La orden de protección a las maltratadas se pondrá en marcha en agosto

Un pleno extraordinario del Congreso aprobará hoy la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la que se establece la orden de protección a las víctimas de la violencia doméstica. El pleno se celebra después de que la oposición pillase en un renuncio al Grupo Popular, que empezó por oponerse a modificar el orden del día de la Diputación Permanente para que aprobase el pleno extraordinario y, una hora después, al unísono con todos los grupos, dio luz verde a su celebración. La nueva herramienta entrará en vigor en agosto con "medios suficientes" para su éxito, según el Gobierno.

El pleno del Congreso aprobará hoy la puesta en marcha de la orden de protección a las víctimas de la violencia doméstica. Se trata de una nueva figura jurídica pactada por todos los grupos parlamentarios. Es el resultado de varios meses de trabajo en la subcomisión del Congreso encargada de proponer reformas legislativas para frenar una lacra que se ha cobrado al menos la vida de 42 mujeres este año.

La orden, propuesta inicialmente por el Ministerio de Justicia a los parlamentarios y consensuada laboriosamente, permitirá activar de forma rápida distintas medidas de protección a las víctimas de la violencia doméstica. Los jueces de instrucción de guardia serán los encargados de dictarla en un plazo máximo de 72 horas. "Es un paso histórico, una medida importantísima porque conecta las jurisdicciones civil y penal", explicó ayer el director general de Modernización de la Justicia, Alberto Dorrego.

Esa conexión permitirá que el juez de guardia, a instancias de la víctima, del fiscal o por la información facilitada obligatoriamente por los servicios sociales, atribuya a la víctima de forma cautelar el uso del domicilio familiar, la custodia de los hijos o el derecho a percibir una pensión alimentaria del agresor (medidas civiles). Al tiempo, puede tomar otras decisiones de índole penal, como el alejamiento del maltratador o su prisión provisional (ver gráfico).

Las medidas penales estarán en vigor hasta la celebración del juicio rápido (en un plazo de unos 15 días) en el que se sentencie penalmente sobre los malos tratos físicos o psíquicos denunciados. Las cautelas civiles estarán en vigor al menos un mes. La orden de protección llevará aparejada una ayuda de 300 euros durante 10 meses para las víctimas que carezcan de ingresos.

"Habrá medios suficientes"

Dorrego resaltó que con las nuevas medidas se evitará la indefensión de las víctimas. "Hasta ahora, una mujer denunciaba a su pareja y volvía a un domicilio que aún debía compartir con ella. Lo mismo ocurría con la custodia de los hijos", explicó.

"Habrá medios económicos y personales suficientes para que la orden de protección sea un éxito", agregó Dorrego. Sin embargo, los socialistas creen lo contrario. "La orden puede estrellarse contra tres tipos de problemas. El primero, el riesgo de que haya jueces remisos a aplicarla. El segundo, que falten policías para vigilar las órdenes de alejamiento", enumeró el diputado del PSOE Diego López Garrido. De hecho, según fuentes policiales, una primera convocatoria a los agentes para prestar este servicio apenas logró un centenar de candidatos, pese a que se ofrecían unas 500 plazas. El tercer inconveniente, según el parlamentario, es la falta de presupuesto claro para las nuevas medidas. Está previsto que la nueva herramienta entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, en agosto.

La aprobación final de la orden de protección ha estado precedida por un rifirrafe entre el Gobierno y el PSOE, que el lunes se culparon mutuamente de no haber incluido esta cuestión en el pleno extraordinario celebrado ese día. Ayer, al inicio de la Diputación Permanente que se celebró en el Congreso el portavoz socialista, Jesús Caldera, pidió que se modificase el orden del día para incluir un debate en el que se aprobara la celebración inmediata de un pleno extraordinario que aprobase definitivamente la orden de protección.

Caldera argumentó que no era posible aplazar la cuestión hasta septiembre, que "los derechos de las mujeres no pueden esperar" y, el líder y portavoz de IU, Gaspar Llamazares, se sumó a la petición. En nombre del Grupo Popular, Gabriel Cisneros acusó al PSOE de intentar "suplir las discordancias" entre los grupos socialistas del Congreso y del Senado y se mostró partidario de celebrar otra Diputación Permanente en la que se debatiera la propuesta.

Llamadas al ministerio

Hubo votación porque se pidió desde el Grupo Socialista y la pretensión de PSOE e IU fue derrotada por 24 votos (PP) frente a 20 (PSOE, CiU y Grupo Mixto) y la abstención de Coalición Canaria. Inmediatamente se inició un ajetreo de conversaciones entre los portavoces, hubo llamadas desde las filas populares al Ministerio de Justicia y al vicepresidente Mariano Rajoy y poco después la presidenta de la Cámara anunció que todos los grupos por unanimidad aceptaban el pleno extraordinario de hoy.