Prioridades inquietantes, ¿programas ocultos?

La reciente declaración de intenciones de la Consejería de Sanidad de que pretende asumir de forma inmediata, y ante un concierto con las clínicas privadas que expira en agosto, la Interrupción Voluntaria del Embarazo en la red pública, podría saludarse como un avance en la consolidación del sistema público de salud, como una afortunada ampliación de prestaciones que vendría a aumentar el grado de coherencia de éste. Pero sería un error. Lo sería por diversas razones y por más que se argumente en términos de optimización de recursos, racionalidad en la prestación, seguridad y humanización de la atención a las mujeres garantizándoles el apoyo psicológico necesario, entre otras justificaciones alegadas.

Desde hace varios meses estaba en negociación la renovación del concierto con los centros privados acreditados para la práctica del aborto. La seguridad de estos centros estaba garantizada, estaban reconocidos por la propia Consejería de Sanidad, y estaba asimismo asegurado el llamado apoyo psicológico, al que por cierto obligaba ya el Real Decreto 2409/1986 que regula la práctica legal de la interrupción voluntaria del embarazo. Por otra parte, el coste actual de los conciertos en esta materia, en torno a 3 millones de euros anuales, es irrisorio en comparación con el presupuesto global y sus desbocadas desviaciones, por lo que la justificación "economicista" es asimismo engañosa, por decirlo suavemente.

Sin lugar a dudas la Interrupción Voluntaria del Embarazo es una cuestión sensible. Para empezar, no puede ser considerada como una prestación quirúrgica o farmacológica más. Las consecuencias personales de un aborto provocado, el que afecte de forma muy especial a la intimidad y autonomía de las mujeres, le confiere una dimensión claramente diferenciada. Además, no podemos olvidar que al estar tipificado el aborto como delito en el código penal, en ocasiones se generan situaciones de gran inseguridad jurídica: se han producido denuncias a mujeres, se procesa a profesionales sanitarios, cuestionando en ambos casos los denunciantes si el aborto correspondía o no a uno de los supuestos despenalizados por ley, teniendo en cuenta que los "grupos antiabortistas" hacen siempre una interpretación restrictiva del supuesto legal relativo a la existencia de "grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada".

El que exista en la actualidad un amplio consenso social en relación a este tema y un respaldo legal instrumentado por la Ley 9/1985 de Despenalización del aborto en determinados supuestos, no puede hacer olvidar que los grupos de presión conservadores han cuestionado la ley desde su promulgación y no han cejado en su empeño de imponer sus peculiares opciones al conjunto de la sociedad. Para estos grupos de nada valen ni el consenso social mayoritario, ni las necesidades de las mujeres, ni las recomendaciones de la OMS sobre esta materia.

De hecho la presión ambiental generada por estos grupos minoritarios de carácter confesional e integrista, muy beligerantes, ha hinchado artificialmente el número de profesionales que se declaran objetores de conciencia en los servicios hospitalarios. Nadie quiere "señalarse" y ser objeto de una vigilancia rayana con el acoso, y son pocos los profesionales que se han mantenido firmes en estas condiciones. Todo esto ha hecho inviable la generalización de la prestación en los centros públicos, por lo que el recurso a los conciertos fue obligado. Así, en la Comunidad Valenciana el número total de abortos realizados en centros públicos pasó de 124 en 1994 a 7 en el 2000. Otras cifras significativas nos deberían hacer reflexionar: en 2001, y según datos del Ministerio de Sanidad, en España había 125 centros sanitarios autorizados que realizaban abortos, siendo el 32% públicos y el 68% privados. En todo el Estado, sólo el 2,43 % de las Interrupciones Voluntarias se practican en centros públicos frente al 97,6% en privados. En la Comunidad Valenciana, en el año 2000 se realizaron el 0,44% de los abortos en centros públicos frente al 99,66% en las clínicas concertadas.

¿Qué han hecho los sucesivos gobiernos del PP hasta la fecha para preparar las condiciones de la inclusión de la prestación en el sistema público de salud? ¿Es realmente ésta la mejor opción? Considerando los parámetros reales, y a partir de un análisis detallado de los datos cuantitativos y de aspectos no cuantificables, pero tangibles, que podrían ser corroborados por la experiencia de profesionales y de cientos de pacientes, la respuesta es claramente negativa. ¿Qué garantías se ofrece de imparcialidad a las mujeres ante su demanda si, en relación a la objeción de conciencia, el anterior consejero de Sanidad del PP contestaba a una pregunta parlamentaria que "la objeción de conciencia no se produce de forma general para cualquier caso de IVE, sino que depende habitualmente de la valoración que los distintos profesionales hacen sobre la práctica concreta de cada IVE en cada paciente, e incluso puede variar en el tiempo según otras circunstancias"? ¿Las mujeres tienen o no tienen derecho a conocer que el profesional que les atiende en un caso de solicitud de aborto o de píldora postcoital es objetor de conciencia? Hasta la fecha parece que no.

En la situación que se perfila con las medidas anunciadas por el consejero Rambla el acceso a través del sistema público de las mujeres a la Interrupción Voluntaria en los supuestos despenalizados volverá a ser un calvario. Dependerá de quién tengan enfrente. Y éste estará muy presionado.

No parece que las razones de racionalización o ahorro económico sean reales. Más bien parecen una excusa para incautos. Con estas medidas el ahorro económico en conciertos es mínimo, infinitamente menor que si se incluyesen en la atención pública otras prestaciones de las que no se ha hablado para nada. Porque de este gobierno, que privatiza hospitales y áreas de salud, no cabe esperar una gran vocación de coherencia en el sistema público. Es harto significativo, y paradójico, que haya sido ésta una de las primeras medidas anunciadas.

Tal vez haya que pensar en otro tipo de razones, de índole claramente restrictiva e inspiradas en las particulares convicciones, de tipo confesional, que generan programas de gobierno ocultos. En estas condiciones, y tal como expresaba el profesor Justo Serna en estas mismas páginas a propósito de la escenificación de la toma de posesión del presidente Camps, ¡Dios nos pille confesados!

Lo que parece inaceptable, en todo caso, después de dieciocho años de promulgada la ley despenalizadora es que no sólo no se avance legislativamente introduciendo el cuarto supuesto de despenalización, sino que tengamos que asistir a una verdadera marcha atrás de consecuencias realmente graves para las mujeres y, especialmente, para las más vulnerables y menos favorecidas social y económicamente. Toda una receta para la dualización de la sociedad, la consolidación de las desigualdades y el fomento de factores de incertidumbre con resultados psíquicos francamente indeseables.

María José Mendoza es diputada del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas.