Naipes sin juicio

Los naipes de la baraja de 55 jerarcas del antiguo régimen van cayendo, aunque el número uno sigue sin aparecer. Sin duda, la prioridad de la potencia ocupante, EE UU, es sacarles información a los 37 que ya están en sus manos en paraderos y condiciones desconocidas. Sin embargo, para que los iraquíes puedan saldar cuentas con la dictadura pasada es necesario que se fije cuanto antes el régimen jurídico por el que serán juzgados. Dejarlos en un limbo jurídico, como el de los cientos de presos de Afganistán sin derecho a juicio alguno en Guatánamo, es una afrenta al sentido de la justicia y de la imagen democrática y de Estado de derecho de la mayor potencia del mundo, por mucho que algunos hayan sido puestos en libertad y EE UU contemple la liberación de los menores de edad.

Lo más conveniente sería que tribunales iraquíes les juzgaran, pero ello requiere haber puesto previamente en marcha el proceso para construir un nuevo marco político en Irak reconocido por la comunidad internacional. O, al menos, poner en pie tribunales internacionales o mixtos. Washington no está por la labor, e incluso, en un recelo extremo, ha impedido toda mención a los crímenes contemplados por la Corte Penal Internacional en la resolución aprobada a raíz del atroz atentado en Bagdad por el Consejo de Seguridad para proteger a los funcionarios de la ONU y a quienes trabajan en labores humanitarias.

Y si 37 naipes han caído, muertos o apresados, no por ello se han debilitado las guerrillas, que ya han causado más muertes a EE UU durante la ocupación que durante la campaña militar. La guerra no ha terminado; ha cambiado de naturaleza. Bush pide paciencia ante los "años, no meses" necesarios para instaurar la democracia. Y el jefe de la Administración ocupante, Paul Bremer, pide decenas de miles de millones de dólares para la reconstrucción. Una buena administración de justicia será un pilar fundamental.