Reglas de cartón

Un inversor extranjero en Argentina reconoció una vez que es mejor una regla de juego no tan buena que otra mejor pero susceptible de cambios posteriores. Las leyes, su perduración en el tiempo y su interpretación por el Poder Judicial constituyen uno de los factores decisivos a la hora de invertir en mercados de riesgo como Latinoamérica. Y es que muchos de los países de la región están revisando las reformas neoliberales de los años noventa.

Argentina ejemplifica las consecuencias que acarrea el incumplimiento de las normas, opina Ramón Blanco, consejero delegado de Repsol YPF

El debate de la seguridad jurídica se ha centrado en los convenios de privatizaciones y concesiones del Estado, pero abarca otras cuestiones como la congelación de los depósitos o la corrupción. En la clasificación de países competitivos que elabora el Foro Económico Mundial, uno de los factores que se miden es la calidad de las instituciones públicas, que comprende los contratos, las leyes y las prácticas deshonestas.

Argentina, uno de los países que recibió mayores flujos de inversión en los noventa, es el que más puestos ha retrocedido en el apartado de las instituciones públicas entre 2001 y 2002, el último año sondeado. Descendió 12 escalones, hasta el sitio 66, después de Chile (19), Uruguay (20), Brasil (45), Costa Rica (46), El Salvador (48), Perú (49), Jamaica (51), Colombia (54), Panamá (55), México (58), República Dominicana (60) y Nicaragua (64). Sólo supera a Bolivia (69), Paraguay (71) y Venezuela (73), entre otros países latinoamericanos.

Tarifas congeladas

La caída de Argentina se produjo después de una serie de cambios legales. Entre diciembre de 2001 y enero de 2002 congeló los depósitos, pesificó los que estaban dolarizados, suspendió los pagos de la deuda externa, derogó la ley de convertibilidad (que establecía que un peso equivalía a un dólar), desdolarizó y congeló las tarifas de los servicios públicos. "La seguridad jurídica se pone a prueba en las crisis", observa el abogado Eduardo Luchia Puig, representante en Argentina del bufete norteamericano Steel, Héctor & Davis International. El economista Manuel Alvarado Ledesma, profesor de la Universidad Argentina de la Empresa, advierte de que la inestabilidad política también contribuye a la inseguridad jurídica.

En un reciente seminario organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, posterior a la polémica visita del presidente de Argentina, Néstor Kichner, a Madrid, se volvieron a escuchar las quejas de las empresas españolas contra la variabilidad de las leyes en ese país. El consejero delegado de Repsol YPF, Ramón Blanco, declaró que Argentina ejemplifica las consecuencias que acarrea el incumplimiento de las normas. Su par de Endesa, Rafael Miranda, pidió a Kirchner que defina un marco regulador "a largo plazo para que las normas no cambien de la noche a la mañana". Sin embargo, el vicepresidente del SCH, Francisco Luzón, admitió que le está gustando "la partitura que Kirchner está tocando".

El presidente argentino, que asumió el poder en mayo, recriminó en Madrid a las empresas españolas por las ganancias extraordinarias que lograron a costa de un modelo económico que empobreció a la mayoría de sus compatriotas y abrió una nueva negociación de los 60 contratos con empresas privatizadas y concesionarias, que durará hasta un año y medio, pero contempla la posibilidad de que mientras tanto haya aumentos de emergencia de las tarifas de algunos servicios, como la electricidad o el gas, para los consumidores más pudientes. El Gobierno también ha comenzado a escuchar a los defensores del pueblo y organizaciones de consumidores, cuya seguridad jurídica no siempre se tomó en cuenta en anteriores revisiones de contratos. Los expertos reconocen que las únicas privatizaciones bien hechas, porque están amparadas por una ley que fija el marco regulador, son las de electricidad y gas. Mientras tanto, empresas extranjeras, como Endesa o Gas Natural, han presentado querellas contra Argentina en un tribunal del Banco Mundial.

En Brasil, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva también polemiza con las empresas de servicios públicos. En la campaña electoral, Lula prometió respetar los contratos y lo viene cumpliendo. Tampoco ha dejado de pagar la deuda externa. La diferencia radica en que el presidente brasileño no pretende romper unilateralmente los pactos con las privatizadas, como Argentina, sino reformarlos mediante una concertación.

Los funcionarios brasileños han acusado a las eléctricas y telefónicas (incluida la española) de conseguir beneficios "desorbitados" porque sus tarifas se ajustan por el índice general de precios, en el que pesa más la variación del tipo de cambio (en un país con permanentes y fuertes oscilaciones del real) que el de la inflación. Lula cuestionó en febrero a las agencias reguladoras de los servicios por su excesivo poder: "El Gobierno se entera de los aumentos, autorizados por las agencias, a través de la prensa". Por eso, el presidente ordenó a sus colaboradores que elaboren un nuevo marco regulador. El poder judicial llegó a rechazar un incremento de las tarifas, lo que para algunas compañías supuso una ruptura de las reglas de juego. Pero Lula ha moderado las críticas y afirma que se definirán nuevas normas para que los inversores extranjeros vuelvan a Brasil.

La experiencia peruana

En Perú, el Gobierno de Alejandro Toledo suspendió en 2001 la venta de dos eléctricas estatales a la belga Tractebel ante las protestas populares en contra de la operación. También despertó la alarma del sector privado que el Congreso iniciara hace meses un debate para eliminar la cuota de abono básico del servicio telefónico, en otro país con presencia de Telefónica. Toledo decidió mantenerla dentro de la tarifa, pero algunos legisladores apelaron la disposición ante el Tribunal Constitucional.

Chile se distingue por su seguridad jurídica, pero el Gobierno de Ricardo Lagos se opuso a que CTC, la filial de Telefónica, determinara libremente sus precios, pese a la desregulación del sector. La firma española aún ostenta el 78% del mercado. Por eso, el Ejecutivo impuso un método engorroso para fijar las tarifas hasta 2009. Telefónica analiza si recurrir la decisión ante los tribunales locales o del extranjero.