La Generalitat recauda menos de un millón por los 'hiper'

El rechazo de las grandes superficies a pagar el impuesto que en Cataluña grava su actividad desde el año pasado ha dejado al Gobierno con casi un tercio menos del total de recursos presupuestados para aplicar su Plan de Dinamización del Comercio Urbano. La Generalitat, que preveía recaudar 12 millones de euros en 2002, ha ingresado menos de un millón. Sólo Caprabo ha hecho los deberes.

El impuesto de los hiper, que respaldan todas las fuerzas políticas catalanas (incluido el PP), fue recurrido por el Gobierno del PP el 23 de marzo de 2001, cuatro meses después de que fuera aprobado en el Parlament, aunque el Tribunal Constitucional decidió en julio de ese mismo año que, mientras se pronunciara sobre este recurso del Gobierno, la Generalitat podría aplicar el impuesto.

Sin embargo, el recurso del Ejecutivo central no es el único obstáculo que tiene por delante un impuesto que ha despertado las iras de las grandes superficies. Éstas, agrupadas en la patronal Anged (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución), denunciaron la nueva medida aplicada en Cataluña ante la Comisión Europea. Bruselas pidió información adicional a la Generalitat después de que el vicepresidente del Parlamento Europeo, Aleix Vidal-Quadras formulara una pregunta sobre el impuesto al comisario responsable de Competencia, Mario Monti.

Además de esta vía, las compañías integradas en Anged también dejaron claro que iban a recurrir el pago del impuesto ante los tribunales ordinarios.

Esta amenaza se ha cumplido al dedillo. Según fuentes de la Generalitat, únicamente la empresa catalana Caprabo, cuya principal apuesta son los supermercados y que no forma parte de la patronal Anged, pagó el impuesto en 2002.

Esta empresa, propiedad de las familias Elías, Botet y Carbó y presidida por el ex consejero catalán de Economía y Finanzas Josep Manuel Basáñez, confirmó haber pagado la parte que le corresponde por los siete establecimientos comerciales que tiene en Cataluña con más de 2.500 metros cuadrados de superficie. El impuesto sólo se dirige a este tipo de establecimientos, a razón de 17,4 euros por metro cuadrado. En Cataluña existen cerca de 80 establecimientos con estas dimensiones.

Bon Preu recurre

La otra cadena catalana afectada por el pago del impuesto, Bon Preu, también ha recurrido el gravamen, aunque no tanto por estar filosóficamente en desacuerdo con él sino "por razones técnicas" que no especificó, aunque dicha cadena subrayó que "ha avalado y provisionado" en sus cuentas el pago de esta cantidad.

La otra derivada de la carga de la discordia es el destino de su importe: favorecer el desarrollo y la modernización del pequeño y mediano comercio urbano. Y es en esta derivada donde el rechazo acaparador de las grandes superficies a pagar el impuesto plantea problemas para que la Generalitat pueda aplicar esta política, contemplada en su Plan de Dinamización del Comercio Urbano.

Este plan, que abarca el periodo entre los años 2001 y 2004, contaba con un presupuesto total para estos años de 90 millones de euros, cantidad que incluye el impuesto de los hiper aplicable a partir del ejercicio de 2002 que ha empezado a reclamarse en 2003. Por mucho que las grandes superficies presenten sus recursos acompañados de avales, la Generalitat lógicamente no puede utilizar el dinero.

Sin el pago, el plan de dinamización se queda con 66 millones de euros, según fuentes del Gobierno catalán. Aunque Anged elevaba la cifra a más de 24 millones de euros, la Generalitat siempre dijo que la cantidad que recaudaría sería de 12 millones anuales.

Esta promoción puede considerarse como la segunda pata de la política de la Generalitat en materia de distribución comercial. La primera pata tiene que ver con el ordenamiento del sector. Así, el plan de equipamientos comerciales, también de 2001 a 2004, ha puesto límites a la instalación de nuevos hipermercados de alimentación.