Un informe del Parlamento francés cuestiona la gestión del Gobierno español en el 'Prestige'

La Asamblea Nacional de Francia cuestiona en un informe la gestión del Gobierno español en la crisis del Prestige, en concreto la decisión de alejar el barco, teniendo en cuenta su estado y las condiciones meteorológicas, lo que constituye "sin ninguna duda uno de los factores del naufragio". Durante seis días, el petrolero navegó con un "rumbo errático y poco controlado", cambiando de dirección varias veces. La decisión de alejarlo hizo que se hundiera a 130 millas de las costas gallegas. Y eso provocó que la marea negra no se quedara sólo en Galicia y llegara hasta las playas francesas.

Tras el naufragio del Prestige el 19 de noviembre de 2002, la Asamblea Nacional francesa, equivalente al Congreso de los Diputados en España, creó una comisión de investigación relativa a la seguridad del transporte marítimo. Dicha comisión publicó el pasado 10 de julio un informe que analiza el siniestro y en el que se cuestiona la decisión del Gobierno de alejar el buque. El documento retoma las explicaciones dadas por las autoridades españolas a la comisión, quienes declararon que el alejamiento era "la unica decisión posible", pero las confronta con dos informes, de la oficina francesa de investigación de accidentes marítimos, BEA-mer y de la sociedad clasificadora del Prestige, American Bureau of Shipping, en los que aseguran que "el remolque del navío y su exposición prolongada a condiciones meteorológicas muy desfavorables están sin duda en el origen de la ruptura del casco y su naufragio".

El petrolero dañado hizo varios cambios de rumbo durante su travesía, uno de los cuales es explicado por la intervención del prefecto marítimo de la zona atlántica de Francia, Jacques Gheerbrant, quien, al advertir que el buque se dirigía hacia su zona económica exclusiva, se comunicó con las autoridades españolas para manifestarle que la dirección del barco no le parecía "razonable". Inmediatamente después cambió su trayectoria hacia el sur. Sin embargo, el Ministerio de Fomento afirmó en un comunicado que este cambio de rumbo se debió a "cuestiones técnicas", y negó que haya obedecido a las recomendaciones francesas. Pese a esta evidente discrepancia, el informe de la asamblea considera que es "complejo y delicado" determinar si las autoridades españolas tomaron la decisión correcta.

El objetivo del Gobierno era llevar el barco hasta las islas de Cabo Verde para trasvasar la carga en un mar más tranquilo. Sin embargo, las autoridades portuguesas impidieron la entrada del petrolero a sus aguas y el barco naufragó unas horas después. Como consecuencia del hundimiento, a 130 millas de la costa, el documento afirma que "las corrientes y los vientos del Mar Cantábrico extendieron el fuel desde el cabo de Finisterre hacia el litoral francés. Esto se debe a la decisión de las autoridades españolas, que eligieron alejar el barco de sus costas". Añade que de no haber sido así, la contaminación sólo hubiese afectado a las costas gallegas.

La comisión francesa critica que en el momento de la catástrofe no existiera en España un organismo independiente que investigara las causas del siniestro, equivalente al BEA-mer, y considera que el informe entregado se limita a " justificar sistemáticamente" las decisiones del gobierno español. Critica los escasos medios y la organización de las administraciones gallega y central para enfrentarse a la marea negra. El director del centro de investigación CEDRE, Michel Girin, asegura que "hubo problemas técnicos, una comunicación insuficiente, un desbordamiento de los voluntarios" durante las operaciones de limpieza. Este testimonio, sin embargo, es indulgente con la actuación del Gobierno, ya que asegura que la decisión de alejar el buque no suponía el peor escenario posible, que hubiese sido un vertido continuo frente a la Costa da Morte.

El prefecto del Atlántico francés resume el punto de vista galo: "Las autoridades francesas no tuvieron la responsabilidad en el accidente inicial, lo que, naturalmente, constituye un factor favorable, porque hemos sido juzgados [en Francia] por la gestión de la crisis y no por su origen".