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El PP de Sevilla delega en Zaplana la salvación de la fábrica de Altadis

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla Gregorio Serrano indicó ayer, tras ratificar Altadis la clausura de su fábrica en Sevilla el próximo año, que "el marco para lograr impedir el cierre de la tabacalera está en el Gobierno central y en el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana", de quien aseguró que "hará todo lo posible para que empresa y trabajadores lleguen a una solución definitiva".

La portavoz del grupo municipal del Partido Andalucista en la capital hispalense, Paola Vivancos, afirmó ayer que el principal objetivo de su partido en el conflicto de Altadis es la plantilla y el mantenimiento de la fábrica. "Es rentable y [Altadis] viene a desmantelar el pobre tejido industrial en Andalucía", afirmó.

El delegado de Economía, el socialista Alfonso Rodríguez de Celis, recordó el acuerdo unánime del pleno en apoyo a la plantilla de Altadis. Al igual que el edil del PP, Celis dijo que la decisión final dependerá de la resolución del ministro de Trabajo. "Es muy fácil en Sevilla ponerse al lado de los trabajadores, pero si el Gobierno de Madrid se pusiera al lado de los trabajadores se resolvería todo".

Por su parte la primera teniente de alcalde, Paula Garvín (IU), aseguró que el PP sevillano "está en una situación difícil". "Si hay que discutir en Madrid, pues que vayan a Madrid y discutan", afirmó.

"Injustificado"

También se pronunció ayer la Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía (CEPES-A), que consideró el cierre de las fábricas de Altadis en Sevilla y Tarragona "injustificado". CEPES añadió que la empresa ha generado hasta la fecha beneficios y sigue creciendo en su facturación año tras año.

Los representantes de la economía social indicaron que "la fabricación de cigarrillos en Sevilla, actividad que data de muchos siglos atrás, debería mantenerse en la ciudad, ya que no sólo daña a los trabajadores directos de la empresa (233), sino también a un numeroso grupo de empresas auxiliares y de servicios".

"Ya es preocupante la destrucción de puestos de trabajo directos e indirectos, pero también, a este aspecto negativo, se añaden las repercusiones sociales del cierre de Altadis en una ciudad como Sevilla, que está viendo cómo grandes empresas dejan de tener su sede aquí debido a diversos motivos, sean planes industriales, de reestructuración o búsqueda de mano de obra barata en otros puntos geográficos", señaló el presidente de CEPES-A, Antonio Romero.

Romero opinó que "todos los agentes sociales deben defender sin fisuras la continuidad del negocio de Altadis en Sevilla", al tiempo que criticó que la sociedad "haya olvidado que una empresa no es sólo un negocio que deba ofrecer resultados positivos, en unos tiempos en los que cada vez más se habla de responsabilidad social de la empresa".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 30 de agosto de 2003