Francia interrogó a los altos cargos españoles que no comparecieron ante la Cámara gallega

Lo que no permitió el Gobierno del Partido Popular en España, cuando prohibió que los funcionarios involucrados en la catástrofe del Prestige declararan ante el Parlamento gallego; lo consintió ante una comisión de delegados de la Asamblea Nacional francesa, quienes se entrevistaron a finales de mayo con los máximos responsables de la gestión de la crisis ocasionada por naufragio del petrolero.

El objetivo de la delegación, que estuvo en Madrid, Santiago de Compostela y A Coruña entre el 27 y el 28 de mayo de 2002, era "comprender las circunstancias del accidente, el desarrollo de las operaciones de salvamiento y la lucha contra la contaminación".

Se entrevistaron también con parlamentarios en el Congreso de los Diputados y pescadores y alcaldes en Galicia. Entre los entrevistados por la delegación figuran José Luis López Sors, director general de la Marina Mercante y responsable, según el informe francés, de la decisión de alejar al petrolero de la costa gallega; Rodolfo Martín Villa, comisionado para la gestión de la crisis del Prestige; y Adolfo Menéndez Menéndez, subsecretario de Estado de Transportes.

El 27 de mayo, en Madrid, se entrevistaron con este último, quien dijo que "ante un siniestro de tal amplitud, todos los medios disponibles no serán nunca suficientes", y agregó que lo único seguro es la prevención. Esta afirmación no convenció a los delegados franceses, quienes escriben en su informe que con tal argumento podría concluirse que "no vale la pena dotarse de ningún equipo anticontaminación".

José Luis López-Sors dijo que su prioridad fue siempre que el petrolero no se acercara a las costas, y se quejó de la falta de colaboración del capitán y la tripulación del Prestige. Aseguró que alejar el barco fue una decisión "eficaz y positiva".

El 28 de mayo, en A Coruña, la delegación gala se reunió con el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, y con representantes de los ministerios de Defensa, Medio Ambiente y Fomento, quienes presentaron un informe sobre la gestión de la crisis. Los funcionarios informaron de que hasta entonces se habían recogido unas 56.000 toneladas de desechos de las playas, y que el Gobierno no había decidido aún qué hacer con ellas, ante lo que pidieron información a los delegados franceses sobre lo que hicieron ellos con los desechos recogidos en 1999 después del vertido del petrolero Erika frente a las costas de Bretaña. En cuanto a los desperdicios recogidos en el mar, informaron que fueron llevados a una refinería en A Coruña.

Las autoridades españolas dejaron una "buena impresión" entre la delegación francesa. "No pusieron ningún obstáculo a los encuentros deseados", escriben en el documento presentado ante la comisión de la Asamblea francesa. Sin embargo, los delegados califican el informe presentado por las autoridades españolas como un documento que "intentaba justificar en todo momento" la actuación de la Administración.