplicar "con la máxima amplitud y flexibilidad" la recién modificada Ley de Extranjería.

Los inmigrantes pudieron beneficiarse del capítulo de la ley que permite regularizaciones por "razones extraordinarias". En este capítulo se incluyeron las regularizaciones por causas humanitarias y por arraigo. Los 14.000 regularizados en la provincia de Barcelona tuvieron que presentar documentos que certificaran un tiempo mínimo de estancia en España o bien justificar que no podían regresar a su país de origen, ya fuera por problemas políticos o por extrema necesidad económica.